El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, inauguró las instalaciones que desde hoy se conocerá como el "Edificio Azul", en donde se prestará el servicio de sanidad a los hombres y mujeres de laArmada Colombia y Fuerza Aérea Colombiana
Todo en sus reales proporciones. No son 5.000, ni 7.500 y menos 10.000 "falsos positivos"...
La real dimensión de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia
El fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales acaecidas en las últimas
dos décadas en Colombia debe ser referenciado en sus justas
proporciones.
Que la Justicia Especial de Paz asumiera competencia sobre esta
materia es un buen indicador, ya que se podrá tener una aproximación a
la verdad y con ello disipar las múltiples versiones y la desinformación
que abunda sobre esta materia.
Es un hecho cierto que en Colombia se presentaron los delitos de
homicidio en persona protegida y homicidio agravado, como se reconocen
en el orden interno o de “ejecución extrajudicial”, según la normativa
internacional, en el marco del conflicto armado. No “falsos positivos”,
como se han denominado mediáticamente, pues aunque se les agregue el
condicionante de “mal llamados” esto supone per se, que se trata de una expresión equivoca, de donde no vale reproducir este concepto. Dicho esto, sí debe destacarse que las versiones sobre la forma como acaecieron estos graves hechos han caído en el más profundo hoyo de la especulación y la desinformación.
Información de prensa señala que la Fiscalía General de la Nación
hizo entrega a la JEP de un extenso documento sobre este fenómeno
delictivo y que lo denominó“informe de Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” del cual se han dado a conocer a la opinión pública algunas cifras, de las cuales vale destacar.
Primero. El manejo irresponsable que se le ha dado a la cifra de
víctimas de las ejecuciones extrajudiciales acaecidas en el marco del
conflicto, incrementa la polarización y exacerba odios de uno u otro
sector político, algunas publicaciones de docentes
universitarios y distintas ONG han señalado que en Colombia existieron
más de “10.000 falsos positivos” sin mediar fuentes
transparentes y han sido tan irresponsables estas aseveraciones, que
fueron usadas como caballo de batalla de algunos líderes políticos en
las campañas al Congreso y Presidencia, en las que de forma populista
se incrementaban de una semana a otra las cifras de victimización de
5.000 a 7.000, 8.000 o 10.000 víctimas, sólo bajo argumentos discursivos
e intereses politiqueros, pues como se ha dicho, dicha estimación no
cuenta con riguroso soporte; ni que decir de las redes sociales que han
sido campo de batalla de simpatizantes de una u otra tendencia política
sobre la supuesta existencia de un Estado genocida y masacrador, con
base en cifras que han hecho carrera sin suficiente acreditación que las
respalde. Por eso, este quinto informe de la Fiscalía y la priorización
de la JEP sobre esta materia pueden ayudar a dar una proporción real al
problema de forma sustentada y bajo estándares oficiales.
El informe establece que, inicialmente, existen cerca de 2.100 procesos judiciales que involucran a agentes de Estado
y de los cuales se identificaron 2.248 víctimas directas, lo cual
demarca un primer punto de partida: no se trata de 5.000 ni 10.000
muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, sino cerca de
una quinta parte de lo que recientemente se ha indicado, esto sin
desconocer los bajos niveles de denuncia, que en Colombia podrían llevar
a un sub registro del número de víctimas de este flagelo, pero con el
soporte real de los datos que se han levantado en terreno por parte del
ente acusador. Así mismo, el hecho de que se trate de investigaciones y
procesos que están en curso implica que se presume la inocencia de los
procesados y, por ende, que se les debe demostrar en juicio su
culpabilidad, según los procedimientos de la JEP, por lo cual el número
de condenas puede representar una cifra de victimización ostensiblemente
inferior a la de los 2.248 que reportan el informe de la Fiscalía. En
adición, se deberán tener en cuenta para establecer la dimensión real
del flagelo, las sentencias que serán objeto de la acción revisión que
provengan de la justicia ordinaria y que serán nuevamente estudiadas por
la Jurisdicción Especial de Paz. El reto entonces será establecer
canales efectivos para la reparación de las víctimas directas e
indirectas, así como el conocimiento de la verdad sobre estos hechos.
