La reacción del gobierno tendría que ser hacer valer la Institucionalidady las leyes de la República, eso es una vergüenza, una burla, ese pavoneo de delincuentes por el País desplegando su discurso bolivariano, anti-imperialista y socialista con la anuencia del Estado da miedo, el ejercicio político con las armas en la mano va en contra de todo lo dicho por los plenipotenciarios del gobierno y el propio presidente.
Hola a todos.
¿Se acuerdan lo que les decía páginas atrás en este hilo?
Una cosa es que las FARC anuncien esto y lo otro, planifiquen un cronograma "político" y sueñen con conquistar el país en territorio Cubano y otra cosa muy distinta es que en territorio Colombiano les "compren" esas ideas.
Aquí su proselitismo y sus formas no tendrán apoyo popular significativo.
Santos dice que 'Farc buscan hacer revolución a través de la Constituyente'
A veces uno no sabe ni que pensar con laclase política Colombiana y sus anti-valores tan profundamente enquistados, esta gente hace nugatorio el Estado de Derecho, nuestros políticos toleran unas cosas que en ningún País de la OCDE se aguantarían, no lo permitiría la Institucionalidad y los límites o talanqueras morales que como República tienen.
Siguiendo con lo relacionado con la CPI y el proceso:
'Colombia no es un tema prioritario para la Corte Penal Internacional'
Kai Ambos, experto en derecho penal internacional y partícipe, en 1998, en la elaboración del Estatuto de Roma, que dio vida a la Corte Penal Internacional, estuvo en Colombia para hablar de justicia y de paz.
Ambos, de origen alemán, habló con EL TIEMPO sobre los desafíos que tiene Colombia en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre el papel de ‘coco’ que algunos sectores le quieren dar a la CPI frente al proceso con las Farc.
Usted conoce las reglas de la Corte Penal Internacional. ¿Comparte lo que dice el procurador Alejandro Ordóñez, en el sentido de que las condiciones bajo las que está planteada la Jurisdicción Especial, sobre todo en el tema de las penas, no pasarán el examen de la CPI?
Los documentos del proceso de paz dicen que hay una pena máxima de 20 años en casos de un no reconocimiento de los hechos y pena de 5 u 8 años para el sí reconocimiento. La pena alternativa no es invento de este acuerdo, es algo que se usó en el proceso de paz del gobierno Uribe con las autodefensas. Aquí la pregunta es si el Derecho Internacional tiene estándares concretos para crímenes internacionales. La Corte Interamericana, por ejemplo, dice que ese tipo de crímenes debe recibir una sanción adecuada. Nunca ha dicho que sean 20, 30 o 10 años. Si tomamos el Estatuto de Roma, tenemos la pena temporal de 30 años y la cadena perpetua. Pero, la diferencia es que Colombia no es una institución internacional, es un Estado.
¿Eso qué implica?
No existe una regla en Derecho Internacional que le diga a un Estado que tiene que poner una pena específica. Además, el acuerdo dice que no va a haber amnistía. La línea roja del delito político y delito conexo es el crimen internacional, y eso está claro en el acuerdo. Como teórico reconozco que todo depende de la implementación. Se puede escribir mucho en el papel, pero lo importante es cómo se va a hacer.
¿Podría decirse que las dos únicas condenas que ha interpuesto la CPI en sus 13 años de vida son una muestra de que su posible intervención es un miedo infundado?
Ese temor es totalmente exagerado. Este acuerdo tiene otros riesgos más grandes que la CPI. Tiene un gran problema en el mecanismo de legitimación; en este momento no sabemos si el 13 por ciento de la población va a estar de acuerdo con él. Y hay otros problemas en la implementación. Hay que resolver cómo va a ser acceso a la justicia, cómo se puede hacer la reforma agraria, etc. Son tantos retos que Colombia tiene que resolver que yo no me preocuparía tanto por la CPI.
¿Cuál es el reto principal de la Jurisdicción Especial para la Paz?
