Las FARC constriñen y extorsionan en 11 departamentos pese a la tregua
Las denuncias fueron recogidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y tienen que ver con situaciones de control a la población “mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación”, según un comunicado de la institución.
Putumayo, Córdoba, Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca,Antioquia y Chocó son los departamentos en los que, según la Defensoría, las FARC hacen amenazas contra la población y la extorsionan.
Los hechos más recientes se registraron en el municipio de San Miguel, departamento del Putumayo, en donde 624 familias “pueden estar en riesgo” por la posible presencia de explosivos, según la Defensoría.
La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, a través de un panfleto atribuido a las FARC, en el que se advertía a la población sobre el “riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca”.
Aunque la autenticidad del documento no está probada, la Personería Municipal recopiló testimonios que confirmaron la alerta y que aseguraron que la guerrilla hizo la advertencia en respuesta a los permanentes patrullajes del Ejército en la zona.
La Defensoría exhortó a los grupos armados ilegales a frenar esta práctica y a contribuir de manera decidida con el desminado como muestra de su voluntad de paz.
La entidad añade que también son motivo de preocupación las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento Juan José, en jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.
Allí los comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios porque mientras supuestos guerrilleros del frente 18 de las FARC los obligaban a suspender sus actividades, integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas les exigían reabrir, so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares. EFE
Estimados foristas, creen que EEU ha tenido algo que ver en el alargamiento del conflicto colombiano como lo dicen los expertos de la comisión histórica del conflicto?.
Estimados foristas, creen que EEU ha tenido algo que ver en el alargamiento del conflicto colombiano como lo dicen los expertos de la comisión histórica del conflicto?.
Los oficiales que dieron el primer paso por la paz
Por primera vez, altos oficiales de las Fuerzas Militares se reunieron a escuchar experiencias de sus pares internacionales sobre sus posconflictos.
El general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha visto muchas guerras. Sirvió en la Operación Tormenta del Desierto en 1990, estuvo en Irak en 2002 y en 2007, perdió a su hijo en un combate en Afganistán. Pero en toda su carrera cree que “lo más difícil que me tocó enfrentar fue tener que tratar como amigos a los rebeldes islamistas iraquíes que unas semanas antes me querían matar”.
Hay pocas cosas tan difíciles como juntar enemigos que aprendieron a odiarse, a dispararse, a engañarse. Ese es el colosal reto que los militares colombianos empiezan a enfrentar. El viernes pasado, en una reunión de alto vuelo, se sentaron en Cartagena el general Kelly; el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón; toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas; el general Javier Flórez, de la subcomisión para el fin del conflicto en los diálogos con las Farc; el exgeneral y ahora negociador Jorge Enrique Mora y decenas de altos oficiales. El objetivo: escuchar un nutrido grupo internacional de expertos en desarme, desmovilización y reintegración para compartir experiencias reales, aterrizadas del posconflicto.
Esta es la primera gran reunión de este tipo que se hace, pero muchos militares piensan que no será la última. Como dijo el ministro Pinzón, “Tenemos que tener mente abierta, conocer y aprender de las mejores prácticas. Aunque Colombia ha desarrollado sus propias capacidades y tenemos conocimiento, otras experiencias pueden iluminarlos y nos van a servir para contrastar con nuestras prácticas. Hay que buscar el mejor modelo posible”.
Y las preguntas que rondan entre los uniformados frente a un eventual fin del conflicto no son pocas. ¿Cómo evitar un rearme? ¿Es necesaria una reforma de la seguridad? ¿Cómo confiar en las Farc? ¿Habrá paz y justicia al mismo tiempo? ¿Qué pasará con las comisiones de la verdad? Pues al fin y al cabo los más de 500.000 soldados y oficiales que hay en Colombia serán protagonistas mayores del futuro inmediato del país. Las respuestas de los invitados internacionales, protagonistas de sus propios procesos, fueron variadas: algunas muy exitosas, otras preocupantes, pero todas enriquecedoras.
En Nepal tuvieron las mismas dudas hace una década. Allá una guerrilla maoísta lanzó una ofensiva total en 1996 contra una monarquía de dos siglos. Después de más de 13.000 muertos se firmó un acuerdo en 2006. Ahí surgió la pregunta clave: ¿qué hacer con los rebeldes desmovilizados? Tanto ellos como los militares se sentían ganadores, con derecho a reclamar sus victorias.
Se puso en práctica un plan de rehabilitación, donde los guerrilleros tenían tres opciones: reclamar un dinero, seguir una formación técnica o integrarse al Ejército real nepalés, algo que a muchos uniformados les dolía profundamente. Pero ese era el pacto y les tocó acoger entre sus filas a sus antiguos adversarios, incluso dándoles a algunos rango de oficial. Eso sí decidieron mantener una proporción mayoritaria de soldados propios, para mantener el control. Hasta ahora el Ejército mantiene sus fuerzas íntegras y contempla una posible reducción a mediano plazo.
Irlanda del Norte vivió por siglos un sangriento conflicto religioso entre católicos y protestantes. El gran paso hacia la reconciliación fue el Acuerdo del Viernes Santo de 1998. Entre las muchas acciones que se adelantaron, una de las que más marcaron el país fue la reforma de la Royal Ulster Constabulary, un cuerpo policial compuesto en un 93 por ciento de protestantes y manchado por terribles abusos contra miles de civiles. En 2001 el gobierno creó el Police Service of Northern Ireland, una nueva agencia, mucho más abierta, menos sectaria y con un apego fuerte a los derechos humanos. Fue la base para reconstruir la confianza.
