Está siendo investigado por supuestamente revelar información confidencial ¿Por qué el general Rey está pisando tantos callos?
El general (r) Javier Rey Navas se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno.
El general (r) Javier Rey fue jefe del Comando Conjunto de las FF.MM. / El Tiempo
La última salida en los medios de comunicación del general (r) Javier Rey Navas, en la entrevista que dio a Los informantes de Caracol Televisión, no sólo levantó muchos callos en el gobierno, sino que dejó claro que al interior del Ejército se vive un tenso ambiente por cuenta de la situación que atraviesan los diálogos de paz en La Habana (Cuba). Asegura que hay muchos militares que han expresado su inconformidad y según Rey Navas, esta fue una de las razones que lo motivó a retirarse ya que decía que el presidente Juan Manuel al enterarse de su posición empezó a desconfiar de su trabajo. Ha sido tanta la polémica que ha provocado el general (r) por sus declaraciones que la Fiscalía le abrió investigación por supuestamente revelar información de inteligencia clasificada y de seguridad nacional.
En la entrevista con Los Informantes, el general (r) aseguró que existen documentos clasificados en los que se establece que alias ‘Timochenko’ no está en Colombia sino, supuestamente, escondido en Venezuela en fincas y haciendas, “unas en la frontera, otras cerca de Caracas”. Es decir, que el máximo jefe de las Farc está viviendo a escasos metros de la capital del vecino país. Asimismo, señaló que existe una mesa paralela de negociación entre las Farc y el gobierno en esa ciudad y que es en ésta en la que se están validando los acuerdos: “Mi general (Jorge Enrique Mora Rangel) estaba muy disgustado pensando en que estaban pasando cosas por debajo de la mesa. Porque el gobierno no ha sido coherente con eso y también se hablan cosas desde Venezuela, porque hay gente nuestra, del gobierno, que va a Venezuela y habla con ‘Timochenko y con otros (...) Hay personas que están yendo allá, están en documentos que están clasificados. Son personas que están con Sergio Jaramillo”.
Para el general (r) Rey el objetivo de estas reuniones era afectar la inteligencia de las Fuerzas Armadas y, especialmente, las operaciones aéreas, ya que según oficial (r) –quien dirigió durante muchos años la Aviación del Ejército– esta arma es la que más resultados ha dado, como por ejemplo, la Operación Jaque y los golpes a ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ o ‘Alfonso Cano’. En pocas palabras dio a entender que las Farc le estaban solicitando al gobierno suspender los ataques aéreos, lo que sería la clara evidencia de la Operación Tortuga que tanta discusión ha provocado. Desde el presidente hasta los altos mandos militares han negado tal afirmación. Sin embargo, Rey Navas puntualizó que “por eso he pedido que saquen los documentos, que el gobierno los desclasifique, es que yo los vi”.
Para la Fiscalía el general (r) pudo haber revelado información que comprometía la seguridad nacional y él, como miembro de la reserva activa tiene una cláusula que lo obliga a guardar el secreto de documentos clasificados. Sin embargo, una fuente del alto gobierno se preguntó por qué a pesar de que el presidente y los mandos militares quieren negar a toda costa las afirmaciones de Rey Navas, el ente investigador quiere procesarlo por afectar la seguridad nacional y no por injuria y calumnia, si supuestamente sus palabras faltan a la verdad. Además, también se cuestionan por qué le cabe una investigación al oficial (r) si varios políticos y altos rangos de las Fuerzas Armadas que han dado información sobre la posible ubicación de ‘Timochenko’ y los máximos comandantes de la guerrilla no han sido procesados.
Pero más allá de las investigaciones, se cree que el trasfondo del asunto de las investigaciones es que existe una pelea casada entre la Fiscalía y el general (r) Rey Navas, ya que el oficial en la entrevista dio a entender que un funcionario habría recibido dineros de las Farc: “Ya sentía que algo venía sobre nosotros cuando encontramos un documento de unas conversaciones entre alias ‘Mauricio’ o El ‘Médico’, que está en la frontera con Venezuela, y ‘Timochenko’, en la cual hablan de que tienen paga a una persona que dicen es fiscal”. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que la Fiscalía anda revisando hasta los extractos financieros de Rey Navas y su familia –los bancos ya lo notificaron–, ya que tienen la hipótesis de que el oficial (r) no tienen cómo justificar la compra de una lujosa propiedad en Bogotá.
Cabe recordar que el general (r) Rey, tras su renuncia el pasado 17 de febrero, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una solicitud para que le dieran medidas cautelares argumentando que en su contra existía una “propaganda negra” y que no tenía garantías procesales si la fiscalía lo llegaba a investigar. Y es que según Rey Navas, todo comenzó “desde la filtración de las coordenadas al expresidente Uribe. Yo no lo hice, soy sincero. Les mandé a seis generales esas coordenadas. A uno de ellos lo chuzaron y quienes lo hicieron le mandaron la información a Uribe. A mí me piden la renuncia, me dicen que me vaya. Pero yo me pregunto: “¿por qué me voy a ir si yo no la pasé? En diciembre el investigador me dice que no hay inconvenientes y yo le pido al Ministro de Defensa que salgamos a decir que no hay nada, que yo no tenía nada que ver. Porque el Ministro me había dicho que el Presidente no confiaba en mí”.
Asimismo, aseguró que estuvo presente en cinco reuniones que realizaron el presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con la cúpula militar en las que insistentemente manifestó su inconformismo. “Desde el 6 de septiembre del 2012 hasta el 20 de noviembre del año pasado se hicieron cinco reuniones donde el Presidente y el ministro de Defensa nos explicaron que era lo que estaba pasando con los diálogos. En esas reuniones siempre nos paramos y manifestamos nuestro inconformismo a través de recomendaciones para que tuvieran cuidado. Pero no fuimos escuchados porque Sergio Jaramillo mantiene la posición de que no quiere recibir información que va en contra del proceso”, le dijo a Los Informantes Rey Navas.
La última jugada del general (r) Rey fue la petición que le hizo a la Cidh requiriendo que el Estado colombiano informara si los miembros de las Fuerzas militares serán considerados como víctimas en el proceso de paz o si serán tratados como “iguales a las Frac”. Un tema que se ha convertido en no de los principales obstáculos en las negociaciones con las Farc, ya que la guerrilla se ha negado a admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y por el contrario, ha mantenido una posición en la que se quieren mostrar como víctimas y no como victimarios. Los militares siempre han manifestado que a pesar de que son combatientes, ellos han sufrido en carne propia los horrores del secuestro y las miles de minas antipersona. Por eso, este debate es complejo y los argumentos de rey Navas están haciendo eco.
“Quienes recibimos la orden de hacer la guerra para preservar las instituciones ahora resultamos incómodos y en sí mismo no sólo un obstáculo para este gobierno, sino que ya no tenemos espacio digno en nuestra sociedad (…) Mientras se pacta con nuestros enemigos, a quienes derrotamos en el campo de batalla y quienes atentaron en contra de las instituciones que hoy pueden actuar con libertad, nuestros generales son condenados a morir en prisión y quienes vencimos a las Farc somos sujetos de muerte reputacional”, se lee en el documento.
Las FARC amenazan a Santos y dicen que si muere un guerrillero más, se cortará el diálogo
El negociador de la guerrilla "Marco León Calarcá" respondió a las advertencias del presidente, luego de una serie de atentados contra la población civil: "Están jugando con fuego cuando intentan eliminar a nuestros líderes"
"Están jugando con fuego cuando intentan eliminar a nuestros líderes con bombardeos. Eso nos podría hacer dejar la mesa, porque estaría claro que ellos no tienen voluntad política de alcanzar un acuerdo. No es tan sencillo como que dejemos nuestras armas y entremos en política, porque ellos nos están matando", aseguró "Calarcá", uno de los negociadores de las FARC en La Habana.
Las declaraciones fueron hechas al diario británico The Guardian y son una respuesta a las recientes advertencias del presidente Juan Manuel Santos, quien acusó a los guerrilleros de estar afectando a la población civil y al medioambiente luego de una seguidilla de atentados contra infraestructura que dejaron a pueblos enteros sin agua, luz o petróleo.
"Nosotros les decimos: 'Ustedes continúan con eso, pues están jugando con candela y este proceso puede terminar'. Están cavando su propia fosa política", afirmó el mandatario. "Estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes, entre los soldados y policías de nuestras Fuerzas Militares, no contra la población civil", agregó el miércoles.
"Están cavando su propia fosa política", les había advertido Santos a las FARC
Los atentados a los que se refirió Santos ocurrieron en distintos puntos de Colombia. Uno de ellos fue el lunes, contra las torres de transmisión de energía en Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico del país, que dejó a 400.000 mil personas sin luz. El caso se repitió el miércoles en el Meta, que también se quedó sin electricidad. "Dañan a la gente más vulnerable y más necesitada", les recriminó Santos.
En julio, las FARC obligaron a los conductores de 29 camiones cisterna a derramar el crudo que transportaban por una carretera del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, lo que contaminó ríos y otras fuentes de agua. El fin de semana pasado dinamitaron el acueducto del Ariari, en el departamento del Meta, que surtía de agua unas 16.000 personas de tres municipios.
"Quieren la paz de forma gratuita, pero eso no va a suceder. Una pantomima de la paz no solucionará las raíces del conflicto. Estamos comprometidos con la paz y lo hemos demostrado con varios gestos, incluyendo tres ceses del fuego unilaterales", alegó "Marco León Calarcá" al periódico inglés.
"No buscamos la revolución en la mesa de negociaciones, sino la paz con justicia social. Somos consecuencia del conflicto, no su causa", insistió el guerrillero, aludiendo al reclamo de Santos de que las FARC muestren su voluntad de alcanzar la paz.
Tiene 17 denuncias criminales, pero representará a las víctimas en La Habana
Indignados se encuentran algunos miembros de la Mesa Nacional de Víctimas por la última noticia que les dieron: todo indica que Consuelo Cruz será una de las 15 colombianas que irá a La Habana (Cuba) para participar en los diálogos de paz con las Farc, representando a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y no es para menos, Consuelo Cruz es una polémica mujer que representa a miles de víctimas por el desplazamiento forzado, pero su prontuario judicial no es digno de admirar. Como lo revelo LAS2ORILLAS en el artículo Profesión, víctimas, Consuelo Cruz tiene en su haber 17 denuncias criminales. Docena y media de procesos que aún siguen vigentes en la Fiscalía, por delitos tan viles como estafar a las propias víctimas que buscan ayuda del Estado.
Varios miembros de la Mesa nacional de Víctimas, que no entienden por qué esta mujer sigue representando gente, quisieran saber por qué ni la Defensoría del Pueblo, ni la Procuraduría ni la misma Unidad de Víctimas, se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que Cruz no es una líder que de ejemplo.
Orlando Burgos y Consuelo Cruz, tienen asiento en la Mesa Nacional de Víctimas como representantes de miles de desplazados. Pero, paradójicamente, en la Fiscalía tienen una veintena de denuncias.
Orlando Burgos vive hace 14 años fungiendo como víctima. Consuelo Cruz vive hace siete años fungiendo como víctima. Estas afirmaciones y denuncias las han venido realizando diferentes miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, específicamente los que pertenecen a las mesas de población desplazada, quienes advierten que la pareja Burgos-Cruz han utilizado sus cargos de representación para no solo beneficiarse particularmente, sino para abusar y estafar a los desprotegidos por los que dicen luchar.
LAS2ORILLAS, por ejemplo, conoció uno de los últimos procesos que la Fiscalía abrió a Orlando Burgos. Hace un par de meses, la oficina jurídica de la Dirección Nacional de Protección (UNP) pidió que se le abriera investigación a este líder por una presunta estafa, desfalco y, lo mínimo, abuso de confianza. La historia es la siguiente: la Dirección Nacional de Protección desde el año 2012 viene realizando reuniones en Bogotá para definir las medidas de protección de las víctimas desplazadas. En dichos eventos se les costean los gastos de transporte a los diferentes representantes provenientes de las cinco regiones del país.
Así, Burgos comenzó a recibir los pasajes de la aerolínea Avianca, pagados por la UNP. Un tiempo después se descubrió que Orlando Burgos estaba vendiendo los pasajes a terceros con la complicidad de un funcionario de dicha aerolínea. Todo indica que Burgos tiene más asiento en Bogotá que en Valledupar, lugar desde donde pedía los tiquetes ida y regreso. Además, aprovechaba que otras entidades estatales le ofrecían los mismos beneficios de transporte, Burgos sacaba partido y seguía pidiendo los vuelos. La UNP, logró identificar la venta de al menos seis pasajes ida y vuelta en el último semestre del año pasado. Incluso, uno de los cambios de trayecto fue tan extraño que pareciera un chiste: el tiquete que pertenecía a Burgos fue cambiado con destinos Guayaquil-Bogotá / Valledupar-Bogotá.
El anterior es solo un ejemplo de la decena de denuncias y procesos que Orlando Burgos tiene en diferentes fiscalías en todo el territorio nacional. LAS2ORILLAS obtuvo un documento de dicha entidad judicial, el cual revela que Burgos tiene 24 procesos (noticias criminales en términos de la Fiscalía) vigentes hasta el momento. Trece en Bogotá, cuatro en Cali, cuatro en Bucaramanga y otras en Tuluá, Palmira y Floridablanca. El reconocido abogado penalista Daniel Mendoza, cuando se le preguntó por un fenómeno de este tipo, aseguró que “Estamos frente a un personaje delicado y quizá un delincuente. Es que más de 10 procesos en una persona natural que no es funcionario público, como un alcalde o el Presidente, que además posa como víctima, ya es demasiado. ¿Ahora 24 procesos?, aquí estamos ante algo anormal”.
Al indagar un poco más, las denuncias que tiene vigentes este líder de las víctimas desplazadas por la violencia, van desde estafa, lesiones personales, abuso de confianza, hasta acoso sexual. “El problema no es nuevo, personas como Burgos, coordinador vitalicio de la mesa de fortalecimiento de población desplazada, vienen atornillados a estos espacios desde su creación con Acción Social y solo en búsqueda de su interés oportunista.”, manifestó un miembro de la mesa de fortalecimiento que prefirió no divulgar su identidad, revelando que siente miedo de lo que puedan hacer Burgos y su grupo.
A oídos de varios funcionarios estatales también han llegado otra decena de quejas que las propias víctimas han preferido callar, por el perfil y poder que Orlando Burgos, a cualquier precio, ha conseguido durante estos años. Le tienen miedo. Dan cuenta, por ejemplo, que el líder se aprovecha de su posición para ofrecerles preventas a la hora de buscar integrar las listas de los programas que ofrece el gobierno, pero a cambio les pide dinero. Aprovecharse del desconocimiento de las víctimas que no saben ni cómo llenar un formulario para recibir sus reparaciones, es una de sus armas. Incluso, una de las afectadas que pidió omitir su nombre, afirma que Burgos se aprovecha sexualmente de las mujeres y se jacta con vídeos después de haberlas grabado.
¿Pero quién es Orlando Burgos? Según su propia versión, nació hace 50 años en Barrancabermeja. Después de realizar sus estudios hasta bachillerato, dedicó sus días a trabajar en la parte de ventas de una imprenta de esa ciudad. Tuvo un hermano llamado Francisco que estudió historia en Moscú, y fue profesor de la UIS, pero en 1988 lo asesinaron las nacientes autodefensas. Más adelante en el año 1999, según la versión de Burgos, se ve obligado forzosamente a desplazarse de Barrancabermeja por liderar la apropiación de un terreno para construir la vivienda de una comunidad en extrema pobreza. Por esos días, cuenta el hoy líder, asesinarían a otro hermano. De tal suerte que en el año 2000, hace 14 años, se integra a la Coordinación Metropolitana de Población Desplazada para reclamar al Estado por sus derechos. Dado su liderazgo de carácter cívico, se empapa de todo cuanto tiene que ver con la defensa de los derechos de las víctimas, específicamente los de desplazamiento forzado. Comienza a liderar cada una de las reuniones y trabajos para ser atendidos, de modo que es elegido por aquella organización para que los represente en la Coordinación Nacional de desplazados, donde estaban 16 asociaciones que contaban con 2600 afiliados.
