El gobierno americano cerró dos Bancos que se dedicaban principalmente a lavar los dólares de las exportaciones de oro y petróleo venezolano por parte de los chavistas; Silicon Valley Bank y el First Republic Bank, lo hacían a través de un sistema bursátil llamado #USDT, una moneda virtual de las llamadas "stable coins" o Bitcoin. Estos corruptos habían depositado la mayor parte del dinero obtenido por la venta de crudo con intermediarios en dichos Bancos. La Oficina del Tesoro, la DEA y el FBI lo sabían todo por el seguimiento que vienen haciendo desde hace una década, siempre lo saben todo, y esperaron a que se confiaran, para quitarles de un solo golpe más de $US 38.000 millones de dólares en criptopactivos y en dólares en efectivo (50% y 50%), que se quedaron en territorio estadounidense.
Esta cantidad de dólares la manejaban altos personeros de PDVSA, de las fuerzas armadas bolivarianas, miembros del PSUV y algunos enchufados que ya hoy día aparecen con nombres y apellidos en los medios nacionales e internacionales. Según, relatan Sergio Hernández y Ronald Bastardo el usurpador de la presidencia de la república de Venezuela, Nicolas Maduro Guerra, obtuvo un informe fidedigno elaborado por Nelson José Merentes Díaz, del BCV, y entró en cólera porque cerca de 3mil millones de dólares los tomaría de los 38mil millones de $ para utilizarlos en su campaña electoral, que seria manejada por Jorge Rodríguez. Asimismo, indica Merentes que otra parte se destinaría a ofrecer un subsidio a los educadores y algunos sindicatos para apaciguarlos dado que sus protestas han mellado la popularidad del régimen chavista.
También se pone de manifiesto con este escándalo que las Direcciones de Finanzas y Contraloría de PDVSA no funcionan correctamente y ello tiene mucho que ver con el disparate de corporación que hoy día existe: penetrada por colectivos, militares, intermediarios y gente sin calificación moral y profesional para conducir los destinos de tal empresa.
Vale advertir por otra parte que el reciente informe del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, certificaba con pruebas como Venezuela se convirtió en un país productor y exportador de drogas, trata de blanca y bandas de secuestradores. En el rubro de las drogas operan nada menos que siete carteles dirigidos por Diosdado Cabello, el General Padrino López, Nicolas Maduro Guerra, Héctor Beltrán Leyva, Omar Treviño, Iris Varela y Dairo Antonio Úsuga, entre otros. Pero, de la misma forma han exportado el delito con grupos violentos como El Tren de Aragua que opera en Suramérica y en el sur de la Florida.
Visto este ignominioso suceso los analistas se preguntan si el chavismo se atrincherará como han hecho otros forajidos en el poder o se decidirá a negociar para proveer paso a una transición democrática, poniendo como condición el salvoconducto de sus vidas, sus familiares y sus fortunas.
arroja que desde el 2020 la empresa ha dejado de percibir US$21.200.000.000,00 por cargamentos que se han exportado.
¿Dónde está es gigantesca cantidad de dinero?
¿Ya entienden porque no es Venezuela la que se arregló, sino unos choros venezolanos que se forraron amparados por el régimen? ¿Qué dirán los optimistas y 'lideres’ políticos que dicen que las sanciones hambrean al pueblo? No, las sanciones hicieron ricos a unos pocos con la complicidad de MUCHOS.
puede meter a muchos en la cárcel, pero este desfalco es responsabilidad de él y de más nadie.
Reuters Exclusive- The long chain of middlemen PDVSA has resorted to since 2020 have left it with $21.2 bln in accounts receivable, which represents 84% of invoiced oil exports. That explains Tellechea's order to freeze supply contracts and the arrests that followed. Link to come
ÚLTIMA HORA | EN VIVO | Aviones privados, helicópteros, miles de dólares en efectivos, galpones llenos de camionetas de lujos: Fiscalía de Venezuela muestra primeras incautaciones tras corrupción en PDVSA
Para la Corte Penal Internacional, Maduro ejecutó un plan sistemático de ataques, encarcelamiento y torturas contra la población civil.
El fiscal de La Haya documentó palizas, asfixia, ahogamientos, descargas eléctricas y violaciones sexuales en Venezuela.
Los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro podrían estar más cerca de tener que sentarse en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgados porcrímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El fiscal de La Haya, Karim Khan, ha sido lapidario. Existe una base razonable para creer que en Venezuela se ha cometido "un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) y la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Así lo asegura en un documento de 22 páginas presentado el 30 de marzo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en el que desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Se trata del caso "Venezuela I" que abrió la anterior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda, gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.