Ese proceso se demoró casi diez años, un periodo prudente que en El Salvador no se tomaron. Allá entre 1980 y 1992 el Ejército enfrentó la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en una sangrienta guerra civil que dejó 75.000 muertos y desaparecidos. En los acuerdos no se incluyó un capítulo de reinserción y las Fuerzas Armadas tuvieron que desmovilizarse. En poco tiempo sus efectivos se redujeron en un 50 por ciento.
El resultado es agridulce. Desde hace 23 años no se ha disparado un solo tiro por causas políticas y el FMLN conquistó el poder por vía democrática. Pero los niveles de violencia no han disminuido y El Salvador tiene uno de los índices de violencia más altos del mundo, con una tasa de 41,2 homicidios por 100.000 habitantes. Los propios salvadoreños aceptan que no tuvieron una visión a largo plazo y abandonaron grandes zonas del país, que rápidamente reconquistaron las maras, esas pandillas ultraviolentas ligadas al narcotráfico.
Tanto en Nepal como en El Salvador hubo acompañamiento internacional. Y en muchos países de África como Sudán, Congo o Liberia se desplegaron Cascos Azules de las Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Pero esa participación extranjera no siempre es una solución. El caso de Afganistán tiene que servir de ejemplo. Allá en 2001 una coalición liderada por Estados Unidos invadió el país, tumbó el régimen Talibán y lleva más de una década tratando de estabilizarlo.
El modelo nunca logró mucha legitimidad, no se lideró una proyección integral y ha sido difícil entender las dinámicas locales de la seguridad y la política. Aún peor, el plan fue extremadamente rígido y los problemas no se atajaron a tiempo. En los pueblos todos los expertos y militares estadounidenses sabían que los comandantes afganos les robaban el dinero a los soldados desmovilizados, pero eso siguió por meses y terminó alimentando un fuerte rearme.
Colombia y sus Fuerzas Militares tienen que mirar todas esas experiencias y sacar conclusiones. Desde ya algunos debates, como se vio con la polémica sobre la creación de una gendarmería con desmovilizados de la guerrilla, embisten con fuerza a la sociedad. Pero la verdadera lección es que no hay una vía mejor que la otra. El único camino real, efectivo, es el propio. Y a los generales presentes en el encuentro de Cartagena les esperan largas noches de reflexión para pensar en su rol en un posible posconflicto. Pues si algo tiene que quedar claro es que no hay paz sin visión a largo plazo, planificación estratégica, flexibilidad, una buena dosis de realidad y mucha imaginación.
Estimados foristas, creen que EEU ha tenido algo que ver en el alargamiento del conflicto colombiano como lo dicen los expertos de la comisión histórica del conflicto?.
Hay unas cuantas cosas con las que no concuerdo, pero en general decir eso no es falso ya que si años atrás EEUU hubiese tomado ciertas desviaciones políticamente dolorosas y controvertidas pero inevitables como la legalización de ciertas drogas, pues aca y en otras partes de LA el narcotráfico no se hubiese crecido tanto y alimentado tan generosamente a los grupos armados, otra cosa es lo fácil de darnos las armas para que entre nosotros nos matáramos durante tanto tiempo mientras ellos marcando factura.
Ahora tampoco es que ellos sean los culpables, los culpables somos nosotros mismos por permitirnos seguir viviendo en la patria boba y vendiendo el voto por un tamal.
Mmmm desde cuando dialogar con la gente es lavarlela cabeza, peor seria hacer las cosas sin tenerle ninguna consideración con las FFMM, si de casualidad leyó el articulo esto ya ha pasado muchas partes del mundo y Colombia no seria es la excepción.
El jefe negociador de las Farc en La Habana, Cuba fue enfático al declarar que la guerrilla no estará ni un solo día en la cárcel. Sobre la dejación de armas dijo que “no las utilizarían en política. No las utiliza la insurgencia, pero no las utiliza el Estado”. “No estamos de acuerdo con la justicia transicional porque es una iniciativa unilateral”, afirmó Márquez y a su vez dijo: “A nosotros no nos pueden increpar jurídicamente (como se pretende) con el marco jurídico de justicia transicional”. En entrevista con Noticias Uno, el vocero del equipo negociador de las Farc, Iván Márquez, insistió en que las Farc no se someterán a pagar un solo día de cárcel. Además, dijo que no entregarán las armas pues precisó que la intención es dejar de usarlas políticamente. De otro lado, se ajustó su declaración a lo dicho por Joaquín Gómez en cuanto a que los militares tienen derecho a aspirar a beneficios jurídicos. Reiteró una vez más la necesidad la necesidad de ir a una Asamblea Constitucional para refrendar los acuerdos que eventualmente se firmen. Las declaraciones del vocero de las Farc en Cuba, ponen en duda el actual proceso de paz.
‘Comandantes de las Farc sí se deben imaginar en la cárcel’: Procurador
Alejandro Ordóñez, procurador General, reiteró que los guerrilleros se las Farc, que se están en proceso con el Gobierno para llegar a un acuerdo de paz, deben pagar una pena preventiva de su libertad en centro carcelario, pese a la oposición que han demostrado los jefes negociadores.