Pronto, es elegido como parte de la junta directiva de aquella coordinación nacional para empezar a representar a las víctimas del nororiente de Colombia. Así va escalando puestos representativos hasta llegar a ser un líder que tenía contacto directo con los funcionarios del gobierno estatal encargados de los temas de desplazamiento forzado. Por esos días, dice él mismo: “Me independizo de las organizaciones que representaba y en el año 2009 fundo una organización de carácter nacional que se llama la Corporación Colombiana de Desplazados y como director sigo con mi trabajo”. Entrado el 2010 llega a la máxima instancia de interlocución con el Estado: es elegido como representante en la junta directiva de la Mesa Nacional de Fortalecimiento, pero además, lo escogen como coordinador nacional de dicho espacio.
En su gran mayoría los líderes de otras regiones, a pesar de haber sido víctimas del desplazamiento, combinan su activismo en la defensa de los Derechos Humanos con algún trabajo o profesión básica para poder subsistir. Trabajan para poder obtener los recursos para ellos y sus familias en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, estudio, etc. LAS2ORILLAS, quiso indagar sobre el empleo o el trabajo del cual vive Orlando Burgos pero este no volvió a contestar su teléfono. “Orlando no trabaja hace años, él vive de ser el coordinador de la mesa de fortalecimiento de población desplazada, viaja por todo el país pidiendo plata por todo”, manifestó un líder de población desplazada que prefirió no dar su nombre.
“Las mesas de fortalecimiento de población desplazada fueron acabadas por las prácticas corruptas de personas como Orlando Burgos, Nicolás Baute y Consuelo Cruz, sus manejos amañados hicieron que las organizaciones de desplazados cansadas de tanta manipulación se retiraran del espacio. Lo que hay hoy es una estructura de papel manejada a su antojo por Orlando Burgos y Consuelo Cruz, que además mantienen una relación amorosa”, manifestó otro líder de una organización de desplazados que perteneció a las mesas de fortalecimiento.
En efecto, las denuncias también involucran otro nombre: el de Consuelo Cruz. Esta mujer oriunda de Cali, se declaró víctima desde el año 2007. Curiosamente, como si se repitiera el prontuario pero con nombre de mujer, Consuelo tiene una decena de procesos vigentes en la Fiscalía. LAS2ORILLAS tiene la relación de 17 denuncias criminales como técnicamente las llama la Fiscalía, en contra de esta otra líder de las víctimas. Diez en fiscalías de Cali y las otras siete en ciudades como Bogotá, Tuluá, Palmira, Pereira, Jamundí y Carmen de Bolívar.
En su mayoría las querellas judiciales han sido entabladas por estafa. En una de las denuncias la líder, por ejemplo, es acusada de utilizar su cargo de representación para ofrecer subsidios, mercados y otros beneficios a las víctimas a cambio de pequeñas sumas de dinero, que con gran esfuerzo entregaban las víctimas pero quienes al final no recibieron los beneficios prometidos –por los cuales ninguna persona puede cobrar-, ni mucho menos el dinero que trabajando se esforzaron por conseguir. Verbi gracia, en el proceso con número 760016000197201100106, se acusa a Consuelo Cruz de ofrecer mercados mensuales de un millón de pesos del programa de alimentos del Banco Mundial a cambio de pagarle una inscripción por 30.000 pesos a decenas de desplazados del Valle. Así, pesan en su contra otras denuncias por estafa e incluso una por haber adulterado la firma y un documento público de una investigadora de criminalística del sector de Agua Blanca en Cali.
Consuelo Cruz ha vivido en la ciudad de Cali la mayor parte de su vida. Hija de un cerrajero y de un ama de casa, cuenta ella, se vio obligada a declarar el primer hecho victimizante cuando paramilitares mataron a su hermano. Graduada del bachillerato, se enamoró y se fue a vivir con su esposo al municipio de Tumaco (Nariño), exactamente en la vereda San Luis Robles, allá coincidencialmente volvió a ser víctima de desplazamiento forzado por otro grupo paramilitar. En el año 2007, entró a formar parte de la Fundación Servihumano en la ciudad de Cali, donde llegó a ser su secretaria. Al final de ese mismo año crearía su propia fundación llamada Retorno a la vida, en la que logró asociar a 350 familias, la mayoría mujeres cabezas de hogar. En tal escenario estudia todo lo concerniente a la legislación para las víctimas del desplazamiento, por lo cual comienza a brindar a asesorías jurídicas a las personas que lo necesitaran. Así mismo, buscó que las integrantes de la fundación pudieran acceder a programas de la alcaldía de Cali y de la gobernación del Valle.
Consuelo Cruz en entrevista con LAS2ORILLAS, asegura que en la oficina que tienen en el Distrito de Agua Blanca, “Se atienden entre 30 y 80 personas por día”, un ejercicio muy loable si se tiene en cuenta que estas fundaciones están registradas sin ánimo de lucro. Dentro de los logros que la líder destaca ha realizado su organización hay una bastante polémica: cuenta Consuelo Cruz en entrevista grabada por este medio que la fundación logró gestionar las casas gratis para 120 familias en el proyecto de Llano Verde, las cuales fueron entregadas a finales del año pasado. “Primero logramos que las familias tuviéramos cartas cheques y después de gestión con la alcaldía entraron a ser parte de ese listado de las cien mil viviendas gratis”, cuenta Cruz. Sin embargo, este medio indagó con funcionarios del Ministerio de Vivienda, quienes afirman que ninguna persona puede jactarse o hacer creer que puede inscribir a una persona o familia dentro de este plan de gobierno, puesto que funciona con una base de datos de las personas más pobres del país que se han registrado desde el año 2000. Incluso, hay una suerte de puntaje, según la historia de la familia.
Con tanta actividad diaria y tantas ocupaciones por los derechos de las víctimas, LAS2ORILLAS, le preguntó a la líder, en qué trabajaba o de qué depende su sustento o el de su familia. En palabras de Cruz, da cuenta que “Mi fundación ha hecho algunos proyectos, hizo dos proyectos con la alcaldía de Cali, uno de prevención y protección y una feria artesanal. En mi casa vendemos minutos, tenemos una sala de internet, hacemos trabajos de internet, vendo ropa y lo que me salga”.
En su defensa cuando este medio preguntó por las denuncias de prácticas corruptas, manipulación de las mesas de fortalecimiento y por el monopolio que ejercen sobre ellas, Cruz aseguró lo siguiente: “Yo no le debo nada a la justicia, tengo en mi poder todas las aclaraciones de esas denuncias, que cuando salga en su revista lo voy a hacer y entraríamos a demandar. Las mesas de fortalecimiento se acabaron por un decreto que sacó el gobierno nacional. Y precisamente por eso, porque hacia un trabajo que al gobierno no le conviene, hoy existe una mesa nacional de víctimas del cual todos los dirigentes también están hablando mal (…) Tengo una persecución política por algunos líderes de la mesa de fortalecimiento, donde es un escenario muy machista y yo logré imponer a pesar de mi corto tiempo ahí. Me he ganado enemigos políticos, de hecho hoy tengo un esquema (de seguridad) de la UNP porque me intentaron matar”.
Pero los procesos, al contrario de lo que afirma Consuelo Cruz, están vigentes. Denuncias que han sido interpuestas, no por líderes de las mesas, o por funcionarios del gobierno, sino por humildes víctimas que reclaman sus derechos pero que al parecer han sido abusadas por quien las representa. “Todo el trabajo, el esfuerzo de los líderes que le apostamos a luchar por los derechos de las víctimas se ve empañado por representaciones dañinas como la del señor Orlando Burgos y la señora Consuelo Cruz, no nos explicamos como la Fiscalía que conoce de las denuncias deja que siga pasando todo esto”, le dijo a LAS2ORILLAS un representante que en el mes de marzo asistió a uno de los eventos con la Procuraduría General de la Nación.
Y es que, paradójicamente, Orlando Burgos y Consuelo Cruz, son dos de los nueve miembros del Comité de Monitoreo y Control, un espacio donde representan a las miles de víctimas delante de los altos funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, con el objeto de vigilar la debida aplicación de la ley de víctimas. De hecho, el mes pasado los recibió el propio Procurador General de la Nación, quien tal vez de haber sabido que se sentaba junto a dos personas con tantas denuncias en sus haberes se habría parado de la mesa.
Guerra, en la expresión típica del término, que envuelve a contendientes de manera sistemática y sostenible, que configura confrontación de movimientos y posiciones, que implica profundas rupturas en la vida de una país, con ocurrencia de batallas decisivas para crear zonas o territorios liberados, no ha existido en Colombia.
Desde luego que no se puede desconocer la degradación del conflicto, que por su naturaleza sucia involucró al Estado y a sectores privilegiados de la economía nacional y extranjera en la comisión de crímenes atroces.
En ese contexto las FARC, que nunca en su historial militarmente agresivo han representado al pueblo colombiano, ni suscitado apoyo popular nacional o regional, como lo presumen utilizando mecánicamente expresiones políticas de guerrillas que en América Latina y en otras regiones del mundo constituyeron exitosos movimientos de liberación nacional, al autocalifcarse como ejército del pueblo (EP), sólo esconden la justificación para sentarse con el Estado a pactar la paz y cesar las emboscadas.
¿En nombre de qué son ejército del pueblo asesinando niños, reclutando menores de edad, contaminando ríos y arrasando ecosistemas de vital significación para la vida colectiva de poblaciones que, incluso, en su entorno viven y sobreviven en condiciones de pobreza?
¿En nombre de qué banderas le asestan de manera macabra y siniestra golpes a la infraestructura vial del sur del país, y, en especial al Departamento del Cauca, provocando miedo, terror y pánico a los usuarios de la carretera panamericana que en un noventa y cinco por ciento son trabajadores de la economía informal, sectores de clase media, transportadores, estudiantes, comerciantes, profesionales, indígenas y campesinos que cotidianamente utilizan el corredor vial para subsistir?
Si mediante el terrorismo puro, tenebroso y siniestro aspiran “vencer al enemigo”, pensando que explotar alcantarillas, asesinar policías en estado de indefensión, incendiar automotores, asaltar pueblos en días de mercados o fiestas populares, restringiendo el movimiento de la población, incrementando las víctimas del conflicto, es un episodio histórico y revolucionario, obran, como en efecto lo hacen, de manera alienada, demencial, como sicópatas de fusil y dinamita al hombro, que causan el repudio de los colombianos, las mismas víctimas directas e indirectas que según los acuerdos tendrán que refrendar, o no, los convenios de La Habana.
Hacer de las carreteras campos minados, convertir a infantes de temprana edad en cadáveres, negándoles con tatucos el derecho inalienable a la vida, volar torres de energía como si ya estuvieran a las puertas de las ciudades o pueblos para “liberarlos”, desplazar campesinos modificando por el éxodo los precios de la tierra y decidir cómo se debe vivir y morir en los campos bajo la influencia de las hostilidades bélicas es hacer del crimen por el crimen una conducta fundamentalista que niega de plano que son actores de la guerra, pues no sólo el ordenamiento jurídico humanitario protege a la población ajena al conflicto, sino que las propias costumbres de la guerra establecen los límites que existen entre la barbarie, el salvajismo y la bestialidad armada.
En ningún proceso de paz es posible plantear indultos y amnistías para los comprometidos en asesinatos, suplicios, toma de rehenes, torturas, responsables de crímenes de lesa humanidad y acciones caracterizadas por signos de extrema crueldad de quienes al ser reconocidos como beligerantes han obrado con total desprecio por el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Y, desde luego, en todo acuerdo para la terminación de los conflictos, por motivaciones de conveniencia pública, se recurre a perdonar los delitos tipificados como políticos, lo mismo que las transgresiones con evidencias de conexidad, pero sería fatal para el futuro de las víctimas que se eluda el juzgamiento de quienes como insurrectos vulneraron gravemente el derecho de gentes.
La suspensión de la punibilidad de los delitos contra el Estado colombiano, y cesación de las investigaciones por delitos contra el régimen constitucional legítimo, no implica cobijar, de ninguna manera, a los autores de gravísimas violaciones que por su naturaleza humanitaria, en honor a las víctimas de atrocidades, deben ser enjuiciados. Corresponde a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, conocida también como el Estatuto de Roma, ratificada por Colombia, hacerlo en caso de que el Estado rehúse obrar en consonancia.
“Borrón y cuenta nueva” no debe aplicar en Colombia para hacer la paz, sería un atentado más a la dignidad de la nación. Comprometido el Estado colombiano a respetar los tratados internacionales, no puede saltarse sus propias barreras morales, antes por el contrario la reconciliación que busca no puede basarse en la impunidad, y le es imperativo establecer una política criminal que asegure que actos como el la niña de dos años, Yarani Yaqui Musse, de la nación nasa, de Miranda, Cauca, y su madre, abatidas por un “tatuco” de la guerrilla, sean juzgados como crímenes de guerra. Hasta pronto.
Mesas regionales de paz parcializadas CARLOS MEDINA GALLEGO quien en su momento salio a lamentar públicamente la muerte de Alfonso Cano (Articulo http://prensarural.org/spip/spip.php?article6732), es el mismo que pide la exclusión del General Mendieta de la Mesa de victimas.
Razón: Según las FARC Militares son prisioneros de guerra no secuestrados.
Funcionario relata cómo se mueven las Farc tras acuerdo entre Gobierno y campesinos del Catatumbo.
Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Algo inquietante: hay regiones del país donde el real poder lo ejercen las Farc. Y no necesariamente por la presencia de sus grupos armados, sino por el pago de las cosechas de coca y la explotación de la minería ilegal.
Es el caso del Catatumbo. Como bien se recuerda, el paro campesino que bloqueó a esa región permitió a los cocaleros, a la sombra de las Farc, una inesperada victoria: obtener que el Gobierno Nacional, considerándolos víctimas de su propio abandono, les otorgara una indemnización de 35 millones de pesos por familia y 9 millones a cada ‘raspachín’.
Sería la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) la encargada de seleccionar a los beneficiarios de esa ayuda.
Tuve oportunidad de conocer a un joven funcionario que asistió a una reunión en el municipio de El Tarra con los responsables de Ascamcat y las juntas de acción comunal. Lo que llegó a contarme de aquel encuentro muestra quién manda en el Catatumbo. He resuelto reproducir con fidelidad su relato.
Un sorprendente encuentro
“Éramos 15 funcionarios de diferentes instituciones: ministerios de Agricultura, Vivienda y Salud; de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, el Departamento para la Prosperidad Social y otras más. Debimos desplazarnos en helicóptero porque, según parece, la carretera es muy peligrosa.
“Cuando llegamos a la base militar de El Tarra, ubicada a las afueras del municipio, lo primero que vimos fue una gran bandera nacional ondeando. Queríamos divisar el pueblo y nos paramos al borde mismo de la montaña. ‘Tengan cuidado –nos advirtió el comandante que acababa de recibirnos–, los francotiradores de la guerrilla que están en el pueblo pueden dispararles desde allí’. De modo que, para no correr ningún riesgo, nos quedamos dentro de la base.
“El comandante nos confirmó que los municipios del Catatumbo dependen en gran medida de la coca. Es el cultivo más rentable. Las administraciones municipales se benefician por cuenta de la actividad comercial que generan estos cultivos como la venta de gasolina o de cemento.
“En el pueblo, al que llegamos en vehículos que nos recogieron en la base, nos esperaban los alcaldes de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Tibú, Teorama, Ocaña y El Zulia, además de los delegados de Ascamcat.
“En el polideportivo se habían reunido unas tres mil personas llegadas de todas las veredas de la región. Cada delegación estaba debidamente ubicada e identificada con grandes pancartas. Me sorprendió el numeroso grupo de muchachos que tenía el control absoluto sobre los asistentes. Ostentaban una gorra verde con una estrella roja en alto relieve muy grande. Estaban vestidos con prendas verde oliva y camisetas blancas en las cuales había varios letreros, uno de los cuales era el de la Marcha Patriótica. Llevaban al cinto un machete y un brazalete los identificaba como miembros de seguridad.