El gran tema del acuerdo va a ser la implementación y cómo podemos integrar a las víctimas. Yo propondría por ejemplo un estatuto de víctimas que establezca concretamente cuáles son sus derechos, que diga que pueden tener un abogado pagado por el Estado, cosas así. Las víctimas deben tener una participación muy fuerte en la Comisión de la Verdad, en la que necesitamos colombianos con una muy alta reputación, un comité de personalidades sobre cuya integridad no exista ninguna duda. También es un reto la elección de los jueces, que deben ser jueces con independencia, integridad y objetividad. Si eso no se cumple, va a ser el fracaso del tribunal. El componente internacional es importante, pero solo funcionará si tienen buenos colombianos en ese tribunal.
¿Cree entonces que lo que hay hasta ahora de la Jurisdicción Especial tiene legitimidad ante la comunidad internacional?
Claro. Ustedes los colombianos tienen una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es también muy difícil que la Corte ignore que la comunidad internacional está aquí, lista para apoyar al país. Colombia no es prioritario hoy para la CPI. Con tantos problemas en Medio Oriente y los casos africanos, Colombia no va a aparecer en primera plana. Sería algo absurdo si en un país que busca terminar un conflicto con una guerrilla como las Farc hubiera una intervención de una instancia como la CPI.
Con respecto a la aplicación de justicia, ¿cómo ve usted el proceso que se hizo con los paramilitares?
Tenemos que distinguir entre la norma y la realidad. La Ley 975 no me parece mala, si bien el gobierno de la época quería una ley sin pena. En ese entonces, solo para recordar, funcionarios de ese gobierno no querían saber nada de la CPI, y es la misma gente que hoy evoca a la Corte Penal. Pero más allá de eso, la Ley 975 tenía muchos problemas de implementación. Uno de los problemas fue que no hubo una priorización de casos. Otro gran problema es que todo se basó en la versión libre de los ex-Auc. O sea, el Estado no presentó su versión de los hechos, como en teoría va a hacerse en este proceso.
¿Donde están los que se hacen matar por este par de hijue... ?¿Como les quedó el ojo? jaajajajajajajajajaja
Petro y Uribe: ¿alianza a la vista?
Crecen las voces que piden una constituyente después de que se logren los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional.
El uribismo ha insistido en este tema a través de sus voceros principales Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga. En diferentes foros y medios de comunicación han insistido en las últimas horas en esa tesis que coincide con la solicitud de las Farc y de otros sectores políticos como los representados por Piedad Córdoba y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
RCN Radio supo que algunos cercanos tanto al expresidente Uribe como a Petro están intentando propiciar un encuentro entre los dos para buscar consensos alrededor de una posible constituyente.
Por el momento no se ha concretado esa posibilidad pero algunas fuentes confirman a RCN Radio que están trabajando en ello.
· En el Congreso se decide una posible reforma a la Ley 418 de 1997, que permitiría la declaración de dichas áreas para los miembros de la organización terrorista. “No existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación”, manifestó el jefe del Ministerio Público en su misiva.
· La Procuraduría recomendó que las “zonas de ubicación” no se creen en territorios en los que habiten víctimas de las FARC, se desarrollen actividades como la minería ilegal o el narcotráfico, o estén ubicadas en zonas de frontera.
· El procurador alertó que si no se realizan las debidas precisiones, algunas zonas del país podrían quedar bajo el control de las FARC durante décadas o mucho más tiempo.
Ante los documentados crímenes y excesos de la organización terrorista FARC durante el despeje de ‘El Caguán’, en los departamentos de Meta y Caquetá entre 1999 y 2002, y los recientes hechos de proselitismo armado de este grupo ilegal en el corregimiento de Conejo (La Guajira), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó al Congreso de la República establecer medidas que protejan la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos frente a la eventual reforma de la Ley 418 de 1997 y la creación de “zonas de ubicación” para las fuerzas guerrilleras en desarrollo del proceso de diálogo que se adelanta con el Gobierno Nacional.
En comunicación enviada hoy al presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, el jefe del órgano de control recomendó que en los proyectos de Ley de Senado y Cámara presentados en la materia se incluyan precisiones que salvaguarden los principios básicos del Estado de Derecho y los Derechos Humanos de los ciudadanos del país.