Esto lo dijo el procurador tras las declaraciones de alias “Iván Márquez”, quien dijo “que deberá haber cero cárcel. Ningún proceso de paz en el mundo a terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas” en una entrevista con el Canal Uno.
“Estamos en el siglo XXI, las realidades actuates y contemporáneas, esa pretensión podría ser explicable en otros escenarios. Pero a partir del Estatuto de Roma y el marco jurídico para la paz se determina que el elemento de justicia pasa por penas privativas efectivas de la libertad para unos y para otros”, dijo Ordóñez.
A lo que agregó que las observaciones van dirigidas a que acepten las realidades jurídicas del país, aún así se firme el proceso de paz, “la mesa de La Habana no es soberana, no pueden hacer lo que quieran”.
“Es indudable que ni el presidente Juan Manuel Santos ni el fiscal General (Eduardo) Montealegre, ni ninguna autoridad pueden tomar decisiones que desconozcan y desborden las realidades internacionales” enfatizó.
Y finalizó diciendo que “El presidente me ha manifestado que la posición de la Procuraduría General es de suma importancia frente a los límites que no se pueden sobrepasar en estas negociaciones”.
“La consecución de la paz estable y duradera debe hacerse sobre el reconocimiento pleno de todas las víctimas, sin excepción alguna”, sostiene el exviceministro de Defensa y hoy procurador judicial, Rafael Guarín, en una tutela interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia y en la que se le pide a ese alto tribunal que reconozca como víctima a un desmovilizado de las Farc, John A. Tobón, que fue reclutado a la fuerza por este grupo armado ilegal. Sin contar que su madre fue asesinada y su familia desplazada por las mismas Farc.
Todo se remonta a 1995. Ese año, Matilde Rey, la madre de John Alexánder Tobón, fue asesinada por las Farc, supuestamente por “ser informante del Ejército”. Tobón, quien tenía en ese momento 14 años de edad, se vio en la necesidad de desplazarse junto con sus ocho hermanos; no obstante, fue reclutado por las Farc antes de que ello ocurriera. En 2002 fue condenado a nueve años de prisión por el delito de rebelión. Al salir de la cárcel se reintegró a las Farc; sin embargo, hace cuatro años se desmovilizó junto con uno de sus hermanos.
El año pasado, Tobón y sus ocho hermanos presentaron una demanda para la restitución de un predio en Puerto Gaitán (Meta). El Tribunal de Bogotá falló a favor de todos, excepto de John, a quien le negaron su solicitud porque no podía “considerársele como víctima y por ende tampoco puede hacérsele beneficiario de las medidas de reparación así caracterizadas”.
El argumento del Tribunal fue que según la misma Ley de Víctimas los miembros de los grupos armados ilegales no podían ser considerados como víctimas, “salvo en los casos en los que los niños, niñas y adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo al margen de la ley siendo menores de edad”. Caso que, evidentemente, no cobijaba al desmovilizado.
La Procuraduría impugnó el fallo y este llegó a la Corte Suprema de Justicia, que, no obstante, dijo no a sus pretensiones. Fue por ello que Guarín, a nombre del Ministerio Público, interpuso la ya mencionada tutela. Para este, “la obligación y respeto de garantía de los derechos humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario que tiene el Estado colombiano comprende también a los miembros de las guerrillas” que ya no hagan parte de ellas.
Según él, la Ley de Víctimas no necesariamente excluye a quienes fueron miembros de esos grupos, siempre y cuando ya no lo sean y que el hecho victimizante se haya perpetrado antes o después del período en el cual pertenecieron a las Farc. Mejor dicho: que no hay razones para negarle su condición de víctima a una persona que hubiese sido perjudicada por las Farc antes de vincularse a este grupo armado ilegal y que se hubiera desmovilizado siendo mayor de edad.
La interpretación contraria, que es la que aparece en la sentencia frente a la cual se presenta esta acción de tutela, desconoce, según Guarín, “el propósito de la justicia transicional teniendo en cuenta que va en sentido contrario a la reconciliación que sólo se puede lograr sobre la base de reconocer la calidad de víctimas a quienes lo hayan sido efectivamente y garantizar plenamente sus derechos”. Aunque reitera que se requiere, entre otras, que la persona ya no haga parte de las Farc, que se encuentre inmersa en la legalidad.
“Si bien esto genera un debate en la opinión pública, desde el punto de vista de las obligaciones del Estado, conforme al derecho internacional, es nítida la responsabilidad que tiene de reconocerlos como víctimas cuando así lo sean, y de disponer de los mecanismos para garantizar sus derechos”. El hoy asesor del procurador Alejandro Ordóñez califica como una “grave dificultad para la reintegración exitosa de un desmovilizado que, habiendo tomado la decisión de abandonar la violencia y de romper cualquier vínculo o relación con el grupo armado ilegal, se encontrara excluido de la Ley de Víctimas, a pesar de no tener ya tal membresía y de estar en la legalidad”.
Su conclusión es clara: “Este caso es el de muchos ciudadanos que en medio del conflicto combinan el hecho de ser víctimas de una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario, con el hecho de que han sido victimarios o al menos parte de una organización victimaria”. De hecho, un informe de la Universidad Sergio Arboleda, revelado el año pasado, dio a conocer que “el 47% de los integrantes de las Farc fueron reclutados siendo niños”, por lo que es muy probable que el caso de John Alexánder Tobón no sea el único.