“Cuando ingresamos al lugar de la reunión fuimos todos requisados, incluyendo los alcaldes. ‘¿Quién manda aquí, usted o ellos?’, se me ocurrió preguntarle en tono de broma al alcalde de El Tarra; este, incómodo, me pidió que no dijera ni hiciera algo que molestara a los muchachos.
“Miembros del grupo de Ascamcat hicieron subir sillas a la tarima y ordenaron a los alcaldes que las ocuparan. Ellos obedecieron dócilmente la orden. Finalmente, se inició el evento. Tomó la palabra el líder de la asociación campesina, quien empezó por anunciar que los funcionarios y asesores del Gobierno sentados en las primeras filas – o sea nosotros– tenían autorización suya para asistir a la reunión como parte de los acuerdos logrados con ellos. Acto seguido, recordó que el Gobierno había aceptado considerar al cultivador de coca como víctima de un abandono oficial. Recordó que el campesino no podía ser procesado ni condenado porque el cultivo de coca es su único sustento. ‘Nuestra lucha ahora –agregó el líder de Ascamcat– busca obtener que se despenalice el agrocultivo y el consumo’.
“Lo que menos esperaba es que a renglón seguido leyera, de una manera que resultaba muy emotiva, una lista de víctimas de la llamada persecución estatal. Se refería a quienes habían caído en desarrollo de la protesta agraria por manipular los explosivos con que atacaron a la Fuerza Pública. Pidió un minuto de aplausos. Todo el auditorio empezó a aplaudir, incluso los alcaldes.
“Yo no lo hice, lo que inquietó a mis propios compañeros de viaje. ‘Aplauda, no vaya a ser que después no lo dejen salir de aquí’, me dijeron. Como no hice caso, uno de los muchachos de gorra verde y machete colgado del cinto se me acercó haciéndome señas para que aplaudiera. Era como la orden de un policía. Para alejarme de él, busqué un sitio más atrás para acomodarme en el grupo más cercano de campesinos.
‘O se va o se muere’
“Aquella fue, por cierto, la mejor oportunidad para hablar con los campesinos. Al que estaba a mi lado no tardé en preguntarle cómo y por qué estaba en ese lugar. Y él, mirando a su alrededor y como burlándose de mí, me contestó: ‘Pues aquí nos citaron y uno tiene que venir sin preguntar. El que no cumpla la orden o se va o se muere, no hay de otra’.
“A su lado había una señora morena y robusta dispuesta a unirse a la conversación. Sin rodeos, le pregunté: ‘¿Usted es cocalera?’ ‘Sí, señor’, me dijo. Quise saber qué la había llevado a eso. Me contó entonces que meses atrás vivía en un barrio de invasión en Cúcuta, compartía con tres hijos pequeños un rancho con paredes de tela sintética y techo de lata. Hasta allí habían llegado los muchachos como llamaba ella a los guerrilleros de las Farc.
“Su relato me aclaró muchas cosas: ‘Luego de reunirnos, nos preguntaron si queríamos trabajar en el campo. Yo dije que sí. No tenía trabajo ni cómo alimentar a mis hijos. Entonces, después de hacer una lista de quienes aceptamos su propuesta, nos organizaron y nos llevaron en buses hasta Tibú. Al llegar a la vereda donde ahora vivo, nos distribuyeron la tierra y nos dieron a cada uno de nosotros seis millones de pesos para sembrar la coca. Los muchachos regresan siempre en época de cosecha, me dejan un mercado y me descuentan de la plata que me dieron lo que vale la hoja recogida. Calculo que en dos años ya habré pagado esa plata’.
“De su relato deduje que la guerrilla tenía en la región una fuerte organización política y financiera capaz de abrir en poco tiempo campo para otros cultivos. Con este incentivo, los campesinos de la región del Catatumbo están sometidos a la voluntad de los comandantes guerrilleros. Muchos de ellos, de buen grado. Otros no, como un campesino que estaba allí presente y parecía atemorizado. Cuando le observé que podían elegir libremente a los alcaldes y a los representantes políticos de la región, movía la cabeza con aire de burla. ‘Es que ustedes, los niños de Bogotá, no saben lo que pasa aquí. Ellos –dijo refiriéndose a los guerrilleros– saben quién vota por quien, pues tienen la lista de todas las cédulas. Así nosotros obedecemos y votamos por quienes ellos dicen’.
“También quedé informado de que al otro lado de la frontera, en Venezuela, es donde están los laboratorios. Los insumos allí son más baratos y no sufren control alguno ni afrontan riesgos. La guardia venezolana se ocupa de que el negocio funcione bien.
“Me sorprendí mucho cuando el líder de la reunión anunció a los asistentes que tenía programado para el mes siguiente la visita de organizaciones internacionales. Si bien su tarea era la de verificar que en las zonas de reserva campesina no había coca, ya estaban previstas las rutas por donde los inspectores iban a pasar. En tales rutas se había dado la orden a los campesinos de arrancar la hoja. Después de esa visita volverían a sembrar.
“En ese momento me puse a pensar cómo era posible que funcionarios y asesores del Gobierno allí presentes estuviésemos escuchando tal estrategia de engaño sin decir nada. Lo comenté con mis compañeros. Algunos, según advertí, preferían callar para no perder su puesto. Otros alegaban que aquellos cocaleros no tenían otro medio de vida.
“Recuerdo que seguí hablando con los campesinos, mientras mis compañeros salían apresuradamente al lugar donde nos tenían preparado el almuerzo. Uno de ellos regresó por mi, parecía muy inquieto. ‘Los líderes del encuentro están muy bravos con usted; no entienden por qué se separó del grupo y se puso a hablar con los campesinos –me dijo–. De pronto lo dejan por acá, no vuelve a aparecer y ahí sí nos metemos todos en un problema’.
“Nada me ocurrió por fortuna. Pero en el helicóptero que nos traía a Bogotá no dejaba de pensar que esa región, pese a todos los esfuerzos y millones de pesos que el Gobierno Nacional había destinado para los campesinos, estaba por completo bajo el dominio de las Farc”.
Al terminar de escuchar este relato, una azarosa inquietud es inevitable: ¿Será el Catatumbo la única región donde esto ocurre? De pronto no, pues similares testimonios se han escuchado en regiones de Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta y el Chocó. El dinero producto del narcotráfico está logrando sobre los campesinos un dominio mayor que el de la simple amenaza armada de otros tiempos.
En histórico encuentro, víctimas de la guerra piden reconciliación
Verdad y no repetición priman sobre la justicia en el primer Foro Nacional de Víctimas en Cali.
La sola imagen decía que algo inédito estaba pasando en Colombia. Al menos 1000 sobrevivientes de la guerra, como ahora prefieren llamarse las víctimas del conflicto armado, estaban juntos en el Centro de Convenciones del Pacífico –en la afueras de Cali– para ayudarles al Gobierno y a las Farc a diseñar el modelo de verdad, justicia y reparación que esperan.
“Estamos en frente de un proceso de consulta con las víctimas sin precedentes en el mundo”, recordó el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, al inaugurar el histórico Foro Nacional de Víctimas, que dio fe de que el proceso de paz está en un punto muy alto.
A la mayoría de las víctimas del encuentro no les importaba si habían sufrido por las Farc el Eln, los paramilitares, policías o militares. El hecho es que estaban ahí, en palabras del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, “para pasar del silencio a la palabra, que había sido acallada por la violencia”, pero “ajenas al desquite”. También el ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, quien dijo hablar como ciudadano, afirmó no haber visto “ánimo de venganza” en los distintos escenarios con víctimas a los que ha asistido.
Tras recordar que este 8 de agosto se cumplirán 17 años de la muerte de su padre a manos de guerrilleros del Eln, sostuvo que “el compromiso de las víctimas es ayudar a la reconciliación”.
El tipo de castigo para quienes les han hecho daño no ha sido el eje de sus propuestas. Las principales demandas han sido, como también lo recordó este domingo Hochschild, “que se reconozca lo ocurrido y que no se vuelva a repetir”.
Es lo que esperan en medio de lo difícil que es encontrar el “equilibrio justo” entre justicia y paz.
Precisamente Jineth Bedoya, periodista de EL TIEMPO y quien sufrió violencia sexual por parte de paramilitares, dijo que las víctimas, que han llevado la peor parte del conflicto, pueden “reconstruir este país desde el dolor y, sobre todo, desde la esperanza”.
Este era el tono general en el Centro de Convenciones del Pacífico, donde se cierra mañana el ciclo de cuatro foros con víctimas, pedido por la mesa de paz del Gobierno y las Farc, y al que esta vez acudieron también los ganaderos –a través de Fundagan–, quienes estuvieron ausentes en el primer foro de la mesa de La Habana, el de tierras.
Además estuvo la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que en algún momento habló de retirarle el apoyo al proceso de paz.
“Los empresarios estamos dispuestos a contribuir a la reconciliación y la prueba es que asistimos a estos foros aunque no son entornos fáciles para nosotros”, dijo el presidente de esta última agremiación, Rafael Mejía.
Apenas unos aislados reclamos desentonaron este domingo con el ánimo conciliatorio que se percibió en la mayoría. Algunos protestaron cuando el delegado de la Procuraduría, Manuel Jiménez, pidió a la ONU y a la Universidad Nacional, encargadas de los foros y de elegir a las víctimas que irán a La Habana, que entreguen al organismo la metodología de elección.
Dijo que a la Procuraduría le corresponde garantizar que representen al universo complejo de 6,5 millones de víctimas que hay en Colombia. Y despertó la ira de un puñado de mujeres cuando hizo énfasis en que no deben faltar miembros de la Fuerza Pública que sufrieron violaciones de los derechos humanos.
Por tensiones como esta, el designado ministro del Interior llamó a todas las víctimas “a no caer en la tentación de la división ni de la manipulación política”. La mayoría aplaudió.
Mucho más directo fue el experto en justicia transicional Iván Orozco, quien dirigiéndose específicamente a jueces y a ONG que trabajan con víctimas, dijo que no deben confundir una transición de una dictadura a una democracia con una transición de la guerra a la paz, como es el caso de Colombia.
En la primera, explicó, el daño es vertical. Pero en la segunda el país no se divide en buenos y malos, ni todo es negro ni blanco. “Hay grises y hay que mirar desde el ganadero que pagó a un grupo armado, hasta el campesino que apoyó a la guerrilla”.
Así transcurrió la primera jornada de un encuentro inédito en el que quedó claro que el reconocimiento de lo que a cada uno le toca en la historia del conflicto colombiano es el comienzo del gran desafío de la reconciliación del país.
Reacciones
Fabrizio Hochschild
Coordinador del sistema de ONU en Colombia
“El tema de victimas es el más importante y difícil de la agenda. Define el modelo de la justicia transicional... Ningún desafío va a ser mayor que la reconciliación y nada va a ser más importante que la no repetición”.
Juan Fernando Cristo
Ministro del Interior designado
“El compromiso que tenemos todas las víctimas con las futuras generaciones es evitar más víctimas y consolidar la paz y la reconciliación sobre la base del perdón”.
Monseñor Darío Monsalve
Arzobispo de Cali
“Es hora de salir de esta azarosa noche de terror, de pasar de la herida a la cicatriz y de la culpa a la verdad”.
Alan Jara
Víctima de secuestro
“La mejor reparación para mí es que haya paz. ¿Qué me gano yo si los jefes de las Farc van a la cárcel y se repite lo que pasó?”.
Rafael Mejía
Presidente de la SAC
“Debemos aprender a pasar la página si queremos tener un país como el que todos visualizamos”.
Jineth Bedoya
Víctima de violencia sexual
“Si alguien puede decir cuál es el costo de encontrar la paz somos nosotros, los 6 millones de víctimas”.
Críticas a propuesta de Farc de ‘victimizar’ a guerrilleros
Dirigentes políticos rechazaron ayer la propuesta de las Farc en el sentido de que los guerrilleros que están presos puedan ser escuchados como víctimas en los diálogos de Cuba.
Según la delegación de ese grupo, en lo que denominó ‘Saludo al foro nacional de víctimas’, si se va a escuchar a militares en La Habana, “lo justo y equilibrado” es que a los insurgentes presos también.
“Me parece un insulto a las víctimas, es de un cinismo infinito pretender equiparar a personas que han sido enjuiciadas con todas las garantías, con las víctimas que ha dejado esa misma guerrilla”, dijo el senador liberal Juan Manuel Galán.
“Es completamente absurdo lo que están pidiendo. Ellos son los que han cometido la mayor cantidad de agresiones contra los derechos humanos”, dijo el representante conservador Telésforo Pedraza.
Por su parte, el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, aseguró que con este tipo de afirmaciones las Farc están deformando la realidad.
“Dicen que el Estado, los partidos políticos y los empresarios los obligaron a entrar al conflicto, es decir que ellos son las víctimas de todo esto. Ahora se les salió a deber”, manifestó el congresista.
Para el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) el hecho de estar presos o simplemente por hacer parte de la guerrilla no los convierte en víctimas. Sin embargo, para él, “hay guerrilleros que pueden ser considerados como víctimas a la luz del Derecho Internacional Humanitario”.
Su colega Armando Benedetti, del partido de ‘la U’, dijo que lo que le preocupa es que “ahora el proceso de paz de La Habana se está debatiendo en los medios de comunicación, cuando el éxito que había alcanzado solo se debatía entre los voceros que están en Cuba”.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO*
Editora Redacción EL TIEMPO
Cali.
* En Twitter: @MarisolGmezG
Desórdenes al final de sesión de Foro Nacional de Víctimas
Eduardo Romano supuesto miembro del movimiento neonazi 'Tercera Fuerza' agredió a un periodista.
Algunos de los asistentes al Foro Nacional de Víctimas que la Organización de Naciones Unidas organizó con la Universidad Nacional en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la vía entre Cali y Yumbo, reconocieron a Eduardo Romano apenas lo vieron hablar del proceso de paz.
Según esos asistentes, Romano habría sido visto en videos por Internet como miembro del movimiento neonazi 'Tercera Fuerza'. El malestar no se hizo esperar, al tiempo que Romano fue fuertemente custodiado por miembros de la Policía que brindaban seguridad al Centro de Eventos Valle del Pacífico, a donde asistieron este domingo unas 1.500 personas.
El ambiente del foro se calentó afuera del auditorio en el mismo Centro de Eventos por una disputa entre Romano y el reportero de un medio de comunicación que acudió a cubrir el evento.
En medio del bullicio, decenas de personas, muchas de ellas, víctimas del conflicto armado que han perdido a seres queridos a manos de guerrilla y paramilitares, agitaron los ánimos, reclamaban su participación en el foro. Gritaron arengas afuera del auditorio donde se llevó a cabo el encuentro en una primera sesión.
Mientras tanto, organizadores de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional señalaron que el encuentro se realizó precisamente para hablar de la importancia de las víctimas.
“Las víctimas de las Farc no hemos sido escuchadas. Eso está pasando en La Habana, hablan solo los guerrilleros y personas del Gobierno Nacional”, decían los airados manifestantes.
Anotaron que se estudia un cambio de metodología en la realización del foro que continuará este lunes.
Foro de víctimas tiene un sesgo de izquierda: Jhon Frank PinchaoJorge Iván Posada | enviado especial a Cali | Publicado el 3 de agosto de 2014
El subintendente (r) de la Policía, Jhon Frank Pinchao, que estuvo 9 años secuestrado por las Farc en el sur del país, mostró su inconformidad frente a la organización del foro y los alcances del mismo.
Pinchao, quien asiste con otro grupo de militares y policías retirados, afirmó que el foro “tiene un sesgo totalmente de izquierda.
Está organizado por la Universidad Nacional, que su política es de izquierda, la mayoría de los participantes son de izquierda y quieren mostrar al Estado como un gran victimario y reducir las víctimas de las Farc a una mínima expresión”.