Segundo. Otro elemento fundamental es el marco temporal. Al ser el
conflicto colombiano una confrontación asimétrica de baja intensidad y
de larga duración, sus fases y dinámicas no han sido permanentes. Por
el contrario, tras el paso de los años ha sufrido transformaciones, han
desaparecido y se han involucrado nuevos actores, ha tenido fases de
extrema violencia y terrorismo y otras de menor intensidad; es decir, es
necesario comprender y limitar los momentos en que sucedieron los
hechos. Así las cosas, que los homicidios en persona protegida y el
homicidio agravado ocurrieran principalmente en la primera década del
milenio indica que no se trató de una práctica recurrente en los cerca de 60 sesenta años de la violencia en Colombia, sino de un fenómeno claramente identificable en un periodo de nuestra historia.
Tercero. El ejercicio comparado que se ha dado en los países que han
pasado de dictaduras a democracias y de los cuales se han construido
manuales para la aplicación de transiciones judiciales y de memoria
histórica, no son aplicables al caso colombiano, entre otras porque en
el país no se dio una dictadura militar, sino que la Fuerza Pública
actuó supeditada a la política gubernamental y al poder civil. Esto de
entrada marca una pauta de acción; por ello, quienes se inspiran en los
procesos de juzgamiento de militares como el llevado a cabo en el Cono
Sur, parten de una premisa errada, ya que las características, las
intensidades y las problemáticas son diametralmente opuestas, lo que
indica que en Colombia el juicio a miembros de los organismos de
seguridad del Estado debe darse bajo la excepcionalidad de la realidad
interna. Por suerte, el carácter sui generis de la justicia transicional en Colombia contempla esas diferencias. El
debate estará en la relevancia y sobre todo en la ponderación que se
les otorgue a estas problemáticas en instituciones como la Comisión de
la Verdad.
Cuarto. Una vez que se ha dado un primer paso en limitar el
problema, vienen los debates tradicionales sobre la responsabilidad de
mando, el hombre de atrás, la coautoría impropia y demás postulados,
para la determinación de la responsabilidad de altos mandos militares en
estos casos. Al respecto, el reciente fallo sobre el caso Bemba
proferido por la Corte Penal Internacional arroja líneas de
análisis sobre la interpretación y los límites de responsabilidad que se
le pueden atribuir a superiores y subalternos.
Quinto. Es necesario que se incrementen el número y el tipo de
fuentes que se están utilizando para establecer la cantidad de víctimas y
la caracterización de los hechos que rodearon estos homicidios, ya que
se han consolidado algunas bases de información, centros de pensamiento y
unas fuentes específicas sobre las que se han soportado las
investigaciones, lo que por principio básico lleva a que las
conclusiones de las mismas sean limitadas, en algunos casos imprecisas y
en muchos otras tendenciosas. Por eso, para evitar que se sobrepongan
los intereses y las narrativas ideologizadas sobre lo sucedido en el
conflicto, es necesario que se amplíe el número y la calidad de las
fuentes para la determinación de la verdad de lo sucedido, de lo
contrario solo se consolidarán, como ha ocurrido reiteradamente a lo
largo de la historia, unas visiones de vencedores y vencidos (víctimas y
victimarios) que no siempre se compadecen con la realidad y por las
cuales sobrevienen recrudecimientos en la violencia ya sea por
cuestiones políticas o ideológicas. Al respecto podrían tenerse en
cuenta las cifras y fuentes proferidas por cortes internacionales,
archivos oficiales, evidencias encontradas en la aplicación de la ley
de Justicia y Paz, entre otros. Definitivamente, los retos sobre el establecimiento de la verdad jurídica y la verdad histórica son mayúsculos.