Se espera que la Corte Suprema responda pronto a esta tutela. De ser denegada, la Procuraduría no descarta acudir a la Corte Constitucional para que esta dé su veredicto. En 2011, ese alto tribunal declaró constitucional el aparte de la Ley de Víctimas ya mencionado porque, en su criterio, no discriminaba a los desmovilizados de las guerrillas, ni les negaba su condición de víctimas, sino que no los reconocía como posibles sujetos de las medidas de reparación señaladas en la Ley de Víctimas.
Por los lados de la Procuraduría la consigna es clara: hay que reconocer a todas las víctimas, incluso a los guerrilleros reclutados a la fuerza. El procurador Alejandro Ordóñez, quien se encuentra en Estados Unidos discutiendo con varios sectores sobre los diálogos en La Habana, ha expresado su deseo de construir un pacto por la paz que involucre a varios sectores, incluso, contrarios a las posiciones del jefe del Ministerio Público. No se descarta que, en virtud de ese pacto, se discuta sobre esta controvertida solicitud de que los desmovilizados reclutados a la fuerza sean reconocidos como víctimas y sean reparados cuando ya hayan dejado las armas.
Bueno, parece que el CD ha pasado de estado criticón a estado pro-activo. Aunque la idea de Uribe no es nueva, sí hay algo nuevo ésta vez...
Uribe propone concentrar a Farc en una zona del país durante proceso de paz
El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo propuso este lunes concentrar a los guerrilleros de las Farc en una zona de Colombia bajo supervisión de la comunidad internacional mientras se desarrolla el diálogo en Cuba.
De acuerdo al exmandatario, su iniciativa ayudaría a acabar con la violencia, protegería la democracia y evitaría un "mal acuerdo" de paz.
"Si se necesita que se tome mucho tiempo para lograr en La Habana unos acuerdos que no afecten la democracia colombiana, que no afecten la empresa privada, nosotros no nos oponemos a que esos diálogos los prolonguen indefinidamente con una condición, que le quiten a Colombia la pesadilla de la violencia", subrayó.
Esa condición, agregó el senador, es "que las Farc acepten concentrar todas sus estructuras terroristas de Colombia en un sitio y que ese sitio lo supervise la comunidad internacional".
"Si eso se da, que el diálogo lo extiendan tanto cuanto lo necesiten", porque "es mejor no firmar un acuerdo que firmar un mal acuerdo", puntualizó el líder del partido Centro Democrático.
Asimismo subrayó que "se necesita urgencia para acabar esta pesadilla de violencia y paciencia para no firmar pactos con las FARC que le hagan daño a la democracia colombiana".
El Gobierno y las Farc negocian desde noviembre de 2012 un acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto armado.
El presidente Juan Manuel Santos confía en cerrar este año el acuerdo para que al final de su Gobierno, en 2018, reine la paz en el país, según adelantó en una entrevista en vísperas de su visita de Estado a España.
Uribe lamentó que Santos, quien fue su ministro de Defensa, no haya mantenido la "política de seguridad democrática" que fue la base de su Gobierno, porque, en su opinión, eso ha llevado al rearme de la guerrilla, el deterioro de la seguridad, la desmotivación de las Fuerzas Armadas y la disminución de la confianza inversora.
"Creo que el país va por un mal camino", remarcó al ser preguntado sobre el que, a su juicio, es el riesgo del proceso de paz y después de que haya dicho en reiteradas ocasiones que Santos está entregando Colombia al "castro-chavismo".
Según Uribe, "hay mucho peligro" de que eso ocurra, pero matizó sus críticas al expresar: "no creo que este país vaya a llegar a una situación económica como la de Venezuela o la de Cuba, porque este país tiene un urdimbre empresarial más fuerte, pero (la política del Gobierno) pone a la empresa privada a crecer en los mínimos".
"Una de nuestras diferencias con el Gobierno Santos es que Santos cuando era ministro-candidato era la voz más crítica del continente contra el castro-chavismo y ahora, por laxitud con las FARC, se ha convertido en el mayor validador de las atrocidades de la dictadura chavista de Venezuela hoy en cabeza de Nicolás Maduro", argumentó.
Y es en los términos de la negociación con las FARC donde están justamente las grandes diferencias con quien él mismo nombró en 2010 para sucederle en la Presidencia.
"Nos preocupa mucho que se abra la posibilidad de que por la vía de considerar al secuestro, al narcotráfico, al reclutamiento de menores crímenes políticos, los grandes responsables no vayan a la cárcel pero sí vayan al Congreso", expresó.
También que "el Gobierno no exija que las Farc entregue armas" porque, dijo, "hablan de mantenerlas sin usarlas".
Esas preocupaciones se las expresó Uribe el pasado martes a Kofi Annan, el exsecretario general de la ONU, quien visitó Bogotá.
“A la comunidad internacional no se le puede engañar, Colombia no es el 'apartheid' de Sudáfrica ni es una dictadura de las que hubo en Centroamérica, en el Cono Sur. Colombia ha tenido una democracia respetable y aquí no ha habido insurgencia contra una dictadura sino narcoterrorismo contra una democracia", aseveró.
En una reciente entrevista, Santos se mostró partidario de "tender puentes" con su ahora adversario político y expresó que estaría dispuesto a escuchar sus preocupaciones, pero Uribe sugiere que es mejor hacerlo a través de terceros.
Y para ello eligió a Annan, quien, puntualizó Uribe, podrá entregar a Santos "las preocupaciones que tenemos sobre el daño a Colombia por la manera como se conduce este proceso".