“Se habla de pluralismos, de equidad, entonces que se muestre la real equidad. Y que haya un 50 y 50, 50 por ciento de víctimas del Estado y 50 % de víctimas de las Farc", dijo Pinchao.
Sin embargo, Fabrizio Hochschild, coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, indicó en la instalación del foro que este es un espacio plural. Al término del medio día, el representante de la ONU explicó que la mayoría de asistentes a los tres foros regionales, y al de hoy en Cali, son víctimas del desplazamiento, el secuestro y la desaparición forzada por parte de todos los grupos armados.
En los tres anteriores foros regionales participaron 1.700 víctimas y en el foro que se realiza este domingo en Cali son 1.637 asistentes.
Incluso Juan Fernando Cristo, que vino en calidad de víctima (su padre fue asesinado por el Eln), le pidió a los asistentes “no caer en la tentación de la división. Las víctimas del conflicto son una sola y todas deben ser reparadas”.
Al contrario de lo que pregonó Santos, las Farc no reconocen que hayan causado sufrimiento alguno.
3:37 p.m. | 3 de agosto de 2014
Han contado tantas mentiras que es imposible taparlas. Como vendieron al país la falsedad de que las Farc reconocían a sus víctimas, se desconcertaron cuando ‘Timochenko’ dijo esta semana la única verdad: les importan un pimiento. “No nos arrepentimos ni siquiera por un instante de lo hecho y jamás vamos a hacerlo”, declaró rotundo el capo di capi.
El Gobierno, que asumió la responsabilidad de encubrir las barrabasadas de la guerrilla, balbuceó explicaciones inverosímiles. Que si una cosa es lo que afirma el gran jefe y otra sus lacayos de La Habana, como si fuésemos idiotas y nos creyéramos que existen diferencias entre ‘Iván Márquez’ y ‘Timochenko’.
Me da curiosidad conocer las razones que inventará el Gobierno para minimizar la indignación que causará la última tomadura de pelo fariana, revelada por Carlos Medina, uno de los delegados que tiene la Universidad Nacional para amañar los Foros de Víctimas, con el visto bueno de la ONU, las Farc y el Gobierno.
La guerrilla no considerará víctimas a los secuestrados por la Ley 002 si las familias pagaron rescate y los liberaron. Solo si cancelaron y nunca regresaron los admitirán. Supongo que entonces los calificarán de error administrativo por no aplicar con pulcritud la ley que promulgó el ‘Mono Jojoy’ durante el proceso de paz del Caguán y que suponía pagarles un impuesto para evitar el secuestro. Tampoco, informó Medina, son víctimas los políticos, militares y policías que sufrieron su barbarie.
Ahora entenderán por qué en la Mesa Nacional de Víctimas, que hace parte del circo habanero, no hay un solo representante de los secuestrados.
Por lo tanto, al contrario de lo que pregonó Santos y coreó su orfeón de amigos de la paz durante la campaña electoral, las Farc no reconocen que sus salvajadas causaran sufrimiento alguno. Lo que aceptan discutir en el siguiente ciclo es quién es víctima y quién no, aunque ya conocemos que, según ellos, han padecido más que nadie. “El Gobierno Nacional y la Fuerza Pública deben reconocer la comisión de crímenes contra las Farc”, reza un comunicado oficial de la guerrilla, que leyó Medina.
Entenderán ahora la frase que Santos pronunció después del atentado que dejó sin energía a Buenaventura: “La guerra es entre combatientes”.
No tenía que vender tan barata la dignidad del país. Por mucho que sueñe con pasar a la Historia conquistando un Nobel de Paz, hay límites que no debería traspasar, como el de equiparar al actual comandante de las Fuerzas Militares con ‘Timochenko’. Con esa concesión –notificó al mundo que tan legítima es la actuación de un militar como el terrorismo– les otorgó a las Farc el estatus de fuerza beligerante que tanto han perseguido.
Es como si les diera carta blanca para atentar contra los uniformados, conceder menos importancia a sus tragedias, considerar que si muere la hija de un patrullero por estar al lado de un CAI es un simple daño colateral, no un crimen atroz.
Y es estar de acuerdo con las Farc en la ignominia de considerar que los policías y militares secuestrados son prisioneros de guerra. No son sapos lo que Santos quiere que nos traguemos, son dinosaurios.
NOTA. Sería extraordinario que Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otros asistieran al Congreso sobre Maltrato Infantil, que organiza desde mañana la Fundación Afecto en la Tadeo Lozano. Los niños necesitan que sean expertos para protegerlos mejor.
María Fernanda Cabal dijo que tema de neonazi busca distraer debate de víctimas
La representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, quien fue relacionada con Eduardo Romano, exlíder neonazi que agredió a un periodista en el foro de víctimas en Cali, dijo que con estos cuestionamientos se quiere ocultar que en esos foros las víctimas de las Farc no están representadas.
"Como no tienen qué inventarse se inventan pendejadas, yo creo que somos un país con un problema demasiado grave como lo es la guerra de más de 50 años, ahora que hablar de nazis, neonazis, en este país hay cosas tan ridículas que le quitan el espacio al verdadero debate", afirmó.
La congresista manifestó que la atención debe enfocarse en preguntar por qué en los foros de víctimas sólo hay asistentes de la izquierda y extrema izquierda.
Yo si se quien puede dar informacion sobre las verdaderas víctimas de las far… esa información la podría dar la Unidad de Justicia y Paz que es la que tiene la informacion sobre las víctimas reales de estos delincuentes terroristas… se ve que la mesa de víctimas que pretenden enviar a cuba… ES UNA FARZA, son personas "persuadidas o pagadas" por los terroristas para que se le quite a la mesa verdaderas víctimas de ellos y pongan ellos las "víctimas" que quieren, definitivamente los pajaros están alborotados y le apuntan a las escopetas, tras ladrones bufones, delincuentes terroristas salvajes, sátrapas &%$·?*¨ desgraciados han dejado vaciado a mi país, ojala por este conducto reciban mi mas sentido de desprecio por ustedes y todas las maldades que han cometido contra mi pueblo.
Yo si se quien puede dar informacion sobre las verdaderas víctimas de las far… esa información la podría dar la Unidad de Justicia y Paz que es la que tiene la informacion sobre las víctimas reales de estos delincuentes terroristas… se ve que la mesa de víctimas que pretenden enviar a cuba… ES UNA FARZA, son personas "persuadidas o pagadas" por los terroristas para que se le quite a la mesa verdaderas víctimas de ellos y pongan ellos las "víctimas" que quieren, definitivamente los pajaros están alborotados y le apuntan a las escopetas, tras ladrones bufones, delincuentes terroristas salvajes, sátrapas &%$·?*¨ desgraciados han dejado vaciado a mi país, ojala por este conducto reciban mi mas sentido de desprecio por ustedes y todas las maldades que han cometido contra mi pueblo.
Aunque la Unidad de Justicia y Paz, no trabaja es con las victimas de los Paramilitares o sera otra ?
De los voceros de la guerrilla en La Habana solo ellos estarían habilitados para participar en política, según el Marco Jurídico para la Paz.
Una de las inquietudes generalizadas alrededor del proceso de paz es sin duda la participación en política de los guerrilleros,
en caso de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.
Este miércoles, la Corte Constitucional, al declarar exequible el marco jurídico para la paz, resolvió en parte el interrogante: ningún guerrillero, condenados por delitos atroces, podrá ser elegido.
Quizás por eso, el marco para la paz, la fórmula diseñada por el Congreso para ofrecer mecanismos de justicia transicional a los guerrilleros, ha sido rechazada de forma reiterada por los voceros de las FARC en La Habana.
Los máximos cabecillas de la guerrilla que se encuentran en negociaciones con el gobierno, en su mayoría, han sido acusados e incluso condenados por delitos atroces así no hayan sido los directos responsables, pero por la llamada cadena de mando, todos aquellos integrantes del secretariado están comprometidos con delitos atroces. Su propósito en la mesa es, por supuesto, evitar la cárcel, y tener vía libre a la participación en política, y por qué no, llegar hasta el Congreso.
Los opositores al proceso de paz en Colombia han rechazado la posibilidad de que los cabecillas de la guerrilla puedan asomarse al Capitolio. El gobierno, que ha dicho que en el proceso de paz no habrá impunidad, aún no ha dicho si de llegar a un acuerdo qué tipo de penas pagarían los guerrilleros. Eso será asunto del Congreso, aunque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ya ha propuesto hasta el trabajo social como pena alternativa.
Aunque estas discusión tendrá numerosos y futuros escenarios, lo cierto es que con el aval constitucional al marco legal para la paz ya existen condiciones para que los desmovilizados puedan participar en política.
Según lo ratificado por la Corte Constitucional ninguno de los cabecillas podrá hacerlo.
Roy Barreras, autor del Marco para la Paz aclaró que “los máximos responsables” de “todos los delitos de lesa humanidad”, a los que se les aplicaría las sanciones de la justicia transicional, no tendrán posibilidad de hacerse elegir. La Constitución, según el artículo 122, impide a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, desempeñar cargos públicos.
Entonces el escenario de la vocería política quedaría reducido a quienes solo tengan como saldo pendiente con la justicia la pertenencia a la guerrilla. Muchos consideran que quedaría reducido a guerrilleros rasos.
Pero según los alcances del Marco para la Paz, hay una figura relevante para las FARC que podría superar todos los filtros para poder tener vocería política, incluso, ostentar una curul en el Congreso. Ese sería Rodrigo Granda, el llamado ‘canciller’ de esa guerrilla.
Granda fue capturado por autoridades colombianas en territorio venezolano a comienzos del 2004. Fue procesado sólo por el delito de rebelión, aunque tiene abiertas investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y una en Paraguay por su presunta responsabilidad en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas.
Granda no tiene en su ‘prontuario’ delitos de lesa humanidad, ni homicidios culposos. Tampoco puede ser responsable de graves actos perpetrados y atribuidos por la justicia a las FARC porque, a pesar de ser una persona cercana al secretariado de esa guerrilla (como miembro de la Comisión Internacional del grupo armado ilegal), no tiene ningún cargo en la jerarquía militar de esa organización ilegal ni estructura de mando.
El ‘canciller de las FARC’ salió de la cárcel en junio del 2005, y fue hasta cuando, en una controvertida decisión, el presidente Álvaro Uribe autorizó la excarcelación de casi 200 guerrilleros, tras una petición del entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con el propósito de facilitar una liberación de Íngrid Betancourt. Actualmente, de Granda se dice que está en territorio venezolano.
Su importancia para las FARC ha quedado demostrada también en los PC de 'Raúl Reyes', con quien tenía comunicación al menos cada semana.
En los informes de inteligencia colombianos, Granda, quien nació en Frontino, Antioquia, figura como hombre de confianza de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, considerado el segundo comandante de mayor poder en las FARC después de ‘Tirofijo’, el máximo cabecilla de la organización.
Granda acompañó a 'Raúl Reyes', 'Marco León Calarcá', el 'Cura Camilo' y 'Olga Marín', compañera sentimental de ‘Raúl Reyes’ e hija de Manuel Marulanda Vélez. Se inició en las FARC hace más de 30 años, cuando apenas cursaba segundo año de bachillerato. De acuerdo con los registros de los organismos de seguridad, antes de su captura, Granda habría realizado 200 viajes en los últimos 10 años a países europeos y latinoamericanos en búsqueda de apoyo para el movimiento guerrillero.
Y el otro podría ser Seusis Pausivas Hernández. Conocido con el alias de ‘Jesús Santrich’ y el que respondió con un “quizás, quizás, quizás” el interrogante de si las FARC reconocerían a sus víctimas, tiene solo tres órdenes de captura . Es miembro del Estado mayor Central de las FARC y ha sido mano derecha de Iván Márquez, el jefe del Bloque Caribe.
Nació en Sucre en 1967, creció en Pasto, estudió en la Universidad de Atlántico en Barranquilla. Fue personero de Colosó (Sucre). Militó en la Unión Patriótica y a los 21 años se unió a las FARC.
Hasta antes de iniciarse los diálogos entre la guerrilla y el gobierno, Santrich se localizaba en Venezuela, junto a la frontera con Colombia. Apareció en una polémica foto cuando Piedad Córdoba adelantaba gestiones humanitarias para liberar a los secuestrados, amparadas por el fallecido presidente de ese país Hugo Chávez. Es el encargado de la comunicación de la guerrilla a través de la red clandestina de emisoras de las FARC como la Cadena Radial Bolivariana.
Son apenas algunos rasgos para señalar a Granda o Santrich como los desmovilizados que eventualmente podrían participar en política, a la luz del Marco Jurídico para la Paz.
Se acerca el debate sobre si jefes de las Farc tienen condenas por lesa humanidad
El debate seguramente empezará en los próximos días. Luego de que la Corte Constitucional ratificara que los responsables de lesa humanidad y de genocidio cometidos de forma sistemática no podrán participar en política, la pregunta que sigue es si esa restricción le aplica a los actuales jefes de las Farc.
El mismo fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, lo ha indicado en más de una ocasión: no hay condenas por lesa humanidad en el país contra jefes guerrilleros. Lo dijo en abril de 2013 y lo repitió en noviembre de ese año.
“No han existido condenas por parte de ningún juez de la República por lesa humanidad. Existen investigaciones por parte de la Fiscalía General para establecer posibles delitos de lesa humanidad, investigaciones que se encuentran en curso, pero condenas proferidas por un juez de la República que en este momento los inhabilite, no existen”, declaró Montealegre en noviembre del año pasado.
Pero esta afirmación choca con las consideraciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien citando un informe de la Corte Penal Internacional, afirmó en agosto del 2013 que sí las tienen.
“La Corte Penal Internacional hizo un informe y hay un capítulo especial sobre Colombia. Nos dice que en el momento existen 218 integrantes de las Farc condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. De los 218 hay ocho integrantes del Secretariado con sentencia ejecutoriada y en firme”, indicó en su momento.
Se trata del único informe de la CPI sobre Colombia, de noviembre de 2012, que dice textualmente: “Hasta ahora, 218 miembros de las Farc y 28 miembros del ELN han sido condenados por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte, incluidos homicidios, desplazamientos forzados, toma de rehenes, torturas y reclutamiento de niños”.
Y agrega: “Varios líderes superiores, incluidos el comandante en jefe y su segundo de las Farc y el ELN han sido condenados in absentia (en ausencia). La información disponible indica que ocho antiguos miembros del Secretariado de las Farc, su más alto órgano de mando, y cuatro miembros actuales del Comando Central del ELN han sido condenados in absentia”.
Estas dos posiciones ya han generado polémica en el pasado y prometen hacerlo de nuevo, a medida que avance el proceso de negociación con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba
Por un lado, por ejemplo, María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj por sus siglas en inglés) ha considerado que en este proceso es necesario que haya primero investigación, juzgamiento y condena para esa persona responsable de delitos de lesa humanidad o genocidio.
“El límite es pagar una condena. La pena puede ser la inhabilitación política por un tiempo, pero no eterno, porque el sentido mismo de la construcción de la paz es que los actores armados se conviertan en actores políticos”, señaló Moreno en su momento.
En otro sentido se ha expresado por ejemplo, el vicexministro de justicia, Rafel Nieto Loaiza, para quien la posición del Fiscal es un absurdo.
“Eso es insostenible, las condenas en el país no dicen si hay o no conductas de lesa humanidad. ¡Por Dios! Decenas y decenas de secuestros, de asesinatos de civiles cometidos de manera sistemática son delitos de lesa humanidad”, apuntó.
Ahora bien, si tienen o no condenas de lesa humanidad los jefes de las Farc, lo cierto es que sí tienen múltiples condenas en su contra por una gran variedad de delitos y así se dio a conocer desde el momento que fueron designados negociadores, en el 2012.
En ese momento, la Fiscalía General de la Nación reveló que, por ejemplo, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, miembro del 'secretariado' de las Farc, tiene un total de 66 medidas de aseguramiento, 132 órdenes de captura y 28 condenas en su contra.