“No existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación. Tal y como aparece la norma, permitiría que bajo ese cambio de rótulo se repitiera la experiencia de ‘El Caguán’. Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas únicamente se podrán crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilización del grupo, esto es, su disolución como aparato militar. Por tanto, las zonas de ubicación solo se pueden implementar posteriormente a la firma del Acuerdo Final, el cual deberá contener las reglas sobre el desarme y la desmovilización, al igual que el cronograma pactado por el Gobierno y las FARC”, señaló el procurador general en la misiva.
El jefe del órgano de control advierte igualmente que de no restringirse la creación de las “zonas de concentración” a la firma previa de un acuerdo final, las Fuerzas Militares y de Policía podrían verse en la obligación de brindar seguridad a estructuras armadas de la guerrilla cuando persiste el conflicto armado en Colombia, es decir, paralizar su acción institucional ante una “injustificada gabela a los grupos ilegales.
“También dice el proyecto: ‘En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso’. Esto ratifica que la creación, duración y final de las ‘zonas de ubicación’ no está supeditada a la desmovilización y el desarme, sino al final del proceso de paz; lo cual genera serios riesgos en la aplicación de la figura. Por ejemplo, ¿cuándo finaliza el proceso? ¿Cuándo se cumplan los acuerdos con las FARC? El Gobierno ha señalado que esto puede durar 10 años. ¿Se mantendrán entonces por una década o más esas zonas de ubicación bajo control de las FARC? ¿Durante ese tiempo los guerrilleros estarían protegidos ante las órdenes de captura? Eso agrava mucho más la situación si las zonas afectan directa o indirectamente a la población civil y es incompatible con el estado de derecho”, explicó el procurador en su comunicación.
El procurador formuló igualmente al Congreso seis limitantes necesarias para la eventual reforma a la ley de orden público en lo que se refiere a ubicación de frentes o columnas de la organización terrorista. Según la comunicación, no pueden establecerse estas zonas en los puntos de Colombia donde:
1. Existan asentamientos de población civil, en especial en aquellas zonas donde las personas hayan sido víctimas del grupo guerrillero.
2. Se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar un daño.
3. Se trate de territorios donde se lleven a cabo actividades de minería criminal.
4. Sean zonas de concentración de cultivos ilícitos, infraestructura para el procesamiento de coca y corredores para el tráfico de estupefacientes
5. Estén ubicadas en franjas fronterizas, por razones de seguridad nacional.
6. Que comprenda áreas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podrían favorecerse con la parálisis de la Fuerza Pública.
El procurador de los colombianos destacó la importancia de incluir a los proyectos de Ley la normativa que consagre la Consulta Previa a grupos étnicos respecto a las zonas y el impacto sobre estas poblaciones.
“Su omisión puede causar responsabilidad internacional del Estado y ser un factor de nuevos conflictos sociales y violentos. Las comunidades que se protegen con este mecanismo no pueden someterse, ni someter sus territorios, al acuerdo que en La Habana convengan los miembros de las FARC y el Gobierno, sin que previamente se haya efectuado tal consulta y se garanticen plenamente sus derechos constitucionales”, explicó.
Finalmente, el procurador Ordóñez Maldonado advirtió que las propuestas de reforma a la Ley 418 de 1997 podrían abrir la puerta a que el presidente de la República tenga la facultad de suspender órdenes de captura en contra de miembros de la organización terrorista y ello signifique, en la práctica, su plena libertad para desplazarse por el territorio nacional pese a la responsabilidad en actos atroces contra el pueblo colombiano.
“Tal y como está redactada la norma, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio de las FARC, miembros del Secretariado, gozarán de libertad absoluta a partir del momento de la firma del Acuerdo Final. No cumplirán las penas a las cuales han sido condenados y se dejan sin eficacia las condenas que se emitan aún después de la firma por la justicia ordinaria. Advierte la Procuraduría que este evento se produciría aún sin entrega de armas, ni desmovilización del grupo, en la medida que ambas cosas serán posteriores a la firma del acuerdo. Tal situación debe ser corregida por el Congreso, pues tiene los mismos efectos prácticos que la suspensión total de la pena y configura un primer paso en el camino a la impunidad”, concluyó.