ONU: guerrilleros que hayan cometido violaciones a los DD.HH. deben pagar cárcel
Las declaraciones se dan luego de que las Farc dijeran que"no habrá acuerdo de paz si hay cárcel para los guerrilleros".
El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, aseguró que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad sí deben pagar cárcel.
"Este debate es un debate importante. En razón de los estándares internacionales, es importante decir que hoy en día cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos tiene que haber una restricción de libertad y esto tiene que aplicar a todos, no solamente a una facción", aseguró.
Howland afirmó que la justicia transicional no es un "regalo" para los integrantes de las Farc. "La justicia transicional es un proceso real donde un país va a enfrentar su propio pasado", precisó.
Lo anterior se da luego que las Farc aseguraron desde La Habana que "no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido la rebelión".
El representante de la oficina de la ONU en Colombia también señaló que la desmovilización de las Farc debe ser diferente a la que se adelantó en su momento con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Es importantísimo que esta desmovilización va a crear transformaciones donde no va a haber repetición. Yo estaba en Riosucio (Chocó) donde existen grupos posdesmovilización que todavía están violando los derechos de las personas. ¿Cuánto tiempo después de la desmovilización?", finalizó.
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Las FARC constriñen y extorsionan en 11 departamentos pese a la tregua
Las denuncias fueron recogidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y tienen que ver con situaciones de control a la población “mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación”, según un comunicado de la institución.
Putumayo, Córdoba, Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca,Antioquia y Chocó son los departamentos en los que, según la Defensoría, las FARC hacen amenazas contra la población y la extorsionan.
Los hechos más recientes se registraron en el municipio de San Miguel, departamento del Putumayo, en donde 624 familias “pueden estar en riesgo” por la posible presencia de explosivos, según la Defensoría.
La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, a través de un panfleto atribuido a las FARC, en el que se advertía a la población sobre el “riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca”.
Aunque la autenticidad del documento no está probada, la Personería Municipal recopiló testimonios que confirmaron la alerta y que aseguraron que la guerrilla hizo la advertencia en respuesta a los permanentes patrullajes del Ejército en la zona.
La Defensoría exhortó a los grupos armados ilegales a frenar esta práctica y a contribuir de manera decidida con el desminado como muestra de su voluntad de paz.
La entidad añade que también son motivo de preocupación las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento Juan José, en jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.
Allí los comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios porque mientras supuestos guerrilleros del frente 18 de las FARC los obligaban a suspender sus actividades, integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas les exigían reabrir, so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares. EFE
http://www.minuto30.com/las-farc-constrinen-y-extorsionan-en-11-departamentos-pese-la-tregua/309683/
Estimados foristas, creen que EEU ha tenido algo que ver en el alargamiento del conflicto colombiano como lo dicen los expertos de la comisión histórica del conflicto?.
http://www.elcolombiano.com/estados-unidos-ha-alimentado-el-conflicto-colombiano-comision-historica-BM1259627
De donde sacaron esos expertos?, del PACOCOL?, de la JUCO?... Ese es el típìco argumento mamertoantiimperialista :v
Tomense la molestia tan siquiera de leerlo antes formarse un juicio. Gracias.
Los oficiales que dieron el primer paso por la paz
Por primera vez, altos oficiales de las Fuerzas Militares se reunieron a escuchar experiencias de sus pares internacionales sobre sus posconflictos.
El general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha visto muchas guerras. Sirvió en la Operación Tormenta del Desierto en 1990, estuvo en Irak en 2002 y en 2007, perdió a su hijo en un combate en Afganistán. Pero en toda su carrera cree que “lo más difícil que me tocó enfrentar fue tener que tratar como amigos a los rebeldes islamistas iraquíes que unas semanas antes me querían matar”.
Hay pocas cosas tan difíciles como juntar enemigos que aprendieron a odiarse, a dispararse, a engañarse. Ese es el colosal reto que los militares colombianos empiezan a enfrentar. El viernes pasado, en una reunión de alto vuelo, se sentaron en Cartagena el general Kelly; el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón; toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas; el general Javier Flórez, de la subcomisión para el fin del conflicto en los diálogos con las Farc; el exgeneral y ahora negociador Jorge Enrique Mora y decenas de altos oficiales. El objetivo: escuchar un nutrido grupo internacional de expertos en desarme, desmovilización y reintegración para compartir experiencias reales, aterrizadas del posconflicto.
Esta es la primera gran reunión de este tipo que se hace, pero muchos militares piensan que no será la última. Como dijo el ministro Pinzón, “Tenemos que tener mente abierta, conocer y aprender de las mejores prácticas. Aunque Colombia ha desarrollado sus propias capacidades y tenemos conocimiento, otras experiencias pueden iluminarlos y nos van a servir para contrastar con nuestras prácticas. Hay que buscar el mejor modelo posible”.
Y las preguntas que rondan entre los uniformados frente a un eventual fin del conflicto no son pocas. ¿Cómo evitar un rearme? ¿Es necesaria una reforma de la seguridad? ¿Cómo confiar en las Farc? ¿Habrá paz y justicia al mismo tiempo? ¿Qué pasará con las comisiones de la verdad? Pues al fin y al cabo los más de 500.000 soldados y oficiales que hay en Colombia serán protagonistas mayores del futuro inmediato del país. Las respuestas de los invitados internacionales, protagonistas de sus propios procesos, fueron variadas: algunas muy exitosas, otras preocupantes, pero todas enriquecedoras.