Seusis Pausivas Hernández, alias 'Jesús Santrich', tiene un registro formal de tres órdenes de captura que pesan en su contra.
Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, máximo jefe de las Farc, tiene más de 15 condenas en su contra y 117 órdenes de captura por los delitos de terrorismo, secuestro, rebelión, homicidio agravado, desaparición forzada y una circular roja de Interpol del 26 de enero de 2010.
Por su parte, Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, tiene cinco condenas y 41 procesos que le fueron suspendidos cuando fue nombrado negociador por cargos de terrorismo, rebelión, reclutamiento, homicidio, secuestro y narcotráfico, entre otros.
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¿Por qué el general Rey está pisando tantos callos?
El general (r) Javier Rey Navas se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno.
El general (r) Javier Rey fue jefe del Comando Conjunto de las FF.MM. / El Tiempo
La última salida en los medios de comunicación del general (r) Javier Rey Navas, en la entrevista que dio a Los informantes de Caracol Televisión, no sólo levantó muchos callos en el gobierno, sino que dejó claro que al interior del Ejército se vive un tenso ambiente por cuenta de la situación que atraviesan los diálogos de paz en La Habana (Cuba). Asegura que hay muchos militares que han expresado su inconformidad y según Rey Navas, esta fue una de las razones que lo motivó a retirarse ya que decía que el presidente Juan Manuel al enterarse de su posición empezó a desconfiar de su trabajo. Ha sido tanta la polémica que ha provocado el general (r) por sus declaraciones que la Fiscalía le abrió investigación por supuestamente revelar información de inteligencia clasificada y de seguridad nacional.
En la entrevista con Los Informantes, el general (r) aseguró que existen documentos clasificados en los que se establece que alias ‘Timochenko’ no está en Colombia sino, supuestamente, escondido en Venezuela en fincas y haciendas, “unas en la frontera, otras cerca de Caracas”. Es decir, que el máximo jefe de las Farc está viviendo a escasos metros de la capital del vecino país. Asimismo, señaló que existe una mesa paralela de negociación entre las Farc y el gobierno en esa ciudad y que es en ésta en la que se están validando los acuerdos: “Mi general (Jorge Enrique Mora Rangel) estaba muy disgustado pensando en que estaban pasando cosas por debajo de la mesa. Porque el gobierno no ha sido coherente con eso y también se hablan cosas desde Venezuela, porque hay gente nuestra, del gobierno, que va a Venezuela y habla con ‘Timochenko y con otros (...) Hay personas que están yendo allá, están en documentos que están clasificados. Son personas que están con Sergio Jaramillo”.
Para el general (r) Rey el objetivo de estas reuniones era afectar la inteligencia de las Fuerzas Armadas y, especialmente, las operaciones aéreas, ya que según oficial (r) –quien dirigió durante muchos años la Aviación del Ejército– esta arma es la que más resultados ha dado, como por ejemplo, la Operación Jaque y los golpes a ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ o ‘Alfonso Cano’. En pocas palabras dio a entender que las Farc le estaban solicitando al gobierno suspender los ataques aéreos, lo que sería la clara evidencia de la Operación Tortuga que tanta discusión ha provocado. Desde el presidente hasta los altos mandos militares han negado tal afirmación. Sin embargo, Rey Navas puntualizó que “por eso he pedido que saquen los documentos, que el gobierno los desclasifique, es que yo los vi”.
Para la Fiscalía el general (r) pudo haber revelado información que comprometía la seguridad nacional y él, como miembro de la reserva activa tiene una cláusula que lo obliga a guardar el secreto de documentos clasificados. Sin embargo, una fuente del alto gobierno se preguntó por qué a pesar de que el presidente y los mandos militares quieren negar a toda costa las afirmaciones de Rey Navas, el ente investigador quiere procesarlo por afectar la seguridad nacional y no por injuria y calumnia, si supuestamente sus palabras faltan a la verdad. Además, también se cuestionan por qué le cabe una investigación al oficial (r) si varios políticos y altos rangos de las Fuerzas Armadas que han dado información sobre la posible ubicación de ‘Timochenko’ y los máximos comandantes de la guerrilla no han sido procesados.
Pero más allá de las investigaciones, se cree que el trasfondo del asunto de las investigaciones es que existe una pelea casada entre la Fiscalía y el general (r) Rey Navas, ya que el oficial en la entrevista dio a entender que un funcionario habría recibido dineros de las Farc: “Ya sentía que algo venía sobre nosotros cuando encontramos un documento de unas conversaciones entre alias ‘Mauricio’ o El ‘Médico’, que está en la frontera con Venezuela, y ‘Timochenko’, en la cual hablan de que tienen paga a una persona que dicen es fiscal”. Fuentes cercanas al proceso manifestaron que la Fiscalía anda revisando hasta los extractos financieros de Rey Navas y su familia –los bancos ya lo notificaron–, ya que tienen la hipótesis de que el oficial (r) no tienen cómo justificar la compra de una lujosa propiedad en Bogotá.
Cabe recordar que el general (r) Rey, tras su renuncia el pasado 17 de febrero, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una solicitud para que le dieran medidas cautelares argumentando que en su contra existía una “propaganda negra” y que no tenía garantías procesales si la fiscalía lo llegaba a investigar. Y es que según Rey Navas, todo comenzó “desde la filtración de las coordenadas al expresidente Uribe. Yo no lo hice, soy sincero. Les mandé a seis generales esas coordenadas. A uno de ellos lo chuzaron y quienes lo hicieron le mandaron la información a Uribe. A mí me piden la renuncia, me dicen que me vaya. Pero yo me pregunto: “¿por qué me voy a ir si yo no la pasé? En diciembre el investigador me dice que no hay inconvenientes y yo le pido al Ministro de Defensa que salgamos a decir que no hay nada, que yo no tenía nada que ver. Porque el Ministro me había dicho que el Presidente no confiaba en mí”.
Asimismo, aseguró que estuvo presente en cinco reuniones que realizaron el presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con la cúpula militar en las que insistentemente manifestó su inconformismo. “Desde el 6 de septiembre del 2012 hasta el 20 de noviembre del año pasado se hicieron cinco reuniones donde el Presidente y el ministro de Defensa nos explicaron que era lo que estaba pasando con los diálogos. En esas reuniones siempre nos paramos y manifestamos nuestro inconformismo a través de recomendaciones para que tuvieran cuidado. Pero no fuimos escuchados porque Sergio Jaramillo mantiene la posición de que no quiere recibir información que va en contra del proceso”, le dijo a Los Informantes Rey Navas.
La última jugada del general (r) Rey fue la petición que le hizo a la Cidh requiriendo que el Estado colombiano informara si los miembros de las Fuerzas militares serán considerados como víctimas en el proceso de paz o si serán tratados como “iguales a las Frac”. Un tema que se ha convertido en no de los principales obstáculos en las negociaciones con las Farc, ya que la guerrilla se ha negado a admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y por el contrario, ha mantenido una posición en la que se quieren mostrar como víctimas y no como victimarios. Los militares siempre han manifestado que a pesar de que son combatientes, ellos han sufrido en carne propia los horrores del secuestro y las miles de minas antipersona. Por eso, este debate es complejo y los argumentos de rey Navas están haciendo eco.
“Quienes recibimos la orden de hacer la guerra para preservar las instituciones ahora resultamos incómodos y en sí mismo no sólo un obstáculo para este gobierno, sino que ya no tenemos espacio digno en nuestra sociedad (…) Mientras se pacta con nuestros enemigos, a quienes derrotamos en el campo de batalla y quienes atentaron en contra de las instituciones que hoy pueden actuar con libertad, nuestros generales son condenados a morir en prisión y quienes vencimos a las Farc somos sujetos de muerte reputacional”, se lee en el documento.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-general-rey-esta-pisando-tantos-callos-articulo-507910
Que esconde el gobierno?
El negociador de la guerrilla "Marco León Calarcá" respondió a las advertencias del presidente, luego de una serie de atentados contra la población civil: "Están jugando con fuego cuando intentan eliminar a nuestros líderes"
"Están jugando con fuego cuando intentan eliminar a nuestros líderes con bombardeos. Eso nos podría hacer dejar la mesa, porque estaría claro que ellos no tienen voluntad política de alcanzar un acuerdo. No es tan sencillo como que dejemos nuestras armas y entremos en política, porque ellos nos están matando", aseguró "Calarcá", uno de los negociadores de las FARC en La Habana.
Las declaraciones fueron hechas al diario británico The Guardian y son una respuesta a las recientes advertencias del presidente Juan Manuel Santos, quien acusó a los guerrilleros de estar afectando a la población civil y al medioambiente luego de una seguidilla de atentados contra infraestructura que dejaron a pueblos enteros sin agua, luz o petróleo.
"Nosotros les decimos: 'Ustedes continúan con eso, pues están jugando con candela y este proceso puede terminar'. Están cavando su propia fosa política", afirmó el mandatario. "Estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes, entre los soldados y policías de nuestras Fuerzas Militares, no contra la población civil", agregó el miércoles.
"Están cavando su propia fosa política", les había advertido Santos a las FARC
Los atentados a los que se refirió Santos ocurrieron en distintos puntos de Colombia. Uno de ellos fue el lunes, contra las torres de transmisión de energía en Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico del país, que dejó a 400.000 mil personas sin luz. El caso se repitió el miércoles en el Meta, que también se quedó sin electricidad. "Dañan a la gente más vulnerable y más necesitada", les recriminó Santos.
En julio, las FARC obligaron a los conductores de 29 camiones cisterna a derramar el crudo que transportaban por una carretera del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, lo que contaminó ríos y otras fuentes de agua. El fin de semana pasado dinamitaron el acueducto del Ariari, en el departamento del Meta, que surtía de agua unas 16.000 personas de tres municipios.
"Quieren la paz de forma gratuita, pero eso no va a suceder. Una pantomima de la paz no solucionará las raíces del conflicto. Estamos comprometidos con la paz y lo hemos demostrado con varios gestos, incluyendo tres ceses del fuego unilaterales", alegó "Marco León Calarcá" al periódico inglés.
"No buscamos la revolución en la mesa de negociaciones, sino la paz con justicia social. Somos consecuencia del conflicto, no su causa", insistió el guerrillero, aludiendo al reclamo de Santos de que las FARC muestren su voluntad de alcanzar la paz.
http://www.infobae.com/2014/07/31/1584502-las-farc-amenazan-santos-y-dicen-que-si-muere-un-guerrillero-mas-se-cortara-el-dialogo
Indignados se encuentran algunos miembros de la Mesa Nacional de Víctimas por la última noticia que les dieron: todo indica que Consuelo Cruz será una de las 15 colombianas que irá a La Habana (Cuba) para participar en los diálogos de paz con las Farc, representando a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y no es para menos, Consuelo Cruz es una polémica mujer que representa a miles de víctimas por el desplazamiento forzado, pero su prontuario judicial no es digno de admirar. Como lo revelo LAS2ORILLAS en el artículo Profesión, víctimas, Consuelo Cruz tiene en su haber 17 denuncias criminales. Docena y media de procesos que aún siguen vigentes en la Fiscalía, por delitos tan viles como estafar a las propias víctimas que buscan ayuda del Estado.
Varios miembros de la Mesa nacional de Víctimas, que no entienden por qué esta mujer sigue representando gente, quisieran saber por qué ni la Defensoría del Pueblo, ni la Procuraduría ni la misma Unidad de Víctimas, se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que Cruz no es una líder que de ejemplo.
http://linkis.com/www.las2orillas.co/UewbQ
Orlando Burgos y Consuelo Cruz, tienen asiento en la Mesa Nacional de Víctimas como representantes de miles de desplazados. Pero, paradójicamente, en la Fiscalía tienen una veintena de denuncias.
Orlando Burgos vive hace 14 años fungiendo como víctima. Consuelo Cruz vive hace siete años fungiendo como víctima. Estas afirmaciones y denuncias las han venido realizando diferentes miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, específicamente los que pertenecen a las mesas de población desplazada, quienes advierten que la pareja Burgos-Cruz han utilizado sus cargos de representación para no solo beneficiarse particularmente, sino para abusar y estafar a los desprotegidos por los que dicen luchar.
LAS2ORILLAS, por ejemplo, conoció uno de los últimos procesos que la Fiscalía abrió a Orlando Burgos. Hace un par de meses, la oficina jurídica de la Dirección Nacional de Protección (UNP) pidió que se le abriera investigación a este líder por una presunta estafa, desfalco y, lo mínimo, abuso de confianza. La historia es la siguiente: la Dirección Nacional de Protección desde el año 2012 viene realizando reuniones en Bogotá para definir las medidas de protección de las víctimas desplazadas. En dichos eventos se les costean los gastos de transporte a los diferentes representantes provenientes de las cinco regiones del país.
Así, Burgos comenzó a recibir los pasajes de la aerolínea Avianca, pagados por la UNP. Un tiempo después se descubrió que Orlando Burgos estaba vendiendo los pasajes a terceros con la complicidad de un funcionario de dicha aerolínea. Todo indica que Burgos tiene más asiento en Bogotá que en Valledupar, lugar desde donde pedía los tiquetes ida y regreso. Además, aprovechaba que otras entidades estatales le ofrecían los mismos beneficios de transporte, Burgos sacaba partido y seguía pidiendo los vuelos. La UNP, logró identificar la venta de al menos seis pasajes ida y vuelta en el último semestre del año pasado. Incluso, uno de los cambios de trayecto fue tan extraño que pareciera un chiste: el tiquete que pertenecía a Burgos fue cambiado con destinos Guayaquil-Bogotá / Valledupar-Bogotá.
El anterior es solo un ejemplo de la decena de denuncias y procesos que Orlando Burgos tiene en diferentes fiscalías en todo el territorio nacional. LAS2ORILLAS obtuvo un documento de dicha entidad judicial, el cual revela que Burgos tiene 24 procesos (noticias criminales en términos de la Fiscalía) vigentes hasta el momento. Trece en Bogotá, cuatro en Cali, cuatro en Bucaramanga y otras en Tuluá, Palmira y Floridablanca. El reconocido abogado penalista Daniel Mendoza, cuando se le preguntó por un fenómeno de este tipo, aseguró que “Estamos frente a un personaje delicado y quizá un delincuente. Es que más de 10 procesos en una persona natural que no es funcionario público, como un alcalde o el Presidente, que además posa como víctima, ya es demasiado. ¿Ahora 24 procesos?, aquí estamos ante algo anormal”.
Al indagar un poco más, las denuncias que tiene vigentes este líder de las víctimas desplazadas por la violencia, van desde estafa, lesiones personales, abuso de confianza, hasta acoso sexual. “El problema no es nuevo, personas como Burgos, coordinador vitalicio de la mesa de fortalecimiento de población desplazada, vienen atornillados a estos espacios desde su creación con Acción Social y solo en búsqueda de su interés oportunista.”, manifestó un miembro de la mesa de fortalecimiento que prefirió no divulgar su identidad, revelando que siente miedo de lo que puedan hacer Burgos y su grupo.
A oídos de varios funcionarios estatales también han llegado otra decena de quejas que las propias víctimas han preferido callar, por el perfil y poder que Orlando Burgos, a cualquier precio, ha conseguido durante estos años. Le tienen miedo. Dan cuenta, por ejemplo, que el líder se aprovecha de su posición para ofrecerles preventas a la hora de buscar integrar las listas de los programas que ofrece el gobierno, pero a cambio les pide dinero. Aprovecharse del desconocimiento de las víctimas que no saben ni cómo llenar un formulario para recibir sus reparaciones, es una de sus armas. Incluso, una de las afectadas que pidió omitir su nombre, afirma que Burgos se aprovecha sexualmente de las mujeres y se jacta con vídeos después de haberlas grabado.