El respaldo al diálogo con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para acabar la confrontación de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos, bajó 13 puntos porcentuales en comparación con el sondeo de diciembre.
Bogotá.El apoyo a la negociación de paz del Gobierno de Colombia con las FARC cayó a 54%, un reflejo de la falta de confianza con los plazos establecidos para la firma de un acuerdo y de la incertidumbre por una violación a las reglas de las conversaciones, reveló una encuesta de Gallup.
El respaldo al diálogo con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar la confrontación de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos, bajó 13 puntos porcentuales en comparación con el sondeo de diciembre.
La encuesta bimestral de Gallup también mostró una caída del optimismo. Ahora 80% de los encuestados no cree que se llegará a un acuerdo el 23 de marzo, la fecha fijada por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, para firmar los pactos.
En diciembre 45% creía que si se firmaría el acuerdo en esa fecha y 52% que no.
La encuesta también mostró que 53% votaría en un referendo a favor de los acuerdos firmados, 10 puntos porcentuales menos en comparación con el sondeo de diciembre.
Cuatro negociadores de las FARC procedentes de Cuba, la sede del diálogo de paz desde finales del 2012, entraron el 18 de febrero al pueblo de El Conejo, en el departamento de la Guajira, escoltados por guerrilleros uniformados y armados.
El gobierno acusó a la guerrilla de violar las reglas acordadas para que los líderes rebeldes explicaran a los combatientes los avances de la negociación en sus campamentos, situación que negaron las FARC provocando un impasse que se superó con la mediación de Cuba y Noruega.
Pese a los altibajos, en la negociación las partes ya lograron consensos en varios temas y actualmente discuten el cese bilateral y definitivo del fuego -que incluye zonas de concentración para la guerrilla con la supervisión de Naciones Unidas- y los mecanismos de refrendación de los acuerdos.
Mientras, el apoyo a la gestión del presidente Santos cayó a 24%, 18 puntos porcentuales menos que en diciembre, mientras que la desaprobación subió a 69%.
El sondeo fue realizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, en donde se entrevistaron a 1.200 personas con un margen de error de 5%.
AndresK dijo: Yo me pregunto: Si lo que se viene es tan grave, según ellos, ¿por qué no han empezado a pedir asilo en otros países?
Muchos se han ido Andrés, y casos hay de asilos aunque no muchos, sobre todo periodistas amenazadosque no siguen la línea editorial del gobierno, o se van o no trabajan. Van a parar a Miami por lo general.
Lo cierto es que el tiempo para las FARC esta que se acaba. hay plazo hasta 23 de Marzo de 2016 y no creo que se halla concretado como mucho, esperemos a ver
Lo cierto es que apenas inicia la campaña de las fuerzas armadas y policía.
Plan Colombia, mas robusta
Políticas de desminado, aplicados por los mismos Insurgentes
Investigaciones de vinculación con el narcotráfico y otros temas
AndresK dijo: Eso es bien raro: Centro Democrático y Unidad Nacional apoyando esa ley casi con unanimidad...
Para mi no es tan raro, los de cambio radical son muy cómodos, apoyan las iniciativas del gobierno cuando les conviene, y meten mucha presión al ejecutivo para aprobar la agenda legislativa. Además, dígame que departamento o municipio quiere que en el área de su jurisdicción exista una zona de concentración de bandidos, yo creo que nadie, un alcalde, un gobernador o un congresista que tenga su nicho electoral en un territorio de esos, no podría ver con buenos ojos que las farc se asienten en zonas pobladas, es sumamente impopular.
Además las propuestas del CD son coherentes, instituir un inventario, control y seguimiento de las armas entregadas, perdón dejadas, y de los "combatientes" que se desmovilicen.
Comentarios
Santos suspende visitas de negociadores de FARC a Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=hvjH-_NEf2c
La reacción del gobierno tendría que ser hacer valer la Institucionalidady las leyes de la República, eso es una vergüenza, una burla, ese pavoneo de delincuentes por el País desplegando su discurso bolivariano, anti-imperialista y socialista con la anuencia del Estado da miedo, el ejercicio político con las armas en la mano va en contra de todo lo dicho por los plenipotenciarios del gobierno y el propio presidente.