En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidió bajarse de esta denuncia colectiva, por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo".
Nada más alejado de la realidad. En su documento, el fiscal de la Corte Penal sostiene que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.
Describe que “las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además apunta que la Fiscalía de la CPI "llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Venezuela es el primer país del continente americano que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Actualmente el proceso está paralizado por la solicitud que hizo el régimen de Maduro para que se suspenda la investigación, con el argumento de que en su país ya hay investigaciones en curso por parte de la Justicia chavista.
Sin embargo, el fiscal Khan ha sido enfático en su documento al señalar que“la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones“.
Es que la Corte Penal Internacional va más allá de los autores materiales de los crímenes. Su objetivo es investigar y castigar la cadena de mando, los altos funcionarios del régimen que ordenaron y permitieron perpetrar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello el fiscal Karim Khan ha señalado que la investigación en La Haya debe continuar. Algo que decidirá en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, luego de haber recibido las observaciones del régimen, la respuesta del fiscal y los testimonios de más de 2 mil víctimas venezolanas.
Este lapidario documento del fiscal de la CPI se hizo público el mismo día que se divulgó el informe de "Lupa por la Vida", una coalición de prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, que documentó al menos 824 ejecuciones extrajudiciales en el país durante el año 2022, cometidas por militares y policías del régimen de Maduro.
Comentarios
Guerra interna en el régimen chavista tras la desaparición de 3.000 millones de dólares del petróleo
Medios oficialistas calculan que es la cantidad desaparecida de las arcas del Estado por la corrupciónhttps://www.elmundo.es/internacional/2023/03/19/64173ff0fc6c83d6088b45ac.html
Y ojo, es la cifra oficial de ellos, así que lo más seguro es que sea muchísimo más...
Purga chavista
Reuters Exclusive- The long chain of middlemen PDVSA has resorted to since 2020 have left it with $21.2 bln in accounts receivable, which represents 84% of invoiced oil exports. That explains Tellechea's order to freeze supply contracts and the arrests that followed. Link to come
https://www.youtube.com/live/XsgBr3Mb8cM?feature=share
¿Quién es Tareck El Aissami? Exministro de Maduro que claudica en medio de escándalo de corrupción
https://twitter.com/i/status/1638526930747105284
Suman 19 detenidos en Venezuela en "cruzada" contra la corrupción
https://twitter.com/i/status/1639668571067371522
BUSCAN DESAPARECER A EL AISSAMI
PDVSA: El robo silente del chavismo que ahora retumba en el mundo
DELCY SACÓ A EL AISSAMI DE PDVSA
El fiscal de La Haya documentó palizas, asfixia, ahogamientos, descargas eléctricas y violaciones sexuales en Venezuela.
Los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro podrían estar más cerca de tener que sentarse en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgados porcrímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El fiscal de La Haya, Karim Khan, ha sido lapidario. Existe una base razonable para creer que en Venezuela se ha cometido "un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) y la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
Así lo asegura en un documento de 22 páginas presentado el 30 de marzo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en el que desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Se trata del caso "Venezuela I" que abrió la anterior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda, gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.
En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidió bajarse de esta denuncia colectiva, por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo".
Nada más alejado de la realidad. En su documento, el fiscal de la Corte Penal sostiene que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.
Describe que “las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Además apunta que la Fiscalía de la CPI "llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Venezuela es el primer país del continente americano que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Actualmente el proceso está paralizado por la solicitud que hizo el régimen de Maduro para que se suspenda la investigación, con el argumento de que en su país ya hay investigaciones en curso por parte de la Justicia chavista.
Sin embargo, el fiscal Khan ha sido enfático en su documento al señalar que“la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rango y los crímenes se enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones“.
Es que la Corte Penal Internacional va más allá de los autores materiales de los crímenes. Su objetivo es investigar y castigar la cadena de mando, los altos funcionarios del régimen que ordenaron y permitieron perpetrar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello el fiscal Karim Khan ha señalado que la investigación en La Haya debe continuar. Algo que decidirá en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, luego de haber recibido las observaciones del régimen, la respuesta del fiscal y los testimonios de más de 2 mil víctimas venezolanas.
Este lapidario documento del fiscal de la CPI se hizo público el mismo día que se divulgó el informe de "Lupa por la Vida", una coalición de prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, que documentó al menos 824 ejecuciones extrajudiciales en el país durante el año 2022, cometidas por militares y policías del régimen de Maduro.
https://www.clarin.com/mundo/corte-penal-internacional-maduro-ejecuto-plan-sistematico-ataques-encarcelamiento-torturas-poblacion-civil_0_c5Mn7TO9sz.html
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