En Nepal tuvieron las mismas dudas hace una década. Allá una guerrilla maoísta lanzó una ofensiva total en 1996 contra una monarquía de dos siglos. Después de más de 13.000 muertos se firmó un acuerdo en 2006. Ahí surgió la pregunta clave: ¿qué hacer con los rebeldes desmovilizados? Tanto ellos como los militares se sentían ganadores, con derecho a reclamar sus victorias.
Se puso en práctica un plan de rehabilitación, donde los guerrilleros tenían tres opciones: reclamar un dinero, seguir una formación técnica o integrarse al Ejército real nepalés, algo que a muchos uniformados les dolía profundamente. Pero ese era el pacto y les tocó acoger entre sus filas a sus antiguos adversarios, incluso dándoles a algunos rango de oficial. Eso sí decidieron mantener una proporción mayoritaria de soldados propios, para mantener el control. Hasta ahora el Ejército mantiene sus fuerzas íntegras y contempla una posible reducción a mediano plazo.
Irlanda del Norte vivió por siglos un sangriento conflicto religioso entre católicos y protestantes. El gran paso hacia la reconciliación fue el Acuerdo del Viernes Santo de 1998. Entre las muchas acciones que se adelantaron, una de las que más marcaron el país fue la reforma de la Royal Ulster Constabulary, un cuerpo policial compuesto en un 93 por ciento de protestantes y manchado por terribles abusos contra miles de civiles. En 2001 el gobierno creó el Police Service of Northern Ireland, una nueva agencia, mucho más abierta, menos sectaria y con un apego fuerte a los derechos humanos. Fue la base para reconstruir la confianza.
Ese proceso se demoró casi diez años, un periodo prudente que en El Salvador no se tomaron. Allá entre 1980 y 1992 el Ejército enfrentó la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en una sangrienta guerra civil que dejó 75.000 muertos y desaparecidos. En los acuerdos no se incluyó un capítulo de reinserción y las Fuerzas Armadas tuvieron que desmovilizarse. En poco tiempo sus efectivos se redujeron en un 50 por ciento.
El resultado es agridulce. Desde hace 23 años no se ha disparado un solo tiro por causas políticas y el FMLN conquistó el poder por vía democrática. Pero los niveles de violencia no han disminuido y El Salvador tiene uno de los índices de violencia más altos del mundo, con una tasa de 41,2 homicidios por 100.000 habitantes. Los propios salvadoreños aceptan que no tuvieron una visión a largo plazo y abandonaron grandes zonas del país, que rápidamente reconquistaron las maras, esas pandillas ultraviolentas ligadas al narcotráfico.
Tanto en Nepal como en El Salvador hubo acompañamiento internacional. Y en muchos países de África como Sudán, Congo o Liberia se desplegaron Cascos Azules de las Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Pero esa participación extranjera no siempre es una solución. El caso de Afganistán tiene que servir de ejemplo. Allá en 2001 una coalición liderada por Estados Unidos invadió el país, tumbó el régimen Talibán y lleva más de una década tratando de estabilizarlo.
El modelo nunca logró mucha legitimidad, no se lideró una proyección integral y ha sido difícil entender las dinámicas locales de la seguridad y la política. Aún peor, el plan fue extremadamente rígido y los problemas no se atajaron a tiempo. En los pueblos todos los expertos y militares estadounidenses sabían que los comandantes afganos les robaban el dinero a los soldados desmovilizados, pero eso siguió por meses y terminó alimentando un fuerte rearme.
Colombia y sus Fuerzas Militares tienen que mirar todas esas experiencias y sacar conclusiones. Desde ya algunos debates, como se vio con la polémica sobre la creación de una gendarmería con desmovilizados de la guerrilla, embisten con fuerza a la sociedad. Pero la verdadera lección es que no hay una vía mejor que la otra. El único camino real, efectivo, es el propio. Y a los generales presentes en el encuentro de Cartagena les esperan largas noches de reflexión para pensar en su rol en un posible posconflicto. Pues si algo tiene que quedar claro es que no hay paz sin visión a largo plazo, planificación estratégica, flexibilidad, una buena dosis de realidad y mucha imaginación.
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-oficiales-que-dieron-el-primer-paso-por-la-paz/417900-3
Hay unas cuantas cosas con las que no concuerdo, pero en general decir eso no es falso ya que si años atrás EEUU hubiese tomado ciertas desviaciones políticamente dolorosas y controvertidas pero inevitables como la legalización de ciertas drogas, pues aca y en otras partes de LA el narcotráfico no se hubiese crecido tanto y alimentado tan generosamente a los grupos armados, otra cosa es lo fácil de darnos las armas para que entre nosotros nos matáramos durante tanto tiempo mientras ellos marcando factura.
Ahora tampoco es que ellos sean los culpables, los culpables somos nosotros mismos por permitirnos seguir viviendo en la patria boba y vendiendo el voto por un tamal.
Mmmm desde cuando dialogar con la gente es lavarlela cabeza, peor seria hacer las cosas sin tenerle ninguna consideración con las FFMM, si de casualidad leyó el articulo esto ya ha pasado muchas partes del mundo y Colombia no seria es la excepción.
Hágame el [[Editado por el sistema]] favor!!!!!
Yo pensé que era un montaje pero es real.
https://twitter.com/piedadcordoba/status/565968048570376192
Vieja..