Hola a todos.
¿Se acuerdan lo que les decía páginas atrás en este hilo?
Una cosa es que las FARC anuncien esto y lo otro, planifiquen un cronograma "político" y sueñen con conquistar el país en territorio Cubano y otra cosa muy distinta es que en territorio Colombiano les "compren" esas ideas.
Aquí su proselitismo y sus formas no tendrán apoyo popular significativo.
Santos dice que 'Farc buscan hacer revolución a través de la Constituyente'
Publicado el 18 feb. 2016
Auf Wiedersehen.
A veces uno no sabe ni que pensar con laclase política Colombiana y sus anti-valores tan profundamente enquistados, esta gente hace nugatorio el Estado de Derecho, nuestros políticos toleran unas cosas que en ningún País de la OCDE se aguantarían, no lo permitiría la Institucionalidad y los límites o talanqueras morales que como República tienen.
Esos son los idiotas utiles de la FARC , negro panorama para Colombia , otra Venezuela , para alla va Colombia
Siguiendo con lo relacionado con la CPI y el proceso:
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-kai-ambos-experto-en-derecho-penal-internacional/16516713
¿Donde están los que se hacen matar por este par de hijue... ?¿Como les quedó el ojo? jaajajajajajajajajaja
Increíble: las farc, Petro y Uribe juntos por la Constituyente...
¿Quién se esperaba eso?
Procurador Alejandro Ordóñez formuló advertencias para evitar que se repitan crímenes y excesos de las FARC en las denominadas "zonas de ubicación"
Boletín 130
Fuente: PGN
Fecha Publicación: sábado, 27 febrero 2016 08:45 AM
· Lo hizo a través de comunicación enviada al presidente del Senado de la República y ante los hechos ocurridos recientemente en Conejo (La Guajira) y años atrás en la zona de despeje de ‘El Caguán’ (Meta y Caquetá).
· En el Congreso se decide una posible reforma a la Ley 418 de 1997, que permitiría la declaración de dichas áreas para los miembros de la organización terrorista. “No existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación”, manifestó el jefe del Ministerio Público en su misiva.
· La Procuraduría recomendó que las “zonas de ubicación” no se creen en territorios en los que habiten víctimas de las FARC, se desarrollen actividades como la minería ilegal o el narcotráfico, o estén ubicadas en zonas de frontera.
· El procurador alertó que si no se realizan las debidas precisiones, algunas zonas del país podrían quedar bajo el control de las FARC durante décadas o mucho más tiempo.
Ante los documentados crímenes y excesos de la organización terrorista FARC durante el despeje de ‘El Caguán’, en los departamentos de Meta y Caquetá entre 1999 y 2002, y los recientes hechos de proselitismo armado de este grupo ilegal en el corregimiento de Conejo (La Guajira), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó al Congreso de la República establecer medidas que protejan la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos frente a la eventual reforma de la Ley 418 de 1997 y la creación de “zonas de ubicación” para las fuerzas guerrilleras en desarrollo del proceso de diálogo que se adelanta con el Gobierno Nacional.
En comunicación enviada hoy al presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, el jefe del órgano de control recomendó que en los proyectos de Ley de Senado y Cámara presentados en la materia se incluyan precisiones que salvaguarden los principios básicos del Estado de Derecho y los Derechos Humanos de los ciudadanos del país.
“No existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación. Tal y como aparece la norma, permitiría que bajo ese cambio de rótulo se repitiera la experiencia de ‘El Caguán’. Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas únicamente se podrán crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilización del grupo, esto es, su disolución como aparato militar. Por tanto, las zonas de ubicación solo se pueden implementar posteriormente a la firma del Acuerdo Final, el cual deberá contener las reglas sobre el desarme y la desmovilización, al igual que el cronograma pactado por el Gobierno y las FARC”, señaló el procurador general en la misiva.
El jefe del órgano de control advierte igualmente que de no restringirse la creación de las “zonas de concentración” a la firma previa de un acuerdo final, las Fuerzas Militares y de Policía podrían verse en la obligación de brindar seguridad a estructuras armadas de la guerrilla cuando persiste el conflicto armado en Colombia, es decir, paralizar su acción institucional ante una “injustificada gabela a los grupos ilegales.