¿Pero quién es Orlando Burgos? Según su propia versión, nació hace 50 años en Barrancabermeja. Después de realizar sus estudios hasta bachillerato, dedicó sus días a trabajar en la parte de ventas de una imprenta de esa ciudad. Tuvo un hermano llamado Francisco que estudió historia en Moscú, y fue profesor de la UIS, pero en 1988 lo asesinaron las nacientes autodefensas. Más adelante en el año 1999, según la versión de Burgos, se ve obligado forzosamente a desplazarse de Barrancabermeja por liderar la apropiación de un terreno para construir la vivienda de una comunidad en extrema pobreza. Por esos días, cuenta el hoy líder, asesinarían a otro hermano. De tal suerte que en el año 2000, hace 14 años, se integra a la Coordinación Metropolitana de Población Desplazada para reclamar al Estado por sus derechos. Dado su liderazgo de carácter cívico, se empapa de todo cuanto tiene que ver con la defensa de los derechos de las víctimas, específicamente los de desplazamiento forzado. Comienza a liderar cada una de las reuniones y trabajos para ser atendidos, de modo que es elegido por aquella organización para que los represente en la Coordinación Nacional de desplazados, donde estaban 16 asociaciones que contaban con 2600 afiliados.
Pronto, es elegido como parte de la junta directiva de aquella coordinación nacional para empezar a representar a las víctimas del nororiente de Colombia. Así va escalando puestos representativos hasta llegar a ser un líder que tenía contacto directo con los funcionarios del gobierno estatal encargados de los temas de desplazamiento forzado. Por esos días, dice él mismo: “Me independizo de las organizaciones que representaba y en el año 2009 fundo una organización de carácter nacional que se llama la Corporación Colombiana de Desplazados y como director sigo con mi trabajo”. Entrado el 2010 llega a la máxima instancia de interlocución con el Estado: es elegido como representante en la junta directiva de la Mesa Nacional de Fortalecimiento, pero además, lo escogen como coordinador nacional de dicho espacio.
En su gran mayoría los líderes de otras regiones, a pesar de haber sido víctimas del desplazamiento, combinan su activismo en la defensa de los Derechos Humanos con algún trabajo o profesión básica para poder subsistir. Trabajan para poder obtener los recursos para ellos y sus familias en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, estudio, etc. LAS2ORILLAS, quiso indagar sobre el empleo o el trabajo del cual vive Orlando Burgos pero este no volvió a contestar su teléfono. “Orlando no trabaja hace años, él vive de ser el coordinador de la mesa de fortalecimiento de población desplazada, viaja por todo el país pidiendo plata por todo”, manifestó un líder de población desplazada que prefirió no dar su nombre.
“Las mesas de fortalecimiento de población desplazada fueron acabadas por las prácticas corruptas de personas como Orlando Burgos, Nicolás Baute y Consuelo Cruz, sus manejos amañados hicieron que las organizaciones de desplazados cansadas de tanta manipulación se retiraran del espacio. Lo que hay hoy es una estructura de papel manejada a su antojo por Orlando Burgos y Consuelo Cruz, que además mantienen una relación amorosa”, manifestó otro líder de una organización de desplazados que perteneció a las mesas de fortalecimiento.
En su mayoría las querellas judiciales han sido entabladas por estafa. En una de las denuncias la líder, por ejemplo, es acusada de utilizar su cargo de representación para ofrecer subsidios, mercados y otros beneficios a las víctimas a cambio de pequeñas sumas de dinero, que con gran esfuerzo entregaban las víctimas pero quienes al final no recibieron los beneficios prometidos –por los cuales ninguna persona puede cobrar-, ni mucho menos el dinero que trabajando se esforzaron por conseguir. Verbi gracia, en el proceso con número 760016000197201100106, se acusa a Consuelo Cruz de ofrecer mercados mensuales de un millón de pesos del programa de alimentos del Banco Mundial a cambio de pagarle una inscripción por 30.000 pesos a decenas de desplazados del Valle. Así, pesan en su contra otras denuncias por estafa e incluso una por haber adulterado la firma y un documento público de una investigadora de criminalística del sector de Agua Blanca en Cali.
Consuelo Cruz ha vivido en la ciudad de Cali la mayor parte de su vida. Hija de un cerrajero y de un ama de casa, cuenta ella, se vio obligada a declarar el primer hecho victimizante cuando paramilitares mataron a su hermano. Graduada del bachillerato, se enamoró y se fue a vivir con su esposo al municipio de Tumaco (Nariño), exactamente en la vereda San Luis Robles, allá coincidencialmente volvió a ser víctima de desplazamiento forzado por otro grupo paramilitar. En el año 2007, entró a formar parte de la Fundación Servihumano en la ciudad de Cali, donde llegó a ser su secretaria. Al final de ese mismo año crearía su propia fundación llamada Retorno a la vida, en la que logró asociar a 350 familias, la mayoría mujeres cabezas de hogar. En tal escenario estudia todo lo concerniente a la legislación para las víctimas del desplazamiento, por lo cual comienza a brindar a asesorías jurídicas a las personas que lo necesitaran. Así mismo, buscó que las integrantes de la fundación pudieran acceder a programas de la alcaldía de Cali y de la gobernación del Valle.
Consuelo Cruz en entrevista con LAS2ORILLAS, asegura que en la oficina que tienen en el Distrito de Agua Blanca, “Se atienden entre 30 y 80 personas por día”, un ejercicio muy loable si se tiene en cuenta que estas fundaciones están registradas sin ánimo de lucro. Dentro de los logros que la líder destaca ha realizado su organización hay una bastante polémica: cuenta Consuelo Cruz en entrevista grabada por este medio que la fundación logró gestionar las casas gratis para 120 familias en el proyecto de Llano Verde, las cuales fueron entregadas a finales del año pasado. “Primero logramos que las familias tuviéramos cartas cheques y después de gestión con la alcaldía entraron a ser parte de ese listado de las cien mil viviendas gratis”, cuenta Cruz. Sin embargo, este medio indagó con funcionarios del Ministerio de Vivienda, quienes afirman que ninguna persona puede jactarse o hacer creer que puede inscribir a una persona o familia dentro de este plan de gobierno, puesto que funciona con una base de datos de las personas más pobres del país que se han registrado desde el año 2000. Incluso, hay una suerte de puntaje, según la historia de la familia.
Con tanta actividad diaria y tantas ocupaciones por los derechos de las víctimas, LAS2ORILLAS, le preguntó a la líder, en qué trabajaba o de qué depende su sustento o el de su familia. En palabras de Cruz, da cuenta que “Mi fundación ha hecho algunos proyectos, hizo dos proyectos con la alcaldía de Cali, uno de prevención y protección y una feria artesanal. En mi casa vendemos minutos, tenemos una sala de internet, hacemos trabajos de internet, vendo ropa y lo que me salga”.
En su defensa cuando este medio preguntó por las denuncias de prácticas corruptas, manipulación de las mesas de fortalecimiento y por el monopolio que ejercen sobre ellas, Cruz aseguró lo siguiente: “Yo no le debo nada a la justicia, tengo en mi poder todas las aclaraciones de esas denuncias, que cuando salga en su revista lo voy a hacer y entraríamos a demandar. Las mesas de fortalecimiento se acabaron por un decreto que sacó el gobierno nacional. Y precisamente por eso, porque hacia un trabajo que al gobierno no le conviene, hoy existe una mesa nacional de víctimas del cual todos los dirigentes también están hablando mal (…) Tengo una persecución política por algunos líderes de la mesa de fortalecimiento, donde es un escenario muy machista y yo logré imponer a pesar de mi corto tiempo ahí. Me he ganado enemigos políticos, de hecho hoy tengo un esquema (de seguridad) de la UNP porque me intentaron matar”.
Pero los procesos, al contrario de lo que afirma Consuelo Cruz, están vigentes. Denuncias que han sido interpuestas, no por líderes de las mesas, o por funcionarios del gobierno, sino por humildes víctimas que reclaman sus derechos pero que al parecer han sido abusadas por quien las representa. “Todo el trabajo, el esfuerzo de los líderes que le apostamos a luchar por los derechos de las víctimas se ve empañado por representaciones dañinas como la del señor Orlando Burgos y la señora Consuelo Cruz, no nos explicamos como la Fiscalía que conoce de las denuncias deja que siga pasando todo esto”, le dijo a LAS2ORILLAS un representante que en el mes de marzo asistió a uno de los eventos con la Procuraduría General de la Nación.
Y es que, paradójicamente, Orlando Burgos y Consuelo Cruz, son dos de los nueve miembros del Comité de Monitoreo y Control, un espacio donde representan a las miles de víctimas delante de los altos funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, con el objeto de vigilar la debida aplicación de la ley de víctimas. De hecho, el mes pasado los recibió el propio Procurador General de la Nación, quien tal vez de haber sabido que se sentaba junto a dos personas con tantas denuncias en sus haberes se habría parado de la mesa.
http://www.las2orillas.co/profesion-victimas/
Guerra, en la expresión típica del término, que envuelve a contendientes de manera sistemática y sostenible, que configura confrontación de movimientos y posiciones, que implica profundas rupturas en la vida de una país, con ocurrencia de batallas decisivas para crear zonas o territorios liberados, no ha existido en Colombia.
Desde luego que no se puede desconocer la degradación del conflicto, que por su naturaleza sucia involucró al Estado y a sectores privilegiados de la economía nacional y extranjera en la comisión de crímenes atroces.
En ese contexto las FARC, que nunca en su historial militarmente agresivo han representado al pueblo colombiano, ni suscitado apoyo popular nacional o regional, como lo presumen utilizando mecánicamente expresiones políticas de guerrillas que en América Latina y en otras regiones del mundo constituyeron exitosos movimientos de liberación nacional, al autocalifcarse como ejército del pueblo (EP), sólo esconden la justificación para sentarse con el Estado a pactar la paz y cesar las emboscadas.
¿En nombre de qué son ejército del pueblo asesinando niños, reclutando menores de edad, contaminando ríos y arrasando ecosistemas de vital significación para la vida colectiva de poblaciones que, incluso, en su entorno viven y sobreviven en condiciones de pobreza?
¿En nombre de qué banderas le asestan de manera macabra y siniestra golpes a la infraestructura vial del sur del país, y, en especial al Departamento del Cauca, provocando miedo, terror y pánico a los usuarios de la carretera panamericana que en un noventa y cinco por ciento son trabajadores de la economía informal, sectores de clase media, transportadores, estudiantes, comerciantes, profesionales, indígenas y campesinos que cotidianamente utilizan el corredor vial para subsistir?
Si mediante el terrorismo puro, tenebroso y siniestro aspiran “vencer al enemigo”, pensando que explotar alcantarillas, asesinar policías en estado de indefensión, incendiar automotores, asaltar pueblos en días de mercados o fiestas populares, restringiendo el movimiento de la población, incrementando las víctimas del conflicto, es un episodio histórico y revolucionario, obran, como en efecto lo hacen, de manera alienada, demencial, como sicópatas de fusil y dinamita al hombro, que causan el repudio de los colombianos, las mismas víctimas directas e indirectas que según los acuerdos tendrán que refrendar, o no, los convenios de La Habana.
Hacer de las carreteras campos minados, convertir a infantes de temprana edad en cadáveres, negándoles con tatucos el derecho inalienable a la vida, volar torres de energía como si ya estuvieran a las puertas de las ciudades o pueblos para “liberarlos”, desplazar campesinos modificando por el éxodo los precios de la tierra y decidir cómo se debe vivir y morir en los campos bajo la influencia de las hostilidades bélicas es hacer del crimen por el crimen una conducta fundamentalista que niega de plano que son actores de la guerra, pues no sólo el ordenamiento jurídico humanitario protege a la población ajena al conflicto, sino que las propias costumbres de la guerra establecen los límites que existen entre la barbarie, el salvajismo y la bestialidad armada.
En ningún proceso de paz es posible plantear indultos y amnistías para los comprometidos en asesinatos, suplicios, toma de rehenes, torturas, responsables de crímenes de lesa humanidad y acciones caracterizadas por signos de extrema crueldad de quienes al ser reconocidos como beligerantes han obrado con total desprecio por el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Y, desde luego, en todo acuerdo para la terminación de los conflictos, por motivaciones de conveniencia pública, se recurre a perdonar los delitos tipificados como políticos, lo mismo que las transgresiones con evidencias de conexidad, pero sería fatal para el futuro de las víctimas que se eluda el juzgamiento de quienes como insurrectos vulneraron gravemente el derecho de gentes.
La suspensión de la punibilidad de los delitos contra el Estado colombiano, y cesación de las investigaciones por delitos contra el régimen constitucional legítimo, no implica cobijar, de ninguna manera, a los autores de gravísimas violaciones que por su naturaleza humanitaria, en honor a las víctimas de atrocidades, deben ser enjuiciados. Corresponde a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, conocida también como el Estatuto de Roma, ratificada por Colombia, hacerlo en caso de que el Estado rehúse obrar en consonancia.
“Borrón y cuenta nueva” no debe aplicar en Colombia para hacer la paz, sería un atentado más a la dignidad de la nación. Comprometido el Estado colombiano a respetar los tratados internacionales, no puede saltarse sus propias barreras morales, antes por el contrario la reconciliación que busca no puede basarse en la impunidad, y le es imperativo establecer una política criminal que asegure que actos como el la niña de dos años, Yarani Yaqui Musse, de la nación nasa, de Miranda, Cauca, y su madre, abatidas por un “tatuco” de la guerrilla, sean juzgados como crímenes de guerra. Hasta pronto.
http://www.proclamadelcauca.com/2014/08/ni-perdon-ni-olvido-para-los-crimenes-de-guerra.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ni-perdon-ni-olvido-para-los-crimenes-de-guerra&utm_source=Proclama&utm_medium=twitter
Razón: Según las FARC Militares son prisioneros de guerra no secuestrados.
Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Algo inquietante: hay regiones del país donde el real poder lo ejercen las Farc. Y no necesariamente por la presencia de sus grupos armados, sino por el pago de las cosechas de coca y la explotación de la minería ilegal.
Es el caso del Catatumbo. Como bien se recuerda, el paro campesino que bloqueó a esa región permitió a los cocaleros, a la sombra de las Farc, una inesperada victoria: obtener que el Gobierno Nacional, considerándolos víctimas de su propio abandono, les otorgara una indemnización de 35 millones de pesos por familia y 9 millones a cada ‘raspachín’.
Sería la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) la encargada de seleccionar a los beneficiarios de esa ayuda.
Tuve oportunidad de conocer a un joven funcionario que asistió a una reunión en el municipio de El Tarra con los responsables de Ascamcat y las juntas de acción comunal. Lo que llegó a contarme de aquel encuentro muestra quién manda en el Catatumbo. He resuelto reproducir con fidelidad su relato.
Un sorprendente encuentro
“Éramos 15 funcionarios de diferentes instituciones: ministerios de Agricultura, Vivienda y Salud; de la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, el Departamento para la Prosperidad Social y otras más. Debimos desplazarnos en helicóptero porque, según parece, la carretera es muy peligrosa.
“Cuando llegamos a la base militar de El Tarra, ubicada a las afueras del municipio, lo primero que vimos fue una gran bandera nacional ondeando. Queríamos divisar el pueblo y nos paramos al borde mismo de la montaña. ‘Tengan cuidado –nos advirtió el comandante que acababa de recibirnos–, los francotiradores de la guerrilla que están en el pueblo pueden dispararles desde allí’. De modo que, para no correr ningún riesgo, nos quedamos dentro de la base.
“El comandante nos confirmó que los municipios del Catatumbo dependen en gran medida de la coca. Es el cultivo más rentable. Las administraciones municipales se benefician por cuenta de la actividad comercial que generan estos cultivos como la venta de gasolina o de cemento.
“En el pueblo, al que llegamos en vehículos que nos recogieron en la base, nos esperaban los alcaldes de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Tibú, Teorama, Ocaña y El Zulia, además de los delegados de Ascamcat.