:naikpitam2
Le coloco me gusta a su nota por la muerte de los terroristas, no por lo que ella trino.
Vieja pútrida ésta...
Pero jamás esperé enterarme de boca de esa bruja de la muerte de sus camaradas...
Ahí le dejé su mensajito:
A Piedad Córdoba le duele la muerte de los insurgentes pero no dice nada cuando caen soldados del EJC.
:sinis
“Para las Farc ni un día de cárcel”: Iván Márquez
El jefe negociador de las Farc en La Habana, Cuba fue enfático al declarar que la guerrilla no estará ni un solo día en la cárcel. Sobre la dejación de armas dijo que “no las utilizarían en política. No las utiliza la insurgencia, pero no las utiliza el Estado”. “No estamos de acuerdo con la justicia transicional porque es una iniciativa unilateral”, afirmó Márquez y a su vez dijo: “A nosotros no nos pueden increpar jurídicamente (como se pretende) con el marco jurídico de justicia transicional”. En entrevista con Noticias Uno, el vocero del equipo negociador de las Farc, Iván Márquez, insistió en que las Farc no se someterán a pagar un solo día de cárcel. Además, dijo que no entregarán las armas pues precisó que la intención es dejar de usarlas políticamente. De otro lado, se ajustó su declaración a lo dicho por Joaquín Gómez en cuanto a que los militares tienen derecho a aspirar a beneficios jurídicos. Reiteró una vez más la necesidad la necesidad de ir a una Asamblea Constitucional para refrendar los acuerdos que eventualmente se firmen. Las declaraciones del vocero de las Farc en Cuba, ponen en duda el actual proceso de paz.
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‘Comandantes de las Farc sí se deben imaginar en la cárcel’: Procurador
Alejandro Ordóñez, procurador General, reiteró que los guerrilleros se las Farc, que se están en proceso con el Gobierno para llegar a un acuerdo de paz, deben pagar una pena preventiva de su libertad en centro carcelario, pese a la oposición que han demostrado los jefes negociadores.
Esto lo dijo el procurador tras las declaraciones de alias “Iván Márquez”, quien dijo “que deberá haber cero cárcel. Ningún proceso de paz en el mundo a terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas” en una entrevista con el Canal Uno.
“Estamos en el siglo XXI, las realidades actuates y contemporáneas, esa pretensión podría ser explicable en otros escenarios. Pero a partir del Estatuto de Roma y el marco jurídico para la paz se determina que el elemento de justicia pasa por penas privativas efectivas de la libertad para unos y para otros”, dijo Ordóñez.
A lo que agregó que las observaciones van dirigidas a que acepten las realidades jurídicas del país, aún así se firme el proceso de paz, “la mesa de La Habana no es soberana, no pueden hacer lo que quieran”.
“Es indudable que ni el presidente Juan Manuel Santos ni el fiscal General (Eduardo) Montealegre, ni ninguna autoridad pueden tomar decisiones que desconozcan y desborden las realidades internacionales” enfatizó.
Y finalizó diciendo que “El presidente me ha manifestado que la posición de la Procuraduría General es de suma importancia frente a los límites que no se pueden sobrepasar en estas negociaciones”.
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Reclutados a la fuerza, ¿deben ser reparados?
“La consecución de la paz estable y duradera debe hacerse sobre el reconocimiento pleno de todas las víctimas, sin excepción alguna”, sostiene el exviceministro de Defensa y hoy procurador judicial, Rafael Guarín, en una tutela interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia y en la que se le pide a ese alto tribunal que reconozca como víctima a un desmovilizado de las Farc, John A. Tobón, que fue reclutado a la fuerza por este grupo armado ilegal. Sin contar que su madre fue asesinada y su familia desplazada por las mismas Farc.
Todo se remonta a 1995. Ese año, Matilde Rey, la madre de John Alexánder Tobón, fue asesinada por las Farc, supuestamente por “ser informante del Ejército”. Tobón, quien tenía en ese momento 14 años de edad, se vio en la necesidad de desplazarse junto con sus ocho hermanos; no obstante, fue reclutado por las Farc antes de que ello ocurriera. En 2002 fue condenado a nueve años de prisión por el delito de rebelión. Al salir de la cárcel se reintegró a las Farc; sin embargo, hace cuatro años se desmovilizó junto con uno de sus hermanos.
El año pasado, Tobón y sus ocho hermanos presentaron una demanda para la restitución de un predio en Puerto Gaitán (Meta). El Tribunal de Bogotá falló a favor de todos, excepto de John, a quien le negaron su solicitud porque no podía “considerársele como víctima y por ende tampoco puede hacérsele beneficiario de las medidas de reparación así caracterizadas”.
El argumento del Tribunal fue que según la misma Ley de Víctimas los miembros de los grupos armados ilegales no podían ser considerados como víctimas, “salvo en los casos en los que los niños, niñas y adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo al margen de la ley siendo menores de edad”. Caso que, evidentemente, no cobijaba al desmovilizado.
La Procuraduría impugnó el fallo y este llegó a la Corte Suprema de Justicia, que, no obstante, dijo no a sus pretensiones. Fue por ello que Guarín, a nombre del Ministerio Público, interpuso la ya mencionada tutela. Para este, “la obligación y respeto de garantía de los derechos humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario que tiene el Estado colombiano comprende también a los miembros de las guerrillas” que ya no hagan parte de ellas.