“También dice el proyecto: ‘En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso’. Esto ratifica que la creación, duración y final de las ‘zonas de ubicación’ no está supeditada a la desmovilización y el desarme, sino al final del proceso de paz; lo cual genera serios riesgos en la aplicación de la figura. Por ejemplo, ¿cuándo finaliza el proceso? ¿Cuándo se cumplan los acuerdos con las FARC? El Gobierno ha señalado que esto puede durar 10 años. ¿Se mantendrán entonces por una década o más esas zonas de ubicación bajo control de las FARC? ¿Durante ese tiempo los guerrilleros estarían protegidos ante las órdenes de captura? Eso agrava mucho más la situación si las zonas afectan directa o indirectamente a la población civil y es incompatible con el estado de derecho”, explicó el procurador en su comunicación.
El procurador formuló igualmente al Congreso seis limitantes necesarias para la eventual reforma a la ley de orden público en lo que se refiere a ubicación de frentes o columnas de la organización terrorista. Según la comunicación, no pueden establecerse estas zonas en los puntos de Colombia donde:
1. Existan asentamientos de población civil, en especial en aquellas zonas donde las personas hayan sido víctimas del grupo guerrillero.
2. Se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar un daño.
3. Se trate de territorios donde se lleven a cabo actividades de minería criminal.
4. Sean zonas de concentración de cultivos ilícitos, infraestructura para el procesamiento de coca y corredores para el tráfico de estupefacientes
5. Estén ubicadas en franjas fronterizas, por razones de seguridad nacional.
6. Que comprenda áreas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podrían favorecerse con la parálisis de la Fuerza Pública.
El procurador de los colombianos destacó la importancia de incluir a los proyectos de Ley la normativa que consagre la Consulta Previa a grupos étnicos respecto a las zonas y el impacto sobre estas poblaciones.
“Su omisión puede causar responsabilidad internacional del Estado y ser un factor de nuevos conflictos sociales y violentos. Las comunidades que se protegen con este mecanismo no pueden someterse, ni someter sus territorios, al acuerdo que en La Habana convengan los miembros de las FARC y el Gobierno, sin que previamente se haya efectuado tal consulta y se garanticen plenamente sus derechos constitucionales”, explicó.
Finalmente, el procurador Ordóñez Maldonado advirtió que las propuestas de reforma a la Ley 418 de 1997 podrían abrir la puerta a que el presidente de la República tenga la facultad de suspender órdenes de captura en contra de miembros de la organización terrorista y ello signifique, en la práctica, su plena libertad para desplazarse por el territorio nacional pese a la responsabilidad en actos atroces contra el pueblo colombiano.
“Tal y como está redactada la norma, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio de las FARC, miembros del Secretariado, gozarán de libertad absoluta a partir del momento de la firma del Acuerdo Final. No cumplirán las penas a las cuales han sido condenados y se dejan sin eficacia las condenas que se emitan aún después de la firma por la justicia ordinaria. Advierte la Procuraduría que este evento se produciría aún sin entrega de armas, ni desmovilización del grupo, en la medida que ambas cosas serán posteriores a la firma del acuerdo. Tal situación debe ser corregida por el Congreso, pues tiene los mismos efectos prácticos que la suspensión total de la pena y configura un primer paso en el camino a la impunidad”, concluyó.
Uribismo y Cambio Radical se alejan de unidad para la paz
https://www.youtube.com/watch?v=Nip5C_3YEcE
Cae en 13% el respaldo de los colombianos a la negociación de paz con las FARC
![[IMG]](http://www.americaeconomia.com/sites/default/files/imagecache/foto_nota/farc301948_9.jpg)
Colombia
El respaldo al diálogo con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para acabar la confrontación de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos, bajó 13 puntos porcentuales en comparación con el sondeo de diciembre.
Bogotá.El apoyo a la negociación de paz del Gobierno de Colombia con las FARC cayó a 54%, un reflejo de la falta de confianza con los plazos establecidos para la firma de un acuerdo y de la incertidumbre por una violación a las reglas de las conversaciones, reveló una encuesta de Gallup.