Sexto. Todo esto supone que las investigaciones sobre este fenómeno
delictivo, por justicia y necesidad, deban identificar a los
responsables e imponerles las condenas pertinentes, bajo el principio de
la justa proporción en la asignación de responsabilidades, donde no
prime la culpa simplemente por los grados militares sino teniendo en
cuenta los criterios estructurales del Derecho Operacional, como
requisito para la reconciliación. Del mismo modo, para todas las
entidades del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no
Repetición, es imperativo no limitar las investigaciones a la
responsabilidad de agentes de Estado, sino en tratar de develar todos
los hechos victimizantes y actividades delictivas en las que incurrieron
los grupos armados ilegales en los cuales se concentran las mayores
cifras de victimización que no se cuentan en miles sino en cientos de
miles y millones, por ejemplo, sobre las implicaciones del
desplazamiento, con el fin de establecer una aproximación integral a la
verdad.
De manera tal que este tipo de asuntos son de vital importancia,
primero, para que la verdad no sea la primera sacrificada en este
proceso; segundo, para evitar la polarización y el recrudecimiento de la
violencia por causas político/ideológicas; tercero, para conocer la
realidad de lo sucedido en su justa proporción y con ello disipar la
desinformación y la especulación y; por último, porque el país lo
necesita para poder dar un paso hacia la reconciliación.
Esto quiere decir que las ejecuciones extrajudiciales a lo largo del conflicto no son las cifras que nos presentan los señores de siempre, que ya sabemos quiénes son, y que sólo buscaban levantar ira y odio entre la población contras las FFAA. Si bien no se puede justificar éste accionar delictivo, tampoco es como lo quieren hacer ver. La Fiscalía, que ha levantado información y cuerpos en terreno, informa que la cantidad de víctimas a lo largo de su existencia como ente y que sospecha son de éste delito son 2.100 casos.
Cómo lo dice el artículo, pueden haber X cantidad de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pero también hay mucha falta de denuncias así que bueno,... Por lo pronto la justicia ópera dentro de sus límites, que empiezan por las denuncias así que los casos en manos de la justicia pueden ser "solo" más de dos mil pero son muchos más los que jamás verán la luz.
Aunque el numero es menor de lo esperado producto de unos oportunistas, tampoco es justificación y menos el hecho de que aun no hayan sido procesado los responsables de esos 2000 mil muertos ya sean militares, civiles o agentes ilegales.
Aunque el numero es menor de lo esperado producto de unos oportunistas, tampoco es justificación y menos el hecho de que aun no hayan sido procesado los responsables de esos 2000 mil muertos ya sean militares, civiles o agentes ilegales.
Estamos de acuerdo que eso es inadmisible, eso no se puede justificar.
Sin embargo, usted comete un error y es al decir que no han sido procesados los responsables de esos hechos.
Claro que hay militares detenidos y están encarcelados pagando su pena por ese delito.
Ahora, imagino que hay mucha gente esperando que la responsabilidad ascienda hasta el nivel de Generales y gobierno nacional. Pero para eso hay que recaudar pruebas concluyentes, no decir por decir.
Hasta ahora las responsabilidades llegan hasta los mandos medios (suboficiales y oficiales hasta Coroneles) ya que estos eran los que estaban "más cerca" de los hechos y los que a la larga terminaron permitiendo esa actuación.
Por ejemplo: el caso del General Montoya. La defensa del General es fuerte, según su abogado, ya que han adjuntado a la JEP más de 2.500 documentos y folios donde el General Montoya daba constantemente órdenes de preservar la vida y los DDHH de la gente, incluso del enemigo. Así pues ¿Quién acusa a un General por un falso positivo si durante su carrera se la pasó ordenando lo contario?
Muchos dirán que esas órdenes jamás aparecerán porque obviamente no les convenía. Entonces queda la tarea de demostrar que efectivamente se dieron esas órdenes, no suponer que las dieron.
Eso no es tan fácil como la izquierda lo quiere hacer ver...
Aunque el numero es menor de lo esperado producto de unos oportunistas, tampoco es justificación y menos el hecho de que aun no hayan sido procesado los responsables de esos 2000 mil muertos ya sean militares, civiles o agentes ilegales.
Estamos de acuerdo que eso es inadmisible, eso no se puede justificar.