Según él, la Ley de Víctimas no necesariamente excluye a quienes fueron miembros de esos grupos, siempre y cuando ya no lo sean y que el hecho victimizante se haya perpetrado antes o después del período en el cual pertenecieron a las Farc. Mejor dicho: que no hay razones para negarle su condición de víctima a una persona que hubiese sido perjudicada por las Farc antes de vincularse a este grupo armado ilegal y que se hubiera desmovilizado siendo mayor de edad.
La interpretación contraria, que es la que aparece en la sentencia frente a la cual se presenta esta acción de tutela, desconoce, según Guarín, “el propósito de la justicia transicional teniendo en cuenta que va en sentido contrario a la reconciliación que sólo se puede lograr sobre la base de reconocer la calidad de víctimas a quienes lo hayan sido efectivamente y garantizar plenamente sus derechos”. Aunque reitera que se requiere, entre otras, que la persona ya no haga parte de las Farc, que se encuentre inmersa en la legalidad.
“Si bien esto genera un debate en la opinión pública, desde el punto de vista de las obligaciones del Estado, conforme al derecho internacional, es nítida la responsabilidad que tiene de reconocerlos como víctimas cuando así lo sean, y de disponer de los mecanismos para garantizar sus derechos”. El hoy asesor del procurador Alejandro Ordóñez califica como una “grave dificultad para la reintegración exitosa de un desmovilizado que, habiendo tomado la decisión de abandonar la violencia y de romper cualquier vínculo o relación con el grupo armado ilegal, se encontrara excluido de la Ley de Víctimas, a pesar de no tener ya tal membresía y de estar en la legalidad”.
Su conclusión es clara: “Este caso es el de muchos ciudadanos que en medio del conflicto combinan el hecho de ser víctimas de una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario, con el hecho de que han sido victimarios o al menos parte de una organización victimaria”. De hecho, un informe de la Universidad Sergio Arboleda, revelado el año pasado, dio a conocer que “el 47% de los integrantes de las Farc fueron reclutados siendo niños”, por lo que es muy probable que el caso de John Alexánder Tobón no sea el único.
Se espera que la Corte Suprema responda pronto a esta tutela. De ser denegada, la Procuraduría no descarta acudir a la Corte Constitucional para que esta dé su veredicto. En 2011, ese alto tribunal declaró constitucional el aparte de la Ley de Víctimas ya mencionado porque, en su criterio, no discriminaba a los desmovilizados de las guerrillas, ni les negaba su condición de víctimas, sino que no los reconocía como posibles sujetos de las medidas de reparación señaladas en la Ley de Víctimas.
Por los lados de la Procuraduría la consigna es clara: hay que reconocer a todas las víctimas, incluso a los guerrilleros reclutados a la fuerza. El procurador Alejandro Ordóñez, quien se encuentra en Estados Unidos discutiendo con varios sectores sobre los diálogos en La Habana, ha expresado su deseo de construir un pacto por la paz que involucre a varios sectores, incluso, contrarios a las posiciones del jefe del Ministerio Público. No se descarta que, en virtud de ese pacto, se discuta sobre esta controvertida solicitud de que los desmovilizados reclutados a la fuerza sean reconocidos como víctimas y sean reparados cuando ya hayan dejado las armas.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/reclutados-fuerza-deben-ser-reparados-articulo-545821
Bueno, parece que el CD ha pasado de estado criticón a estado pro-activo. Aunque la idea de Uribe no es nueva, sí hay algo nuevo ésta vez...
http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-propone-concentrar-farc-una-zona-del-pais-durante-articulo-546999
http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-propone-concentrar-farc-una-zona-del-pais-durante-articulo-546999
Hola a todos.
Se puede ser pro-activo desde la verdad, desde la denuncia y no el tape/tape. Lo último del canal de Youtube de nuestro Ex-Mandatario:
Anoche, incendio terrorista de camiones, Buenaventura
Publicado el 01/03/2015
El terrorismo no cesa.
Y semanas atrás...
Uribe: "Santos le ofrece impunidad a las FARC"
Publicado el 13/02/2015
Auf Wiedersehen.
ONU: guerrilleros que hayan cometido violaciones a los DD.HH. deben pagar cárcel
Las declaraciones se dan luego de que las Farc dijeran que"no habrá acuerdo de paz si hay cárcel para los guerrilleros".
El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, aseguró que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad sí deben pagar cárcel.
"Este debate es un debate importante. En razón de los estándares internacionales, es importante decir que hoy en día cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos tiene que haber una restricción de libertad y esto tiene que aplicar a todos, no solamente a una facción", aseguró.
Howland afirmó que la justicia transicional no es un "regalo" para los integrantes de las Farc. "La justicia transicional es un proceso real donde un país va a enfrentar su propio pasado", precisó.
Lo anterior se da luego que las Farc aseguraron desde La Habana que "no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido la rebelión".
El representante de la oficina de la ONU en Colombia también señaló que la desmovilización de las Farc debe ser diferente a la que se adelantó en su momento con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Es importantísimo que esta desmovilización va a crear transformaciones donde no va a haber repetición. Yo estaba en Riosucio (Chocó) donde existen grupos posdesmovilización que todavía están violando los derechos de las personas. ¿Cuánto tiempo después de la desmovilización?", finalizó.
Read more: http://www.lafm.com.co/noticias/onu-guerrilleros-que-hayan-com-178387#ixzz3TQ6Jbv9d
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