El respaldo al diálogo con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar la confrontación de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos, bajó 13 puntos porcentuales en comparación con el sondeo de diciembre.
La encuesta bimestral de Gallup también mostró una caída del optimismo. Ahora 80% de los encuestados no cree que se llegará a un acuerdo el 23 de marzo, la fecha fijada por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, para firmar los pactos.
En diciembre 45% creía que si se firmaría el acuerdo en esa fecha y 52% que no.
La encuesta también mostró que 53% votaría en un referendo a favor de los acuerdos firmados, 10 puntos porcentuales menos en comparación con el sondeo de diciembre.
Cuatro negociadores de las FARC procedentes de Cuba, la sede del diálogo de paz desde finales del 2012, entraron el 18 de febrero al pueblo de El Conejo, en el departamento de la Guajira, escoltados por guerrilleros uniformados y armados.
El gobierno acusó a la guerrilla de violar las reglas acordadas para que los líderes rebeldes explicaran a los combatientes los avances de la negociación en sus campamentos, situación que negaron las FARC provocando un impasse que se superó con la mediación de Cuba y Noruega.
Pese a los altibajos, en la negociación las partes ya lograron consensos en varios temas y actualmente discuten el cese bilateral y definitivo del fuego -que incluye zonas de concentración para la guerrilla con la supervisión de Naciones Unidas- y los mecanismos de refrendación de los acuerdos.
Mientras, el apoyo a la gestión del presidente Santos cayó a 24%, 18 puntos porcentuales menos que en diciembre, mientras que la desaprobación subió a 69%.
El sondeo fue realizado en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, en donde se entrevistaron a 1.200 personas con un margen de error de 5%.
autor
Reuters
Lo que se viene
https://www.youtube.com/watch?v=mBHpaJNsTNo&feature=youtu.be
Yo me pregunto: Si lo que se viene es tan grave, según ellos, ¿por qué no han empezado a pedir asilo en otros países?
Muchos se han ido Andrés, y casos hay de asilos aunque no muchos, sobre todo periodistas amenazadosque no siguen la línea editorial del gobierno, o se van o no trabajan. Van a parar a Miami por lo general.
RespetadosSeñores.
Lo cierto es que el tiempo para las FARC esta que se acaba. hay plazo hasta 23 de Marzo de 2016 y no creo que se halla concretado como mucho, esperemos a ver
Lo cierto es que apenas inicia la campaña de las fuerzas armadas y policía.
Plan Colombia, mas robusta
Políticas de desminado, aplicados por los mismos Insurgentes
Investigaciones de vinculación con el narcotráfico y otros temas
y esperamos que almenos los generales empiezen a ver compras para material para la defensa nacional tambien
"No hago parte de los románticos que creen que las sanciones deben ser simples medidas pedagógicas"
https://www.youtube.com/watch?v=EKU9n5t0sFA
Unidad Nacional respalda postura del CD en zonas de concentración
https://www.youtube.com/watch?v=tBYiwFADnqY
Eso es bien raro: Centro Democrático y Unidad Nacional apoyando esa ley casi con unanimidad...
Para mi no es tan raro, los de cambio radical son muy cómodos, apoyan las iniciativas del gobierno cuando les conviene, y meten mucha presión al ejecutivo para aprobar la agenda legislativa. Además, dígame que departamento o municipio quiere que en el área de su jurisdicción exista una zona de concentración de bandidos, yo creo que nadie, un alcalde, un gobernador o un congresista que tenga su nicho electoral en un territorio de esos, no podría ver con buenos ojos que las farc se asienten en zonas pobladas, es sumamente impopular.
Además las propuestas del CD son coherentes, instituir un inventario, control y seguimiento de las armas entregadas, perdón dejadas, y de los "combatientes" que se desmovilicen.
Howdy, Stranger!
RegistrarseIt looks like you've been lurking for a while.
If you register, we will remember what you have read and notify you about new comments. You will also be able to participate in discussions.
So if you'd like to get involved, register for an account, it'll only take you a minute!