Sin embargo, usted comete un error y es al decir que no han sido procesados los responsables de esos hechos.
Claro que hay militares detenidos y están encarcelados pagando su pena por ese delito.
Ahora, imagino que hay mucha gente esperando que la responsabilidad ascienda hasta el nivel de Generales y gobierno nacional. Pero para eso hay que recaudar pruebas concluyentes, no decir por decir.
Hasta ahora las responsabilidades llegan hasta los mandos medios (suboficiales y oficiales hasta Coroneles) ya que estos eran los que estaban "más cerca" de los hechos y los que a la larga terminaron permitiendo esa actuación.
Por ejemplo: el caso del General Montoya. La defensa del General es fuerte, según su abogado, ya que han adjuntado a la JEP más de 2.500 documentos y folios donde el General Montoya daba constantemente órdenes de preservar la vida y los DDHH de la gente, incluso del enemigo. Así pues ¿Quién acusa a un General por un falso positivo si durante su carrera se la pasó ordenando lo contario?
Muchos dirán que esas órdenes jamás aparecerán porque obviamente no les convenía. Entonces queda la tarea de demostrar que efectivamente se dieron esas órdenes, no suponer que las dieron.
Eso no es tan fácil como la izquierda lo quiere hacer ver...
Hay que quitarle ese epiteto de izquierda o derecha a las cuestiones judiciales aunque sean ellos los que mas reclamaciones hacen al gobierno. Una sociedad democratica jamas debe dejar en el olvido estas aberraciones contra jovenes inocentes que ni mas ni menos menos tenian color ni tendencia politica eran ciudadanos muertos injustificadamente es asi como se debe tratar este caso. De igual forma como esta pasando con los lideres sociales.
Cuando hablo de la izquierda es porque ellos son los que agrandan las cifras, las multiplican a la X potencia para magnificar el hecho y no lo hacen de buenas personas. Todos conocemos sus intenciones.
Las cosas deben ser en sus reales proporciones, no con cosas inventadas. El hecho es lo suficiente grave como para andar inventándose cifras.
Comentarios
Fotografías: Víctor Manuel Holguín/Mindefensa.
Ministerio De Defensa Nacional
El Salvador busca en Colombia equipamiento para sus Fuerzas Armadas
https://www.defensa.com/centro-america/salvador-busca-equipamiento-para-fuerzas-armadas-colombia
https://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-real-dimension-de-las-ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia
Esto quiere decir que las ejecuciones extrajudiciales a lo largo del conflicto no son las cifras que nos presentan los señores de siempre, que ya sabemos quiénes son, y que sólo buscaban levantar ira y odio entre la población contras las FFAA. Si bien no se puede justificar éste accionar delictivo, tampoco es como lo quieren hacer ver. La Fiscalía, que ha levantado información y cuerpos en terreno, informa que la cantidad de víctimas a lo largo de su existencia como ente y que sospecha son de éste delito son 2.100 casos.
Hay que quitarle ese epiteto de izquierda o derecha a las cuestiones judiciales aunque sean ellos los que mas reclamaciones hacen al gobierno. Una sociedad democratica jamas debe dejar en el olvido estas aberraciones contra jovenes inocentes que ni mas ni menos menos tenian color ni tendencia politica eran ciudadanos muertos injustificadamente es asi como se debe tratar este caso. De igual forma como esta pasando con los lideres sociales.
Ocho mandos de Ejército, Policía y Armada rinden homenaje a la cienciología
Presidente en la entrega de obras Centro de Capacidades para la Ciberseguridad en Colombia (C4)
Bogotá tendra nuevo Centro de Capacidades para la Ciberseguridad
Ministerio De Defensa Nacional
PA que!! Que el hombre va infundir respeto en los militares. Con la chaqueta de la FAC.
Howdy, Stranger!
RegistrarseIt looks like you've been lurking for a while.
If you register, we will remember what you have read and notify you about new comments. You will also be able to participate in discussions.
So if you'd like to get involved, register for an account, it'll only take you a minute!