“En el polideportivo se habían reunido unas tres mil personas llegadas de todas las veredas de la región. Cada delegación estaba debidamente ubicada e identificada con grandes pancartas. Me sorprendió el numeroso grupo de muchachos que tenía el control absoluto sobre los asistentes. Ostentaban una gorra verde con una estrella roja en alto relieve muy grande. Estaban vestidos con prendas verde oliva y camisetas blancas en las cuales había varios letreros, uno de los cuales era el de la Marcha Patriótica. Llevaban al cinto un machete y un brazalete los identificaba como miembros de seguridad.
“Cuando ingresamos al lugar de la reunión fuimos todos requisados, incluyendo los alcaldes. ‘¿Quién manda aquí, usted o ellos?’, se me ocurrió preguntarle en tono de broma al alcalde de El Tarra; este, incómodo, me pidió que no dijera ni hiciera algo que molestara a los muchachos.
“Miembros del grupo de Ascamcat hicieron subir sillas a la tarima y ordenaron a los alcaldes que las ocuparan. Ellos obedecieron dócilmente la orden. Finalmente, se inició el evento. Tomó la palabra el líder de la asociación campesina, quien empezó por anunciar que los funcionarios y asesores del Gobierno sentados en las primeras filas – o sea nosotros– tenían autorización suya para asistir a la reunión como parte de los acuerdos logrados con ellos. Acto seguido, recordó que el Gobierno había aceptado considerar al cultivador de coca como víctima de un abandono oficial. Recordó que el campesino no podía ser procesado ni condenado porque el cultivo de coca es su único sustento. ‘Nuestra lucha ahora –agregó el líder de Ascamcat– busca obtener que se despenalice el agrocultivo y el consumo’.
“Lo que menos esperaba es que a renglón seguido leyera, de una manera que resultaba muy emotiva, una lista de víctimas de la llamada persecución estatal. Se refería a quienes habían caído en desarrollo de la protesta agraria por manipular los explosivos con que atacaron a la Fuerza Pública. Pidió un minuto de aplausos. Todo el auditorio empezó a aplaudir, incluso los alcaldes.
“Yo no lo hice, lo que inquietó a mis propios compañeros de viaje. ‘Aplauda, no vaya a ser que después no lo dejen salir de aquí’, me dijeron. Como no hice caso, uno de los muchachos de gorra verde y machete colgado del cinto se me acercó haciéndome señas para que aplaudiera. Era como la orden de un policía. Para alejarme de él, busqué un sitio más atrás para acomodarme en el grupo más cercano de campesinos.
‘O se va o se muere’
“Aquella fue, por cierto, la mejor oportunidad para hablar con los campesinos. Al que estaba a mi lado no tardé en preguntarle cómo y por qué estaba en ese lugar. Y él, mirando a su alrededor y como burlándose de mí, me contestó: ‘Pues aquí nos citaron y uno tiene que venir sin preguntar. El que no cumpla la orden o se va o se muere, no hay de otra’.
“A su lado había una señora morena y robusta dispuesta a unirse a la conversación. Sin rodeos, le pregunté: ‘¿Usted es cocalera?’ ‘Sí, señor’, me dijo. Quise saber qué la había llevado a eso. Me contó entonces que meses atrás vivía en un barrio de invasión en Cúcuta, compartía con tres hijos pequeños un rancho con paredes de tela sintética y techo de lata. Hasta allí habían llegado los muchachos como llamaba ella a los guerrilleros de las Farc.
“Su relato me aclaró muchas cosas: ‘Luego de reunirnos, nos preguntaron si queríamos trabajar en el campo. Yo dije que sí. No tenía trabajo ni cómo alimentar a mis hijos. Entonces, después de hacer una lista de quienes aceptamos su propuesta, nos organizaron y nos llevaron en buses hasta Tibú. Al llegar a la vereda donde ahora vivo, nos distribuyeron la tierra y nos dieron a cada uno de nosotros seis millones de pesos para sembrar la coca. Los muchachos regresan siempre en época de cosecha, me dejan un mercado y me descuentan de la plata que me dieron lo que vale la hoja recogida. Calculo que en dos años ya habré pagado esa plata’.
“De su relato deduje que la guerrilla tenía en la región una fuerte organización política y financiera capaz de abrir en poco tiempo campo para otros cultivos. Con este incentivo, los campesinos de la región del Catatumbo están sometidos a la voluntad de los comandantes guerrilleros. Muchos de ellos, de buen grado. Otros no, como un campesino que estaba allí presente y parecía atemorizado. Cuando le observé que podían elegir libremente a los alcaldes y a los representantes políticos de la región, movía la cabeza con aire de burla. ‘Es que ustedes, los niños de Bogotá, no saben lo que pasa aquí. Ellos –dijo refiriéndose a los guerrilleros– saben quién vota por quien, pues tienen la lista de todas las cédulas. Así nosotros obedecemos y votamos por quienes ellos dicen’.
“También quedé informado de que al otro lado de la frontera, en Venezuela, es donde están los laboratorios. Los insumos allí son más baratos y no sufren control alguno ni afrontan riesgos. La guardia venezolana se ocupa de que el negocio funcione bien.
“Me sorprendí mucho cuando el líder de la reunión anunció a los asistentes que tenía programado para el mes siguiente la visita de organizaciones internacionales. Si bien su tarea era la de verificar que en las zonas de reserva campesina no había coca, ya estaban previstas las rutas por donde los inspectores iban a pasar. En tales rutas se había dado la orden a los campesinos de arrancar la hoja. Después de esa visita volverían a sembrar.
“En ese momento me puse a pensar cómo era posible que funcionarios y asesores del Gobierno allí presentes estuviésemos escuchando tal estrategia de engaño sin decir nada. Lo comenté con mis compañeros. Algunos, según advertí, preferían callar para no perder su puesto. Otros alegaban que aquellos cocaleros no tenían otro medio de vida.
“Recuerdo que seguí hablando con los campesinos, mientras mis compañeros salían apresuradamente al lugar donde nos tenían preparado el almuerzo. Uno de ellos regresó por mi, parecía muy inquieto. ‘Los líderes del encuentro están muy bravos con usted; no entienden por qué se separó del grupo y se puso a hablar con los campesinos –me dijo–. De pronto lo dejan por acá, no vuelve a aparecer y ahí sí nos metemos todos en un problema’.
“Nada me ocurrió por fortuna. Pero en el helicóptero que nos traía a Bogotá no dejaba de pensar que esa región, pese a todos los esfuerzos y millones de pesos que el Gobierno Nacional había destinado para los campesinos, estaba por completo bajo el dominio de las Farc”.
Al terminar de escuchar este relato, una azarosa inquietud es inevitable: ¿Será el Catatumbo la única región donde esto ocurre? De pronto no, pues similares testimonios se han escuchado en regiones de Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta y el Chocó. El dinero producto del narcotráfico está logrando sobre los campesinos un dominio mayor que el de la simple amenaza armada de otros tiempos.
Plinio Apuleyo Mendoza
Especial para EL TIEMPO
http://app.eltiempo.com/#colombia/otras-ciudades/acciones-de-las-farc-tras-acuerdo-entre-campesinos-y-gobierno-en-el-catatumbo-/14333208
Verdad y no repetición priman sobre la justicia en el primer Foro Nacional de Víctimas en Cali.
La sola imagen decía que algo inédito estaba pasando en Colombia. Al menos 1000 sobrevivientes de la guerra, como ahora prefieren llamarse las víctimas del conflicto armado, estaban juntos en el Centro de Convenciones del Pacífico –en la afueras de Cali– para ayudarles al Gobierno y a las Farc a diseñar el modelo de verdad, justicia y reparación que esperan.
“Estamos en frente de un proceso de consulta con las víctimas sin precedentes en el mundo”, recordó el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, al inaugurar el histórico Foro Nacional de Víctimas, que dio fe de que el proceso de paz está en un punto muy alto.
A la mayoría de las víctimas del encuentro no les importaba si habían sufrido por las Farc el Eln, los paramilitares, policías o militares. El hecho es que estaban ahí, en palabras del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, “para pasar del silencio a la palabra, que había sido acallada por la violencia”, pero “ajenas al desquite”. También el ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, quien dijo hablar como ciudadano, afirmó no haber visto “ánimo de venganza” en los distintos escenarios con víctimas a los que ha asistido.
Tras recordar que este 8 de agosto se cumplirán 17 años de la muerte de su padre a manos de guerrilleros del Eln, sostuvo que “el compromiso de las víctimas es ayudar a la reconciliación”.
El tipo de castigo para quienes les han hecho daño no ha sido el eje de sus propuestas. Las principales demandas han sido, como también lo recordó este domingo Hochschild, “que se reconozca lo ocurrido y que no se vuelva a repetir”.
Es lo que esperan en medio de lo difícil que es encontrar el “equilibrio justo” entre justicia y paz.
Precisamente Jineth Bedoya, periodista de EL TIEMPO y quien sufrió violencia sexual por parte de paramilitares, dijo que las víctimas, que han llevado la peor parte del conflicto, pueden “reconstruir este país desde el dolor y, sobre todo, desde la esperanza”.
Este era el tono general en el Centro de Convenciones del Pacífico, donde se cierra mañana el ciclo de cuatro foros con víctimas, pedido por la mesa de paz del Gobierno y las Farc, y al que esta vez acudieron también los ganaderos –a través de Fundagan–, quienes estuvieron ausentes en el primer foro de la mesa de La Habana, el de tierras.
Además estuvo la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que en algún momento habló de retirarle el apoyo al proceso de paz.
“Los empresarios estamos dispuestos a contribuir a la reconciliación y la prueba es que asistimos a estos foros aunque no son entornos fáciles para nosotros”, dijo el presidente de esta última agremiación, Rafael Mejía.
Apenas unos aislados reclamos desentonaron este domingo con el ánimo conciliatorio que se percibió en la mayoría. Algunos protestaron cuando el delegado de la Procuraduría, Manuel Jiménez, pidió a la ONU y a la Universidad Nacional, encargadas de los foros y de elegir a las víctimas que irán a La Habana, que entreguen al organismo la metodología de elección.
Dijo que a la Procuraduría le corresponde garantizar que representen al universo complejo de 6,5 millones de víctimas que hay en Colombia. Y despertó la ira de un puñado de mujeres cuando hizo énfasis en que no deben faltar miembros de la Fuerza Pública que sufrieron violaciones de los derechos humanos.
Por tensiones como esta, el designado ministro del Interior llamó a todas las víctimas “a no caer en la tentación de la división ni de la manipulación política”. La mayoría aplaudió.
Mucho más directo fue el experto en justicia transicional Iván Orozco, quien dirigiéndose específicamente a jueces y a ONG que trabajan con víctimas, dijo que no deben confundir una transición de una dictadura a una democracia con una transición de la guerra a la paz, como es el caso de Colombia.
En la primera, explicó, el daño es vertical. Pero en la segunda el país no se divide en buenos y malos, ni todo es negro ni blanco. “Hay grises y hay que mirar desde el ganadero que pagó a un grupo armado, hasta el campesino que apoyó a la guerrilla”.
Así transcurrió la primera jornada de un encuentro inédito en el que quedó claro que el reconocimiento de lo que a cada uno le toca en la historia del conflicto colombiano es el comienzo del gran desafío de la reconciliación del país.
Reacciones
Fabrizio Hochschild
Coordinador del sistema de ONU en Colombia
“El tema de victimas es el más importante y difícil de la agenda. Define el modelo de la justicia transicional... Ningún desafío va a ser mayor que la reconciliación y nada va a ser más importante que la no repetición”.
Juan Fernando Cristo
Ministro del Interior designado
“El compromiso que tenemos todas las víctimas con las futuras generaciones es evitar más víctimas y consolidar la paz y la reconciliación sobre la base del perdón”.
Monseñor Darío Monsalve
Arzobispo de Cali
“Es hora de salir de esta azarosa noche de terror, de pasar de la herida a la cicatriz y de la culpa a la verdad”.
Alan Jara
Víctima de secuestro
“La mejor reparación para mí es que haya paz. ¿Qué me gano yo si los jefes de las Farc van a la cárcel y se repite lo que pasó?”.
Rafael Mejía
Presidente de la SAC
“Debemos aprender a pasar la página si queremos tener un país como el que todos visualizamos”.
Jineth Bedoya
Víctima de violencia sexual
“Si alguien puede decir cuál es el costo de encontrar la paz somos nosotros, los 6 millones de víctimas”.
Críticas a propuesta de Farc de ‘victimizar’ a guerrilleros
Dirigentes políticos rechazaron ayer la propuesta de las Farc en el sentido de que los guerrilleros que están presos puedan ser escuchados como víctimas en los diálogos de Cuba.
Según la delegación de ese grupo, en lo que denominó ‘Saludo al foro nacional de víctimas’, si se va a escuchar a militares en La Habana, “lo justo y equilibrado” es que a los insurgentes presos también.
“Me parece un insulto a las víctimas, es de un cinismo infinito pretender equiparar a personas que han sido enjuiciadas con todas las garantías, con las víctimas que ha dejado esa misma guerrilla”, dijo el senador liberal Juan Manuel Galán.
“Es completamente absurdo lo que están pidiendo. Ellos son los que han cometido la mayor cantidad de agresiones contra los derechos humanos”, dijo el representante conservador Telésforo Pedraza.
Por su parte, el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, aseguró que con este tipo de afirmaciones las Farc están deformando la realidad.
“Dicen que el Estado, los partidos políticos y los empresarios los obligaron a entrar al conflicto, es decir que ellos son las víctimas de todo esto. Ahora se les salió a deber”, manifestó el congresista.
Para el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) el hecho de estar presos o simplemente por hacer parte de la guerrilla no los convierte en víctimas. Sin embargo, para él, “hay guerrilleros que pueden ser considerados como víctimas a la luz del Derecho Internacional Humanitario”.
Su colega Armando Benedetti, del partido de ‘la U’, dijo que lo que le preocupa es que “ahora el proceso de paz de La Habana se está debatiendo en los medios de comunicación, cuando el éxito que había alcanzado solo se debatía entre los voceros que están en Cuba”.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO*
Editora Redacción EL TIEMPO
Cali.
* En Twitter: @MarisolGmezG
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/victimas-de-la-guerra-piden-reconciliacion/14338644
Eduardo Romano supuesto miembro del movimiento neonazi 'Tercera Fuerza' agredió a un periodista.
Algunos de los asistentes al Foro Nacional de Víctimas que la Organización de Naciones Unidas organizó con la Universidad Nacional en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la vía entre Cali y Yumbo, reconocieron a Eduardo Romano apenas lo vieron hablar del proceso de paz.
Según esos asistentes, Romano habría sido visto en videos por Internet como miembro del movimiento neonazi 'Tercera Fuerza'. El malestar no se hizo esperar, al tiempo que Romano fue fuertemente custodiado por miembros de la Policía que brindaban seguridad al Centro de Eventos Valle del Pacífico, a donde asistieron este domingo unas 1.500 personas.
El ambiente del foro se calentó afuera del auditorio en el mismo Centro de Eventos por una disputa entre Romano y el reportero de un medio de comunicación que acudió a cubrir el evento.
En medio del bullicio, decenas de personas, muchas de ellas, víctimas del conflicto armado que han perdido a seres queridos a manos de guerrilla y paramilitares, agitaron los ánimos, reclamaban su participación en el foro. Gritaron arengas afuera del auditorio donde se llevó a cabo el encuentro en una primera sesión.
Mientras tanto, organizadores de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional señalaron que el encuentro se realizó precisamente para hablar de la importancia de las víctimas.
“Las víctimas de las Farc no hemos sido escuchadas. Eso está pasando en La Habana, hablan solo los guerrilleros y personas del Gobierno Nacional”, decían los airados manifestantes.
Anotaron que se estudia un cambio de metodología en la realización del foro que continuará este lunes.
CALI
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/desordenes-en-foro-nacional-de-victimas-en-cali/14339401
Jhon Frank PinchaoJorge Iván Posada | enviado especial a Cali | Publicado el 3 de agosto de 2014
El subintendente (r) de la Policía, Jhon Frank Pinchao, que estuvo 9 años secuestrado por las Farc en el sur del país, mostró su inconformidad frente a la organización del foro y los alcances del mismo.
Pinchao, quien asiste con otro grupo de militares y policías retirados, afirmó que el foro “tiene un sesgo totalmente de izquierda.
Está organizado por la Universidad Nacional, que su política es de izquierda, la mayoría de los participantes son de izquierda y quieren mostrar al Estado como un gran victimario y reducir las víctimas de las Farc a una mínima expresión”.
“Se habla de pluralismos, de equidad, entonces que se muestre la real equidad. Y que haya un 50 y 50, 50 por ciento de víctimas del Estado y 50 % de víctimas de las Farc", dijo Pinchao.
Sin embargo, Fabrizio Hochschild, coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, indicó en la instalación del foro que este es un espacio plural. Al término del medio día, el representante de la ONU explicó que la mayoría de asistentes a los tres foros regionales, y al de hoy en Cali, son víctimas del desplazamiento, el secuestro y la desaparición forzada por parte de todos los grupos armados.
En los tres anteriores foros regionales participaron 1.700 víctimas y en el foro que se realiza este domingo en Cali son 1.637 asistentes.
Incluso Juan Fernando Cristo, que vino en calidad de víctima (su padre fue asesinado por el Eln), le pidió a los asistentes “no caer en la tentación de la división. Las víctimas del conflicto son una sola y todas deben ser reparadas”.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/foro_de_victimas_tiene_un_sesgo_de_izquierda_jhon_frank_pinchao/foro_de_victimas_tiene_un_sesgo_de_izquierda_jhon_frank_pinchao.asp
Al contrario de lo que pregonó Santos, las Farc no reconocen que hayan causado sufrimiento alguno.
3:37 p.m. | 3 de agosto de 2014
Han contado tantas mentiras que es imposible taparlas. Como vendieron al país la falsedad de que las Farc reconocían a sus víctimas, se desconcertaron cuando ‘Timochenko’ dijo esta semana la única verdad: les importan un pimiento. “No nos arrepentimos ni siquiera por un instante de lo hecho y jamás vamos a hacerlo”, declaró rotundo el capo di capi.
El Gobierno, que asumió la responsabilidad de encubrir las barrabasadas de la guerrilla, balbuceó explicaciones inverosímiles. Que si una cosa es lo que afirma el gran jefe y otra sus lacayos de La Habana, como si fuésemos idiotas y nos creyéramos que existen diferencias entre ‘Iván Márquez’ y ‘Timochenko’.
Me da curiosidad conocer las razones que inventará el Gobierno para minimizar la indignación que causará la última tomadura de pelo fariana, revelada por Carlos Medina, uno de los delegados que tiene la Universidad Nacional para amañar los Foros de Víctimas, con el visto bueno de la ONU, las Farc y el Gobierno.
La guerrilla no considerará víctimas a los secuestrados por la Ley 002 si las familias pagaron rescate y los liberaron. Solo si cancelaron y nunca regresaron los admitirán. Supongo que entonces los calificarán de error administrativo por no aplicar con pulcritud la ley que promulgó el ‘Mono Jojoy’ durante el proceso de paz del Caguán y que suponía pagarles un impuesto para evitar el secuestro. Tampoco, informó Medina, son víctimas los políticos, militares y policías que sufrieron su barbarie.
Ahora entenderán por qué en la Mesa Nacional de Víctimas, que hace parte del circo habanero, no hay un solo representante de los secuestrados.
Por lo tanto, al contrario de lo que pregonó Santos y coreó su orfeón de amigos de la paz durante la campaña electoral, las Farc no reconocen que sus salvajadas causaran sufrimiento alguno. Lo que aceptan discutir en el siguiente ciclo es quién es víctima y quién no, aunque ya conocemos que, según ellos, han padecido más que nadie. “El Gobierno Nacional y la Fuerza Pública deben reconocer la comisión de crímenes contra las Farc”, reza un comunicado oficial de la guerrilla, que leyó Medina.
Entenderán ahora la frase que Santos pronunció después del atentado que dejó sin energía a Buenaventura: “La guerra es entre combatientes”.
No tenía que vender tan barata la dignidad del país. Por mucho que sueñe con pasar a la Historia conquistando un Nobel de Paz, hay límites que no debería traspasar, como el de equiparar al actual comandante de las Fuerzas Militares con ‘Timochenko’. Con esa concesión –notificó al mundo que tan legítima es la actuación de un militar como el terrorismo– les otorgó a las Farc el estatus de fuerza beligerante que tanto han perseguido.
Es como si les diera carta blanca para atentar contra los uniformados, conceder menos importancia a sus tragedias, considerar que si muere la hija de un patrullero por estar al lado de un CAI es un simple daño colateral, no un crimen atroz.
Y es estar de acuerdo con las Farc en la ignominia de considerar que los policías y militares secuestrados son prisioneros de guerra. No son sapos lo que Santos quiere que nos traguemos, son dinosaurios.
NOTA. Sería extraordinario que Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otros asistieran al Congreso sobre Maltrato Infantil, que organiza desde mañana la Fundación Afecto en la Tadeo Lozano. Los niños necesitan que sean expertos para protegerlos mejor.
Salud Hernández-Mora
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/les-importan-un-pimiento-salud-hernandez-mora-columnista-el-tiempo-/14336001
La representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, quien fue relacionada con Eduardo Romano, exlíder neonazi que agredió a un periodista en el foro de víctimas en Cali, dijo que con estos cuestionamientos se quiere ocultar que en esos foros las víctimas de las Farc no están representadas.
"Como no tienen qué inventarse se inventan pendejadas, yo creo que somos un país con un problema demasiado grave como lo es la guerra de más de 50 años, ahora que hablar de nazis, neonazis, en este país hay cosas tan ridículas que le quitan el espacio al verdadero debate", afirmó.
La congresista manifestó que la atención debe enfocarse en preguntar por qué en los foros de víctimas sólo hay asistentes de la izquierda y extrema izquierda.
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/maria-fernanda-cabal-dijo-que-tema-de-neonazi-busca-distraer-debate-de-victimas/20140804/nota/2352615.aspx
Aunque la Unidad de Justicia y Paz, no trabaja es con las victimas de los Paramilitares o sera otra ?
De los voceros de la guerrilla en La Habana solo ellos estarían habilitados para participar en política, según el Marco Jurídico para la Paz.
Una de las inquietudes generalizadas alrededor del proceso de paz es sin duda la participación en política de los guerrilleros,
en caso de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.
Este miércoles, la Corte Constitucional, al declarar exequible el marco jurídico para la paz, resolvió en parte el interrogante: ningún guerrillero, condenados por delitos atroces, podrá ser elegido.
Quizás por eso, el marco para la paz, la fórmula diseñada por el Congreso para ofrecer mecanismos de justicia transicional a los guerrilleros, ha sido rechazada de forma reiterada por los voceros de las FARC en La Habana.
Los máximos cabecillas de la guerrilla que se encuentran en negociaciones con el gobierno, en su mayoría, han sido acusados e incluso condenados por delitos atroces así no hayan sido los directos responsables, pero por la llamada cadena de mando, todos aquellos integrantes del secretariado están comprometidos con delitos atroces. Su propósito en la mesa es, por supuesto, evitar la cárcel, y tener vía libre a la participación en política, y por qué no, llegar hasta el Congreso.
Los opositores al proceso de paz en Colombia han rechazado la posibilidad de que los cabecillas de la guerrilla puedan asomarse al Capitolio. El gobierno, que ha dicho que en el proceso de paz no habrá impunidad, aún no ha dicho si de llegar a un acuerdo qué tipo de penas pagarían los guerrilleros. Eso será asunto del Congreso, aunque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ya ha propuesto hasta el trabajo social como pena alternativa.
Aunque estas discusión tendrá numerosos y futuros escenarios, lo cierto es que con el aval constitucional al marco legal para la paz ya existen condiciones para que los desmovilizados puedan participar en política.
Según lo ratificado por la Corte Constitucional ninguno de los cabecillas podrá hacerlo.
Roy Barreras, autor del Marco para la Paz aclaró que “los máximos responsables” de “todos los delitos de lesa humanidad”, a los que se les aplicaría las sanciones de la justicia transicional, no tendrán posibilidad de hacerse elegir. La Constitución, según el artículo 122, impide a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o por narcotráfico, desempeñar cargos públicos.
Entonces el escenario de la vocería política quedaría reducido a quienes solo tengan como saldo pendiente con la justicia la pertenencia a la guerrilla. Muchos consideran que quedaría reducido a guerrilleros rasos.
Pero según los alcances del Marco para la Paz, hay una figura relevante para las FARC que podría superar todos los filtros para poder tener vocería política, incluso, ostentar una curul en el Congreso. Ese sería Rodrigo Granda, el llamado ‘canciller’ de esa guerrilla.
Granda fue capturado por autoridades colombianas en territorio venezolano a comienzos del 2004. Fue procesado sólo por el delito de rebelión, aunque tiene abiertas investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y una en Paraguay por su presunta responsabilidad en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas.
Granda no tiene en su ‘prontuario’ delitos de lesa humanidad, ni homicidios culposos. Tampoco puede ser responsable de graves actos perpetrados y atribuidos por la justicia a las FARC porque, a pesar de ser una persona cercana al secretariado de esa guerrilla (como miembro de la Comisión Internacional del grupo armado ilegal), no tiene ningún cargo en la jerarquía militar de esa organización ilegal ni estructura de mando.
El ‘canciller de las FARC’ salió de la cárcel en junio del 2005, y fue hasta cuando, en una controvertida decisión, el presidente Álvaro Uribe autorizó la excarcelación de casi 200 guerrilleros, tras una petición del entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con el propósito de facilitar una liberación de Íngrid Betancourt. Actualmente, de Granda se dice que está en territorio venezolano.
Su importancia para las FARC ha quedado demostrada también en los PC de 'Raúl Reyes', con quien tenía comunicación al menos cada semana.
En los informes de inteligencia colombianos, Granda, quien nació en Frontino, Antioquia, figura como hombre de confianza de Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, considerado el segundo comandante de mayor poder en las FARC después de ‘Tirofijo’, el máximo cabecilla de la organización.
Granda acompañó a 'Raúl Reyes', 'Marco León Calarcá', el 'Cura Camilo' y 'Olga Marín', compañera sentimental de ‘Raúl Reyes’ e hija de Manuel Marulanda Vélez. Se inició en las FARC hace más de 30 años, cuando apenas cursaba segundo año de bachillerato. De acuerdo con los registros de los organismos de seguridad, antes de su captura, Granda habría realizado 200 viajes en los últimos 10 años a países europeos y latinoamericanos en búsqueda de apoyo para el movimiento guerrillero.
Y el otro podría ser Seusis Pausivas Hernández. Conocido con el alias de ‘Jesús Santrich’ y el que respondió con un “quizás, quizás, quizás” el interrogante de si las FARC reconocerían a sus víctimas, tiene solo tres órdenes de captura . Es miembro del Estado mayor Central de las FARC y ha sido mano derecha de Iván Márquez, el jefe del Bloque Caribe.
Nació en Sucre en 1967, creció en Pasto, estudió en la Universidad de Atlántico en Barranquilla. Fue personero de Colosó (Sucre). Militó en la Unión Patriótica y a los 21 años se unió a las FARC.
Hasta antes de iniciarse los diálogos entre la guerrilla y el gobierno, Santrich se localizaba en Venezuela, junto a la frontera con Colombia. Apareció en una polémica foto cuando Piedad Córdoba adelantaba gestiones humanitarias para liberar a los secuestrados, amparadas por el fallecido presidente de ese país Hugo Chávez. Es el encargado de la comunicación de la guerrilla a través de la red clandestina de emisoras de las FARC como la Cadena Radial Bolivariana.
Son apenas algunos rasgos para señalar a Granda o Santrich como los desmovilizados que eventualmente podrían participar en política, a la luz del Marco Jurídico para la Paz.
http://www.semana.com/nacion/articulo/granda-santrich-al-congreso/398307-3
El debate seguramente empezará en los próximos días. Luego de que la Corte Constitucional ratificara que los responsables de lesa humanidad y de genocidio cometidos de forma sistemática no podrán participar en política, la pregunta que sigue es si esa restricción le aplica a los actuales jefes de las Farc.
El mismo fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, lo ha indicado en más de una ocasión: no hay condenas por lesa humanidad en el país contra jefes guerrilleros. Lo dijo en abril de 2013 y lo repitió en noviembre de ese año.
“No han existido condenas por parte de ningún juez de la República por lesa humanidad. Existen investigaciones por parte de la Fiscalía General para establecer posibles delitos de lesa humanidad, investigaciones que se encuentran en curso, pero condenas proferidas por un juez de la República que en este momento los inhabilite, no existen”, declaró Montealegre en noviembre del año pasado.
Pero esta afirmación choca con las consideraciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien citando un informe de la Corte Penal Internacional, afirmó en agosto del 2013 que sí las tienen.
“La Corte Penal Internacional hizo un informe y hay un capítulo especial sobre Colombia. Nos dice que en el momento existen 218 integrantes de las Farc condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. De los 218 hay ocho integrantes del Secretariado con sentencia ejecutoriada y en firme”, indicó en su momento.
Se trata del único informe de la CPI sobre Colombia, de noviembre de 2012, que dice textualmente: “Hasta ahora, 218 miembros de las Farc y 28 miembros del ELN han sido condenados por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte, incluidos homicidios, desplazamientos forzados, toma de rehenes, torturas y reclutamiento de niños”.
Y agrega: “Varios líderes superiores, incluidos el comandante en jefe y su segundo de las Farc y el ELN han sido condenados in absentia (en ausencia). La información disponible indica que ocho antiguos miembros del Secretariado de las Farc, su más alto órgano de mando, y cuatro miembros actuales del Comando Central del ELN han sido condenados in absentia”.
Estas dos posiciones ya han generado polémica en el pasado y prometen hacerlo de nuevo, a medida que avance el proceso de negociación con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba
Por un lado, por ejemplo, María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj por sus siglas en inglés) ha considerado que en este proceso es necesario que haya primero investigación, juzgamiento y condena para esa persona responsable de delitos de lesa humanidad o genocidio.
“El límite es pagar una condena. La pena puede ser la inhabilitación política por un tiempo, pero no eterno, porque el sentido mismo de la construcción de la paz es que los actores armados se conviertan en actores políticos”, señaló Moreno en su momento.
En otro sentido se ha expresado por ejemplo, el vicexministro de justicia, Rafel Nieto Loaiza, para quien la posición del Fiscal es un absurdo.
“Eso es insostenible, las condenas en el país no dicen si hay o no conductas de lesa humanidad. ¡Por Dios! Decenas y decenas de secuestros, de asesinatos de civiles cometidos de manera sistemática son delitos de lesa humanidad”, apuntó.
Ahora bien, si tienen o no condenas de lesa humanidad los jefes de las Farc, lo cierto es que sí tienen múltiples condenas en su contra por una gran variedad de delitos y así se dio a conocer desde el momento que fueron designados negociadores, en el 2012.
En ese momento, la Fiscalía General de la Nación reveló que, por ejemplo, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, miembro del 'secretariado' de las Farc, tiene un total de 66 medidas de aseguramiento, 132 órdenes de captura y 28 condenas en su contra.
Seusis Pausivas Hernández, alias 'Jesús Santrich', tiene un registro formal de tres órdenes de captura que pesan en su contra.
Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, máximo jefe de las Farc, tiene más de 15 condenas en su contra y 117 órdenes de captura por los delitos de terrorismo, secuestro, rebelión, homicidio agravado, desaparición forzada y una circular roja de Interpol del 26 de enero de 2010.
Por su parte, Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, tiene cinco condenas y 41 procesos que le fueron suspendidos cuando fue nombrado negociador por cargos de terrorismo, rebelión, reclutamiento, homicidio, secuestro y narcotráfico, entre otros.
http://www.publimetro.co/lo-ultimo/se-acerca-el-debate-sobre-si-jefes-de-las-farc-tienen-condenas-por-lesa-humanidad/lmknhh!YM2hkADR7Ybw6/
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